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El protocolo de la Junta de Andalucía contra los acosos en el trabajo, a medio gas tras cuatro años

Muchos de los comités de investigación interna previstos no se han constituido todavía o no están operativos

El Defensor del Pueblo ha abierto un procedimiento tras las quejas recibidas por parte de trabajadores

Ni siquiera se ha publicado en el BOJA, y los sindicatos esperan que se haga ahora tras incorporarle los cambios que han sugerido

Mobbing.

Cuando se cumplen cuatro años del protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual o por razón de sexo u otra discriminación de la Administración de la Junta de Andalucía, comprometido con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, la situación es de bloqueo. Ni se han puesto en marcha todos los comités de investigación interna de los casos que se habían previsto en cada provincia, ni se ha hecho el balance que cada dos años debía ofrecer la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y ni siquiera se ha llegado a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para dotarlo de fundamento jurídico.

En eso coinciden los tres sindicatos mientras que hasta Defensor del Pueblo ha iniciado actuación de oficio tras constatar, por las quejas tramitadas desde su aprobación, "una doble deficiencia en el funcionamiento" de los comités. Por un lado, "la demora en las actuaciones y elaboración del informe de conclusiones", y por otra, "de especial relevancia", el retraso en su constitución, por "la falta de candidatos para su nombramiento y por las renuncias de los inicialmente designados".

Dicho protocolo contemplaba que los posibles casos fueran abordados por cuatro comités que se iban a crear en cada una de las ocho provincias para otros tantos ámbitos: sanidad, educación, justicia y administración general. Cuatro años después muchos de estos comités no se han creado o no funcionan, según reconocen fuentes de los sindicatos y de la Junta de Andalucía.

Sirva como ejemplo el caso de la Consejería de Justicia e Interior, que es la única que a través del portal de transparencia de la Junta de Andalucía ha facilitado la información. De su ámbito faltan por crear los de Almería y Córdoba, lo que atribuye a la "falta de formación de los delegados de prevención", mientras que el de Málaga no está operativo "por renuncia de sus miembros" pese a haber dejado "denuncias pendientes". El resto ha tramitado tres denuncias hasta el momento (dos en Cádiz y una en Jaén), según las mismas fuentes.

Pero mientras este periódico ha conseguido esta información a través del portal de transparencia, y sólo relativa a uno de los cuatro ámbitos, los sindicatos todavía están esperando un balance, que la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral debía presentar cada dos años, o sea, en 2016 y en 2018, en la correspondiente mesa técnica. La última se reunió el pasado mes de mayo, después de más de un año sin convocatoria y dejó a los sindicatos a la espera de que se introdujeran algunas modificaciones en el protocolo para darle realmente un impulso y que sirva para combatir el acoso en todas sus variantes en la que es la principal empresa de Andalucía por número de trabajadores.

En toda Andalucía, a enero del 2018 en la Administración General de la Junta de Andalucía y desde la aprobación de este protocolo, se han realizado 37 denuncias, de las que han sido tramitadas 21 y archivadas 16, lo que significa que se ha intervenido en seis casos de acoso, según los datos que han conseguido manejar los sindicatos pero reconociendo que no tienen un balance como tal para ver la dimensión del problema en la que con más de 250.000 trabajadores es la mayor empresa de Andalucía-

"No se han cumplido los plazos"

María Acosta, de la Federación de Servicios Públicos (FESP) de UGT en Andalucía, reconoce que no se han cumplido los plazos. "Es muy importante que se publique en BOJA el protocolo entero para que tenga fundamento jurídico y no sólo el acuerdo. Llevamos dando la lata con esos años. Nos han dicho que antes del verano nos convocarían, pero todavía estamos esperando", resume. 

Entre las aportaciones que han hecho para mejorar el protocolo, expone que se ha pedido que cuando una posible situación de acoso afecte a personas de dos o más sectores se contemple la posibilidad de actuar conjuntamente. Es especialmente complejo, explica, el caso de los comités de justicia, dado que este sector no depende sólo de la Junta de Andalucía. También apunta que en la composición por parte de los comités quieren "que haya un representante por cada sindicato firmante y no sólo de uno".

Por otra parte, han pedido que se contemplen como acoso moral comportamientos que fueron excluidos del protocolo, tales como presiones para aumentar la jornada laboral; modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo; conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores; ofensas puntuales y sucesivas proferidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos; y amonestación por no realizar bien el trabajo, sin llegar a descalificar. "Si acaso, entendemos que se quede fuera la cuestión de conflictos personales y sindicales", asevera.

También han sugerido que a la hora de evaluar los casos se pida el testimonio de la supuesta víctima, que no siempre coincide con el denunciante, y no sólo de éste y los testigos. E incluso algo más llamativo todavía: "Respaldamos la propuesta del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de redactar el protocolo con perspectiva de género, lo que no se había hecho".

Por su parte, Dolores Ballester, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Andalucía, censura que no se haya realizado una evaluación del acuerdo a pesar de las continuas peticiones de la parte social, "a sabiendas del déficit evidente del mismo". Y agrega: "No se ha realizado seguimiento alguno. Creemos que se debe agilizar este tema, y estamos exigiendo a la Junta de Andalucía un mayor compromiso en el cumplimiento de las fechas acordadas. No lo consideramos normal. Si fuese una empresa privada estaría sancionada por la inspección de trabajo, pero al ser la administración incumplen sistemáticamente cualquier calendario de reuniones, aunque se le solicite de manera reiterada".

Se refiere también a la denuncia del Defensor del Pueblo, "debida a las numerosas quejas de trabajadores que han acudido a dicho órgano y se han sentido defraudados", pero remarca que no se les ofrece "ninguna respuesta por parte de la administración sobre este asunto". Y advierte de otra cuestión: "Los retrasos, son uno de los puntos a corregir del protocolo, lo cual se ha reiterado por parte de CCOO, pero también la falta de garantías procesales, lo que dificulta la pertenencia a los comités, tanto por parte de la administración como de los sindicatos".

Falta de formación

Entre los cambios que ha pedido el sindicato en el protocolo, el primero es figurar entre los tres firmantes, dado que por cuestiones de agenda quedó fuera su sello, aunque suscribió el compromiso. Pero también, la publicación en el BOJA del documento; que las resoluciones judiciales o administrativas firmes vinculen a las instancias que participen en la aplicación del protocolo en cuanto hechos probados; que se tenga en cuenta la coexistencia en los conflictos de diferentes administraciones y se regule su implicación; que se incluya en los comités a un representante del IAM; nuevos criterios de confidencialidad; la inclusión del colectivo Lgtbi; y el diseño y coordinación en materia de formación.

Es precisamente la falta de formación uno de los aspectos en los que inciden desde el CSIF. "Es cierto, y lo he expresado en varias ocasiones, que hay un funcionamiento dispar en los diversos comités, porque algunos funcionan sin problemas, pero otros o no se han constituido o van con enormes dificultades, sobre todo por el tiempo que hay que dedicar a estas cuestiones y por la complejidad de algunos asuntos quede deben abordar", expresa Joaquín Álvarez, secretario de Acción Sindical del CSIF en Andalucía.

"En la última mesa técnica se acordó introducir ciertas modificaciones, pero hasta que no se haga y se publique en el BOJA, es papel mojado", agrega. Y también él coincide: "Ha habido problemas por parte de la administración a la hora de completar la composición de los comités, por ejemplo en Cádiz. Nosotros hemos pedido precisamente modificaciones en esa composición porque creemos que hay perfiles que son fundamentales para darle a esos comités garantías, y eso exige una formación concreta para unas materias que son delicadas".

Y concluye con la crítica que hacen sus compañeros: "No nos han presentado ningún balance. Hace casi tres años pedimos en la mesa técnica que se nos presentara la memoria a nivel provincial de cada comité y todavía estamos esperando. Es absolutamente necesario para saber el trabajo y los casos que se dan en la provincia".

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