SOFICO, el gran escándalo financiero del tardofranquismo regresa a la Costa del Sol

SOFICO fue, hace más de cincuenta años, el sueño húmedo de miles de españoles que fantaseaban con una casa mirando al Mediterráneo o, al menos, con ser los rentistas del sueño. Aquella aspiración, alimentada por un puñado de prebostes del régimen, generó uno de los grandes escándalos financieros del tardofranquismo: miles de inversores pusieron sus ahorros en el vacío y los perdieron.

Ha pasado casi medio siglo desde la quiebra de SOFICO, un cuarto desde que la Audiencia Nacional condenara a sus responsables a la cárcel (que jamás pisaron) y una década desde que un juzgado declaró cumplido el plan de pagos. Pero hay pesadillas recurrentes. Hace dos fines de semana, cientos de propietarios particulares se reunieron en los jardines de una urbanización de Benalmádena para tratar un asunto urgente: SOFICO Inversiones, resucitada de sus cenizas, les pide casi un millón de euros por seguir usando las piscinas comunitarias y otras zonas comunes.

SOFICO esgrime una sentencia que acaba de reconocer que es la propietaria de ese terreno, a pesar de que los vecinos lleven usándolos ininterrumpidamente desde 1981.

La historia: SOFICO, un escándalo del franquismo

Hubo un tiempo que las oportunidades se deletreaban con tres sílabas: SO-FI-CO. MA-TE-SA. RU-MA-SA. De los tres grandes escándalos de la última etapa del tardofranquismo, SOFICO era la que con más descaro apelaba a la psique desarrollista de la época. “Fue el edén hortera de cuando entonces, hace 15 años, o 20, fue el sueño despierto del franquismo sociológico, una eternidad quincenal de playas de paella y apartamentos donde el mar se confundía con la marina pintada en la pared”, escribió Francisco Umbral. Una especie de apartahotel o multipropiedad, de la que aún queda rastro en una conserjería con cajetines para el correo o en las cabinas telefónicas.

SOFICO fue la idea genial de Eugenio Peydró Salmerón, un empresario almeriense que había medrado en la Guerra Civil como fiel servidor del coronel José Ungría, jefe de los servicios secretos de Franco y clave en la quinta columna de Barcelona. Con semejante padrino, a Peydró no le fue difícil convertirse en uno de esos personajes adosados al régimen, un prototipo berlanguiano.

En 1962 tuvo un plan: construir, vender y alquilar (no necesariamente en ese orden, como veremos) apartamentos en la Costa del Sol, con el marchamo irresistible del poder judicial y militar. Peydró era el artífice, pero por el Consejo de Administración del grupo desfilaron tenientes generales, magistrados y hasta un exjefe de Seguridad del propio dictador, que Peydró exponía en escaparate: ¿Quién podía dudar de que aquello sería un negocio redondo?

Al principio, todo fue más o menos rodado: SOFICO repartía rentabilidad entre compradores que arrendaban sus viviendas, y que al completar el pago podían optar por disfrutarla o seguir arrendando. Pero pronto se lanzó a vender sobre plano, en ocasiones sin respaldo alguno, y de ahí se zambulló en la captación de fondos con la promesa de retribuciones fabulosas.

“SOFICO creó la confianza. 12% neto anual garantizado”, rezaba un anuncio en la prensa de la época, que incluía un cupón que cada interesado podía remitir a la sede social de Madrid con este texto: “Explíqueme, sin compromiso por mi parte, cómo sacarle más provecho a mi dinero”. “Una y otra vez caerá usted en el ”vicio“ de invertir”, decía otro. En 1969 se lanzó SOFICO Renta para captar nuevos inversores, a los que fue a buscar por toda Europa. Lo de SOFICO parecía un chollo, tanto que fue una estafa. Las altas rentabilidades generaron un círculo vicioso donde lo obtenido de la venta de futuros apartamentos se destinaba al pago de intereses.

La burbuja reventó en 1974, con una suspensión de pagos que no se dio por finiquitada hasta 2012. En 1987, la Audiencia Nacional condenó a Eugenio Peydró a nueve años de prisión por falsedad y estafa, y a su hijo a dos años y cuatro meses como cómplice. SOFICO, que se había constituido con un capital inicial de 15 millones de pesetas, acabaría debiendo 5.775 a 2.701 inversores de toda España y Europa.

Titular registral de las zonas comunes de 1.700 vecinos

Durante más de 30 años, SOFICO ha ido cumpliendo un plan de pagos a acreedores, hasta que el juzgado de lo mercantil 6 de Madrid dio por cumplido el convenio en octubre de 2012. Y casi tan pronto como eso ocurrió, SOFICO Inversiones (ahora dirigida por Luis Escrivá de Romaní Peydro) se puso manos a la obra para recuperar inmuebles en Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena o Marbella o, incluso, exigir el derecho de vuelo sobre los edificios que le sirvieran para sacar un rendimiento de las antenas de telefonía.

“Cuando termina la suspensión de pagos los herederos de la familia se dedicaron a recorrer los registros de propiedad, se personaban y decían ”esto es mío“, porque figura a mi nombre”, explica Enrique Jurado, un veterano abogado malagueño que representó a algunas comunidades de propietarios en sus negociaciones con la comisión liquidadora. En al menos cinco ocasiones los juzgados han desestimado las demandas de SOFICO, haciendo valer la realidad material.

Pero el pasado 26 de septiembre, SOFICO hizo bingo: una sentencia del juzgado de primera instancia 3 de Torremolinos la declara propietaria de una parcela de 25000 metros cuadrados, hasta ahora usada por los vecinos de cuatro comunidades de propietarios de Benalmádena: Ágata, Hércules, Iris y Águila. El terreno inscrito por SOFICO envuelve a los cuatro edificios: hacia el norte, 243 aparcamientos privados; hacia el sur, un cuidado jardín con cinco piscinas comunitarias para las 1700 viviendas que conforman el complejo de los cuatro bloques.

Los vecinos ya han recurrido la sentencia en apelación.

La propuesta de SOFICO: 900.000 euros a tanto alzado y 192.000 anuales

El terreno no da para construir, pero sí para sacarle rendimiento. Así que con la sentencia de primera instancia en la mano, SOFICO ha planteado algunas exigencias a los vecinos, a cambio de renunciar a su ejecución: el pago a tanto alzado de 900.000 euros, la explotación de un chiringuito en la zona común, cien aparcamientos y una renta anual de 48.000 euros por comunidad por el resto del parking. 192.000 las cuatro.

¿Un chantaje? “Para mí, sí”, responde un propietario que conoce bien la situación, no comprende la resolución y se pregunta: “¿Por qué SOFICO nunca se ha hecho cargo del mantenimiento de la piscina y los jardines, que cuesta 170.000 euros al año, si dice que esto es suyo?”. Teniendo en cuenta los gastos que ya genera el inmueble, cree que la propuesta es “inasumible”. Pero aunque su postura no es unánime, cree que puede generar fricciones y pide el anonimato.

Este vecino recuerda cómo el antiguo presidente contaba que los particulares tuvieron que poner dinero de su bolsillo para asfaltar el aparcamiento, colocar los ascensores y terminar el jardín. También para rematar las piscinas, que eran simples fosos. “SOFICO lo dejó todo a medio hacer”.

Por su parte, los responsables de SOFICO han declinado comentar su posición, y se remiten a los argumentos de la sentencia. Básicamente, que no hay pruebas suficientes para concluir que lo que dice el Registro (que SOFICO es propietaria) no sea cierto.

La falta de escritura pública

Enrique Jurado discrepa: en el juicio aseguró que SOFICO ya no es dueño, porque vendió todo su patrimonio para liquidar sus deudas, aunque en algunos casos las ventas no se escrituraran. Por teléfono, se reafirma. ¿Por qué no se escrituró? En unos casos, porque los compradores eran europeos en una época en la que no existía la libre circulación de capitales entre Estados. “No querían que se enteraran en su país, y por tanto no hacían escritura pública y no lo llevaban a registro. Hubo muchas compraventas en documento privado”.

En al menos cuatro casos, la Audiencia Provincial de Málaga ha dado la razón a estos propietarios sin escritura, concluyendo que habían adquirido por usucapión. Y en 2019, llegó a afear a SOFICO la “mala fe” por intentar “hacer valer frente a terceros las inscripciones registrales que [ella misma] ha declarado no acordes a realidad patrimonial alguna”.

Pero en el caso de las zonas comunes, la titularidad formal de SOFICO obedecería a que la empresa registraba a su nombre para retener el control de la explotación económica. En 1987 se intentó zanjar la disputa con un laudo arbitral, que se completó meses después con un acuerdo de compraventa: SOFICO vendía los 25.000 metros cuadrados por 23.429.336 pesetas, que se abonarían cancelando las deudas comunitarias que habían generado sus locales y apartamentos. Los terrenos por lo debido. Pero según la sentencia, no hay documento alguno que acredite que esta venta llegó a perfeccionarse, y el hecho es que nunca se elevó a público. “Los costes de llevar eso al registro eran muy elevados, y las comunidades de propietarios desistieron de protocolizar el laudo y llevarlo al registro. De ahí vienen estos problemas”, dice Jurado.

La jueza tampoco ha aceptado el argumento de que, después de 41 años, los comuneros habrían adquirido el terreno por usucapión. Y no ha dado un valor determinante a un documento firmado por SOFICO y la comisión liquidadora en 2008, donde exponen que ya se ha vendido todo lo vendible, aunque “puedan figurar todavía, en los Registros o en el catastro (…) algunos bienes o derechos que, aun cuando sigan a su nombre, no eran ni son susceptibles de ser liquidados a los fines previstos”.

Cuando se esfumó, SOFICO dejó un buen puñado de cadáveres sin enterrar: el parque de la Paloma, apenas a un paso, acabó quedándoselo el ayuntamiento; los edificios Júpiter y Minerva los dejó en el esqueleto, y en los 80 fueron vendidos a otra promotora. Treinta edificios terminados y otros tantos por terminar fueron abandonados, según una crónica de El País. SOFICO no dejó ni las raspas. “Sacaron hasta los muebles, y dejaron la pared y el suelo. Esta gente hizo mucho daño a propietarios, trabajadores y comunidades. Dejaron a mucha gente arruinada, y no tenían ni que venir por aquí”, dice el vecino, sin explicarse cómo tanto tiempo después SOFICO vuelva para pedirles más dinero.