PARLAMENTO ANDALUZ

Misterio en tiempos de mayoría absoluta: el Gobierno de Moreno tumba su propia ley porque la oposición no puede ni quiere

A una sesión plenaria del Parlamento andaluz conviene ir bien despierto, porque en una sola cabezada uno puede despistarse por completo: a las cuatro y media de la tarde de este miércoles, hora del café, el Gobierno de Juan Manuel Moreno estaba pidiendo el respaldo de la Cámara para cargarse una ley suya, mientras todos los partidos de la oposición, salvo Vox, subían a la tribuna para tratar de impedírselo. Había que frotarse los ojos para saber qué estaba pasando.

La protagonista de este debate, de tintes surrealistas, era la Ley de creación de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), con apenas diez meses de vida y que ni siquiera había empezado a funcionar. La llamada Ley Trade era el resultado de la fusión de otras cuatro entidades públicas: la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Andaluza del Conocimiento, Extenda y la Fundación Andalucía Emprende.

Se trataba de constituir una macroagencia pública dirigida a la captación de empresas para Andalucía que funcionase con una “ventanilla única” para no marear a los inversores, agilizar los proyectos y simplificar todo lo posible la burocracia. El Parlamento ha convalidado este miércoles, con los votos en solitario del PP y el estupor de toda la oposición en bloque, un decreto ley de la Junta para despiezarla y volver a la estructura anterior: se desgaja Andalucía Emprende, el ente con más plantilla e implantación territorial.

La Ley Trade no es una ley menor, sino el proyecto estrella de la Consejería de Economía y Universidades en la pasada legislatura, promocionada en primera persona por el presidente de la Junta, un abanderado de la “simplificación administrativa” como canto de sirenas para empresas e inversores.

La norma entró en este Parlamento en el verano de 2021, con la Cámara disuelta y en manos de la Diputación Permanente, un ejemplo claro de la “urgencia” del entonces Gobierno de PP y Ciudadanos por sacarla adelante. En el mandato anterior, el Ejecutivo de Moreno estaba en minoría y necesitaba el apoyo de Vox para todo, pero el grupo ultraderechista no estaba de acuerdo con crear otro “macrochiringuito”.

De modo que las izquierdas -PSOE, Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía- pudieron frenar la ley Trade en ese mismo momento, antes incluso de que echara a andar. En cambio, apoyaron su tramitación como proyecto de ley y, en el camino, enriquecieron el texto con propuestas para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores -“capacitación formativa y convenio único”- y disipar el fantasma de posibles despidos resultantes de la fusión.

Las izquierdas hicieron suya la ley de PP y Cs, así que no es de extrañar que este miércoles volvieran a la tribuna a defenderla en contra del Gobierno que debía desarrollarla, pero que ahora impulsa su desmontaje casi con los mismos argumentos de “eficiencia y eficacia” que usaron para defender su creación. “¿Por qué se desmonta antes de contrastar con la realidad si funciona o no? Este cambio genera problemas donde venía la ley a resolverlos, genera incertidumbre donde habíamos creado expectativas”, se ha quejado la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, reclamando sin éxito al PP que al menos no se aprobase por decreto, y que se tramitase como proyecto de ley para que la oposición pudiera incluir aportaciones.

“Esto es una mayoría absoluta de libro, de rodillo de toda la vida”, terminó diciendo Nieto, con evidente frustración. Por Andalucía -heredera convulsa de Unidas Podemos en el mandato anterior- participó activamente en el diseño de la Trade original. Ahora la coalición de izquierdas pone de ejemplo este debate para demostrar que el “llamamiento al diálogo con la oposición” que hizo el presidente Moreno, cuando aseguró que no ejercería la mayoría absoluta como antaño lo hizo el PSOE-A (“con rodillo”), es sólo “márketing político y propaganda personal”.

El diputado Josele Aguilar, del PSOE-A, también ha cargado duramente contra el presidente: “Menudo papelón. Con Trade han tenido un coito interruptus de libro. O se equivocaron cuando propusieron crearla o engañaron a los andaluces cuando solicitaron una auditoría privada del sector público para justificar la creación de Trade. O las dos cosas”, ha asegurado. Vox no apoyó entonces ni apoya ahora el proyecto de la Junta y, en ese sentido, era el único grupo que no parecía sentirse fuera de lugar en el debate. “Ya se lo advertimos en el verano de 2021. Esto es un problema en el que se metieron solitos y no saben cómo salir”, dijo el diputado de Vox, Alejandro Hernández.

Para defender el giro copernicano de la estrategia argumental y política sobre Trade, el Gobierno de Moreno eligió a una consejera de Hacienda, Carolina España, que no estuvo en su anterior gabinete, y el PP eligió como portavoz a un diputado, Manuel Guzmán de la Rosa, que tampoco formaba parte del Parlamento. De modo que ninguno de ellos entraba en contradicción con discursos previos -en el debate que hace diez meses defendió lo contrario que hoy-, porque ninguno estaba entonces en activo. Guzmán de la Rosa, de hecho, se enfrentaba a su primera comparecencia en esta legislatura. “El objetivo sigue siendo el mismo, no hemos cambiado, el espíritu de la ley se mantiene vivo”, dijo acelerado, para terminar hablando de Pedro Sánchez y sus altos cargos.

58 diputados tatuados

La undécima legislatura andaluza ha entrado en fase de muerte cerebral desde que el PP logró una histórica mayoría absoluta en las elecciones del 19 de junio: 58 diputados que el presidente de la Junta lleva tatuados en la muñeca. Los populares se bastan solos para sacar adelante todas las iniciativas legislativas del Gobierno, de hecho, el propio Moreno anda estos días promocionando Andalucía por Madrid y Barcelona contando la estabilidad política en su territorio de cuatro en cuatro, que son los años que dura una legislatura cuando sus rivales carecen de margen para torcerle la agenda.

La mayoría absoluta del PP andaluz prometía matar de aburrimiento el parlamentarismo, toda vez que el suspense de las votaciones críticas para el Ejecutivo -como los Presupuestos Autonómicos- queda sepultado por los 58 brazos alzados de la bancada popular. Por muy tenso que sea el debate, el resultado siempre es el mismo (victoria en solitario del PP, victoria del PP con la suma incondicionada de Vox).

Así ha sido desde que arrancó el ciclo político, en septiembre, hasta que el propio Moreno ha roto el guión: como la oposición no puede tumbarle una ley al Gobierno andaluz, este miércoles se la ha tumbado el propio PP, en obvia connivencia con el Ejecutivo.

Hubiera sido toda una sorpresa, de no venir precedida por un decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno para modificar la citada ley, que entró en vigor hace diez meses, pero cuya aplicación ni siquiera ha dado tiempo a desarrollar: ni se han aprobado los estatutos en el plazo estipulado de seis meses -porque el adelanto electoral lo impidió- ni se ha redactado el convenio único previsto.

906 trabajadores fuera del convenio único

La estructura original de Trade estaba pensada para acompañar a un potencial negocio en Andalucía desde que está en fase de borrador -recibido en alguno de los 250 centros de orientación al emprendimiento de la Fundación Andalucía Emprende, con 1.400 trabajadores- hasta la fase de consolidación y explotación: garantizar la financiación, la promoción, las exportaciones...

El decreto que modifica la ley Trade plantea desgajar la macroagencia, sacando una de las cuatro empresas públicas que se fusionaron, pero no cualquiera, sino la que más peso y estructura aportaba al proyecto: Andalucía Emprende.

Con esta escisión, se quedan fuera 900 de los 1.400 trabajadores adscritos a Trade, precisamente los encargados de abrir la puerta a los negocios de inversión a través de las 250 oficinas de Andalucía Emprende distribuidas por toda la comunidad. Era la pieza fundamental del macroproyecto del Gobierno de Moreno hace diez meses y la pieza prescindible hace diez días. Nadie entiende nada, ni los grupos de izquierdas ni los sindicatos UGT y CCOO ni los representantes de los trabajadores en las cuatro agencias fusionadas, que respaldaron todos la ley Trade.

Los argumentos más concretos que ha ofrecido el Gobierno andaluz para explicar este giro copernicano remiten a la nueva estructura del Ejecutivo: en el mandato anterior, Economía y Universidades formaban parte del mismo departamento; ahora Universidades se ha desgajado de la Consejería de Economía y Hacienda. La primera se queda con Andalucía Emprende y la segunda con la nueva Trade. Al PSOE y a la coalición Por Andalucía le resulta extrañísimo que la Junta haya decidido desmontar su gran instrumento de promoción económica sólo para ajustar el reparto de competencias dentro del nuevo gabinete de Moreno.

En la exposición de motivos del decreto ley que desbroza la macroagencia viene una posible explicación que antes no estaba: la Junta da por primera vez una definición de “emprendedor” como alguien que “inicia una actividad empresarial y dejaría de ser considerado como tal al finalizar ese primer periodo (inferior a 4 años) de su actividad, pasando entonces a ser considerado como una empresa consolidada”.

Al limitar a cuatro años la consideración de “emprendedor”, algunas de las funciones que habían empezado a desempeñar los trabajadores de Andalucía Emprende al integrarse en Trade “podrían entrar en conflicto” tras aprobarse el nuevo decreto, advierten desde CCOO. Por ejemplo, la gestión de las ayudas europeas para la estabilización de proyectos empresariales que otorgó el Gobierno para evitar que cerrasen durante la pandemia de Covid-19: “Eso no lo hicimos ni lo estamos haciendo para empresas con menos de cuatro años de vida”, avisan desde el sindicato.

Había trabajadores de Andalucía Emprende y de Trade este miércoles en la tribuna de invitados del Parlamento, siguiendo el debate. La mayor preocupación de los primeros es que el decreto que desmonta la macroagencia deja fuera del “convenio único” que recogía la ley -y que mantiene la reforma- a los 906 trabajadores de la Fundación. De las cuatro empresas públicas fusionadas, ésta era la que más conflictividad laboral arrastraba, con dos convenios colectivos solapados (y caducados en 2013) que mantienen su vigencia.

Algunas voces sindicales creen que la explicación más plausible a la marcha atrás repentina de la Junta con la agencia Trade ha sido, precisamente, evitar que los 900 empleados de Andalucía Emprende consoliden derechos laborales en la Administración pública a través de los tribunales, convirtiéndose en una especie de “Faffe 2”, en referencia a la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo, otra agencia pública cuya plantilla fue disuelta y posteriormente reintegrada en el Servicio Andaluz de Salud por orden de los jueces.