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Más de 16.000 presos llevan casi un año sin asistencia letrada específica

Gobierno central y Junta de Andalucía, las administraciones implicadas, se culpan entre sí de que el servicio esté paralizado.

Desde hacía diez años se orientaba a las personas privadas de libertad sobre cualquier cuestión de carácter jurídico o de discrepancia con las decisiones de la institución penitenciaria o el juzgado de vigilancia.

El centro penitenciario Sevilla II / Imagen: Ministerio del Interior

El centro penitenciario Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera / Imagen: Ministerio del Interior

Cerca de 16.300 personas privadas de libertad están, desde hace 11 meses, sin defensa y atención jurídica específica en materia penitenciaria en Andalucía. Las administraciones central y autonómica no se ponen de acuerdo en la renovación de un convenio para continuar prestando un servicio que ha permitido durante diez años ofrecer más de 22.000 atenciones a presos, que ahora no disponen de esta asistencia para recibir información especializada sobre la normativa, presentación de recursos, permisos de salida, etc.

Distribuidos en 13 centros ordinarios y siete de inserción social, los objetivos y funciones del servicio específico se articulaban en torno a dos conceptos fundamentales: el garantismo (velar por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa) y la reinserción social (desarrollar las posibilidades recogidas en la legislación penitenciaria para llevar a cabo un correcto tratamiento de las personas condenadas). Además, facilitaba la orientación en otras cuestiones como familia, trabajo, sanidad o cualquier otra, tramitando la designación de un abogado de oficio especializado.

Decenas de colectivos de juristas y entidades sociales han alzado la voz por la no renovación del convenio y han promovido la campaña 'Por la Asistencia Jurídica gratuita en las prisiones andaluzas’. Con ella, exigen a las administraciones que reactiven el servicio y se tomen las medidas necesarias para garantizar de nuevo el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz.

En nuestra comunidad autónoma, la asistencia jurídica penitenciaria específica se inició en junio de 2001 mediante una Orden de la Junta de Andalucía donde se establecieron los requisitos complementarios de formación y especialización exigibles a los abogados adscritos al mismo. En 2008, se acordó regular la prestación del servicio a través de un convenio a tres bandas entre la Consejería de Justicia, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados de Andalucía. En octubre de 2010 se aprobaba la prórroga ‘indefinida’ del acuerdo, que habría que confirmar anualmente.

El acuerdo con Interior, "indispensable" para la Junta

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Consejería de Justicia e Interior de la Junta decidió dejar de sufragar el servicio el pasado mes de abril porque el Ministerio no había renovado el convenio. Fuentes de la Junta, que aporta los fondos, señalan que siguen a la espera de lo que decida el Ministerio en relación a la propuesta remitida hace meses a Madrid para poder restablecer la prestación del servicio, un acuerdo "indispensable" para dar cobertura legal a su prestación.

Desde el Ejecutivo central se indica que el primer impedimento para la no renovación del acuerdo obedece a que los anteriores gestores (el Gobierno socialista) devolvieron el convenio a la Junta en virtud del Decreto Ley de medidas antidéficit, de 2010. Posteriormente, ya con el actual Ejecutivo, la Consejería incumplió los plazos de envío, y hasta la fecha, señalan fuentes de Interior, que aclaran que los presos no están desatendidos porque existen juristas que les asesoran en cuestiones penitenciarias, si bien ya no a través de este servicio específico.

A este respecto, desde APDHA indican que el número aproximado de juristas por preso es de uno por cada 300, por lo que es "materialmente imposible" que puedan atender adecuadamente a los internos ya que, además, "no es su función". "Es absurdo y contradictorio, porque son jueces y parte", opina el coordinador del área de cárceles de APDHA, Valentín Aguilar, que ejemplifica "como si a un juez que te ha condenado le pides que te escriba un recurso", insistiendo en que es "objetivamente necesaria" la reactivación de la asistencia letrada específica pero, según opina, "el consejero de Justicia se ha cerrado en banda".

Por su parte, José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, pionero en la puesta en marcha del servicio, sentencia que "el convenio no se ha renovado por la situación económica que padecen las administraciones". Es "la verdadera razón de fondo" que ha motivado su suspensión después de haber estado funcionando diez años "a plena satisfacción de todas las partes". Sin embargo, la suspensión se antoja "definitiva hasta que corran nuevos aires económicos".

Política de "recortes", según los abogados

El hecho, según explica Gallardo, es que la citada norma antidéficit le impide a Interior firmar "con la ley en la mano". A juicio del decano de los letrados sevillanos, "se podría volver a los convenios bilaterales sin ningún problema" porque la Junta tenía las "cantidades presupuestadas". La "excusa" de que está esperando a que Interior devuelva el convenio "no se sostiene" y la decisión obedece a la política de "recortes", lamenta Gallardo. El decano considera que se podría recortar "en otras partidas antes que en un servicio muy económico y cuya suspensión afecta a personas realmente necesitadas", por lo que reprocha la "insensibilidad" del Gobierno regional al no destinar una "partida mísera so pretexto de que el Ministerio del Interior no quiere firmar".

La demanda de atenciones de la población reclusa en este Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria ha ido creciendo cada año. De hecho, 2011 fue el de mayor número de consultas atendidas lo que, a juicio de APDHA, demuestra que es un recurso jurídico necesario para la persona privada de libertad al que acudir gratuitamente. Las consultas no se atendían en los locutorios convencionales sino en unas salas especialmente habilitadas al efecto, y que permiten la comunicación directa con el interno. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presas tuvieran el debido acompañamiento. Actualmente, los presos pueden recibir otro tipo de atención jurídica, aunque para solicitar nuevo letrado sobres temas no penitenciarios necesita enviar numerosa documentación al colegio de abogados que le corresponda.

La campaña ‘Por la Asistencia Jurídica gratuita en las prisiones andaluzas’ está siendo ampliamente apoyada por colectivos y organizaciones, entre los que destacan la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita , Jueces para la Democracia de Andalucía, Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española o la Asociación Europea de Derechos Humanos.

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