Aportaciones ciudadanas a la futura Ley de Participación: mayor control de recursos públicos y consultas populares

El Gobierno andaluz ya tiene cerrado un primer avance de las aportaciones con las que ir dando forma a su anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana. Una norma para la que tan sólo existe una premisa: antes de llegar a la Cámara, tiene que haber pisado la calle. Ya lo ha hecho: su contenido ha sido debatido en un centenar de encuentros y talleres, charlas conferencia y cuestionarios on line, en los que han participado más de 2.500 personas. Y aunque aún le queda cierto recorrido extraparlamentario, ya hay algunas ideas que se manejan en la Consejería de Administración Local, impulsora de esta ley que, previsiblemente, iniciará su andadura en la Cámara autonómica a finales de mayo o principios de junio.

El escrutinio lupa en mano de cada euro que se gasta en una economía familiar debe trasladarse al ámbito de lo público. Y más aún cuando los casos de corrupción afloran y parece que los mecanismos de control fallan. Esa es una de las principales aportaciones o peticiones que se han hecho a esta norma y que están recogidas en el informe que maneja la Consejería. Una “socialización de los recursos públicos” que permita al ciudadano una mayor implicación en el “control y toma de decisiones” sobre cada euro. Y que esa supervisión no se limite sólo a los presupuestos de las administraciones públicas, sino que también se extienda a los consejos de administración de las empresas públicas, las empresas e instituciones subvencionadas.

En el ámbito local, una de las herramientas para ejercer ese seguimiento serían los presupuestos participativos. El papel de la Junta, en este caso, sería reforzarlos y expandirlos con medidas para su promoción.

Pero el control y la transparencia no deben limitarse al ámbito económico, a una mera rendición de cuentas. También se propone la búsqueda de fórmulas de evaluación de las políticas públicas con el objetivo de que “el mandato representativo de los cargos públicos responda a las necesidades y demandas de la ciudadanía”.

Consultas populares

Otro de los puntales de esta futura ley es la regulación de las consultas populares. Una vez superado el escollo de las reticencias del PSOE a aceptar esta propuesta de IU (el presidente andaluz, José Antonio Griñán, acabó aceptándolo el pasado mes de marzo, tras meses de insistencia de su socio de Gobierno), ahora lo que falta es ver cómo encaja esa idea dentro del corsé de la Constitución. Pero los consultados lo tienen claro: el texto tiene que ir dirigido a recuperar la “soberanía popular”, avanzar en “democracia real” en la que la voz y el voto sean algo más. Una participación ciudadana “vinculante” que podría canalizarse a través de consultas y de iniciativas legales populares tanto en el ámbito autonómico como municipal.

Esto último se da casi por hecho, ya que durante la sesión plenaria de ayer en el Parlamento el consejero de Administración Local y vicepresidente, Diego Valderas, principal defensor de este modelo de consulta, apuntó que podría darse en estas dos vertientes. Aseguró, además, que es necesaria para avanzar en el terreno de la “democracia directa, fomentar la participación e incrementar la calidad democrática”, y más aún en los tiempos que corren, en los que el Gobierno andaluz debe dar cauce a las reivindicaciones de la sociedad.

Estas son algunas de las ideas que darán forma al borrador de esta ley, pero el proceso de recogida de sugerencias continuará abierto hasta que se concrete todo en un anteproyecto que se presentará en el Consejo Andaluz de Voluntariado y Participación de mayo. Será el último paso antes de su tramitación parlamentaria en un proceso de elaboración de esta norma que está siendo singular, porque deja atrás el esquema tradicional: se está tramitando de fuera a dentro, y de abajo a arriba.