Multa para la protesta en apoyo a María Salmerón a las puertas de la Delegación del Gobierno en Sevilla

Era 28 de abril de este año. El día anterior, María Salmerón había sido condenada a nueve meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel por malos tratos. Ese mismo día, la plataforma de apoyo que lleva el nombre de María convocaba una concentración ante la Delegación del Gobierno en Sevilla, en la Plaza de España, para protestar contra la decisión. En la sede, ese día, se estaba celebrando una Cumbre Iberoamericana con la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop Cuenca, y el dispositivo policial era extraordinario. Tres meses y medio después, algunas de las asistentes a la protesta han recibido una notificación por la que se les multa con 100 euros por participar en la convocatoria, y aquí empieza la controversia.

La misiva explica que se juntaron “alrededor de 40 personas” que se “disgregaron al empezar la actuación policial”, pero que estaban en una concentración “no autorizada” y, argumenta en el escrito, “una actitud provocativa de los concentrados y diferentes muestras de desobediencia”. Charo Luque, que acudió allí a título personal (aunque forma parte de la Plataforma 8M) no está para nada de acuerdo con los argumentos para la multa: “¿40? Pero si estábamos muy pocas personas, menos de 20, así que no era necesario comunicar a la subdelegación la concentración”.

Asegura que “había más policías que manifestantes y la actuación de la Policía fue inaceptable”. Explica Luque: “Había un grupo, no sé si serían turistas o qué, en la plaza y eran bastantes más que nosotras”. Tampoco está de acuerdo con el asunto de la “desobediencia”. “Cuando los agentes se acercaron para avisarnos de que no estaba autorizada la concentración, les explicamos nuestros argumentos. Y nos pidieron a muchas los datos y el DNI, con el que se quedaron bastante rato”, explica Carmen, otra de las asistentes a la protesta. “Nadie puso resistencia, no obstante, les advertimos (a los policías) de lo sorprendente de su actuación, pues el grupo no constituía ni una reunión ni una manifestación, ya que éramos menos de 20 personas”, dice.

La versión de la Delegación del Gobierno

Desde la Delegación del Gobierno, en cambio, sostienen que “se ha acordado iniciar un expediente como consecuencia de un acta de denuncia que levantó la Policía Nacional por una concentración de más de 20 personas sin haberlo comunicado previamente”, tal como exige la Ley Orgánica de Derecho de Reunión. El expediente está en pleno proceso administrativo y la encargada de la tramitación es la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, ya que son los subdelegados de cada provincia los competentes para tramitar estos casos. Con respecto a las personas denunciadas, y una vez recibida la notificación, el único comentario es que “cuentan con un plazo para formular alegaciones”.

Las afectadas, por su parte, critican que en la carta aseguran que “intentamos saltarnos el cordón policial, pero nadie se acercó a ningún cordón porque no había un cordón como tal”. Testigos presenciales aseguran que las manifestantes (en su mayoría mujeres) estaban a una distancia “prudente” de la torre de la Delegación. El escrito afirma que tuvieron que “cambiar el horario de salida y el itinerario previsto de la ministra”, ante lo que las manifestantes se muestran más que asombradas. “¡Nos acusan de poner en peligro la seguridad de la ministra! ¡Es increíble!”, exclama Carmen.

Las asistentes afirman que “tal fue la actuación policial” que presentaron una carta de queja al delegado del Gobierno, Pedro Fernández, el 12 de mayo, “después de la Feria de Sevilla, para dejar pasar el follón”. En dicha carta, hacen un relato de los hechos, expresando su “preocupación por las actitudes que los operativos de la Policía Nacional”. “Era tan hostil la actitud de los operativos policiales que, tras identificarnos a través de nuestros DNI y comprobar que no llegábamos a 20 personas, pudimos ver dispositivos policiales circulando por toda la plaza con motivo de sumar más identificaciones”, dicen.

Una “coartada falsa”

Así ocurrió, aseguran, con un grupo de cuatro personas que paseaba enfrente de la fuente, cuando fueron paradas por dos agentes que procedieron a pedirles la documentación sin dar ninguna explicación sobre el motivo, lamentan en el escrito. Acusan a la Policía de “preparar una coartada falsa” para poder plantear la sanción, y de “criminalizar la libertad de expresión, en particular la crítica feminista”. “Es alucinante”, se indigna Charo Luque.

Ahora, las multadas tienen un plazo para hacer las alegaciones que termina el 5 de septiembre. Si pagan la multa antes, se rebajaría a 50 euros. Aún no lo han decidido pero, aseguran, lo más probable es que “recurramos” porque esto es “la ley mordaza” y son “acciones contra la libertad de expresión” que no se pueden “tolerar”.