Las obras en Arraijanal, la última playa virgen de Málaga, investigadas por la Fiscalía
La Fiscalía de Málaga ha iniciado una investigación sobre las obras de la ciudad deportiva del Málaga CF en la playa de Arraijanal. El fiscal ha pedido información a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y al Seprona de la Guardia Civil y ha advertido de que si se constata que la parcela cuenta con protección ambiental o arqueológica, “deberán adoptarse cuantas medidas sean necesarias para preservar los valores puestos en peligro por las obras”.
El fiscal de Medio Ambiente abre diligencias preprocesales para esclarecer si las obras iniciadas en Arraijanal constituyen algún delito por atentar contra bienes protegidos. En un Decreto del pasado 2 de abril al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el fiscal pide a la Gerencia de Urbanismo que emita un informe técnico que dé respuesta a si las obras tienen licencia, que explique cuál es la calificación y clasificación del suelo, y que explique si la parcela cuenta “con algún tipo de protección ambiental (por constar la existencia de especies de flora y fauna protegida) o arqueológica (por existir en la zona yacimientos arqueológicos catalogados o conocidos)”. La Fiscalía advierte de que, en caso de respuesta positiva, “deberán adoptarse cuantas medidas sean necesarias para preservar los valores puestos en peligro por las obras”.
No es la única institución a quien el fiscal pide explicaciones. El Decreto se remite también a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente para que “a la mayor brevedad” emita un informe similar sobre la posible protección ambiental o arqueológica de la parcela. Por último, pide al Seprona de la Guardia Civil que remita el atestado o informe que elaboró cuando visitó el lugar.
Cerca de la desembocadura del Guadalhorce
Este es el primer paso de la Justicia para verificar que las obras que se desarrollan en Arraijanal, una de las últimas playas vírgenes de la provincia de Málaga, son legales. Desde hace más de dos semanas los activistas y parte de la oposición cuestionan la legalidad y la legitimidad de las obras, que prevén la tala de 178 árboles y remover la tierra de una parcela en la que existen al menos dos villas romanas. Las obras se desarrollan en un entorno dunar muy cercano al paraje protegido de la desembocadura del Río Guadalhorce.
Según un informe de Federico Casimiro-Soriguer, biólogo del Departamento de Biología Vegetal de la UMA, en la zona existen una serie de hábitats de interés comunitario, tres de ellos “prioritarios para Andalucía”, y una flora que, aunque no esté protegida por la ley, “es realmente rara en el litoral malagueño”. El informe constata que la falta de información sobre la existencia de estos hábitats protegidos se debe a que la zona no está cartografiada en los instrumentos andaluces de protección (la Red de Información de Andalucía, que elabora la Junta de Andalucía), y que esto habría motivado que no se hubiese considerado correctamente el valor ambiental de la parcela. El biólogo explica que esta “falta de información” se debe a que la zona quedó fuera de la Cartografía de Vegetación a escala 1:10000 de la masa forestal de Andalucía 1996-2006.
Este informe, así como otro arqueológico, fue presentado al fiscal por las asociaciones que interpusieron la denuncia. “¿Si no estaba cartografiado el terreno y no se había recogido información de los HICs que contienen hasta diciembre de 2017, en base a qué datos se han realizado los informes medioambientales aceptados por las administraciones públicas que han hecho posible la modificación del PGOU en todos estos años y conceder la licencia de obras?”, se cuestiona la asociación en la denuncia ante la Fiscalía.
La Consejería de Medio Ambiente aprobó el plan especial para Arraijanal el 22 de enero de 2015. El Ayuntamiento emitió la licencia para la primera fase de las obras de la futura ciudad deportiva del Málaga el 14 de junio de 2017. La licencia se condiciona, entre otros requisitos, a que se deposite fianza de 157.166,67 euros, que es el valor económico que se da a los 178 árboles (de 236 censados) cuya tala está prevista.
El Decreto de la Fiscalía no ordena que pare la obra, pero pide a las administraciones que emitan sus informes con celeridad para adoptar las medidas que en su caso sean necesarias.
