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Una familia inmigrante se libra del desahucio en Sevilla... por ahora: “Esto es una pandemia que nos afecta a todos”

Activistas por los derechos humanos se concentran para apoyar a la familia de inmigrantes que iba a ser desahuciada.

Sara Rojas


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“¿Cómo es posible?” Es la pregunta que resuena en la mente de quienes conocen la historia de Stefen, Charity y sus dos hijos menores. Una familia “ejemplar” procedente del África Occidental, que llegó hace cuatro años a la capital andaluza en busca de futuro. Y que una y otra vez está al borde de perderlo todo.

Andalucía tiene un problema con la vivienda: alquilar ya es el camino más corto al desahucio

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Desde hace meses conviven entre incertidumbre y cajas de cartón. El motivo, la ejecución hipotecaria que pesa sobre la vivienda que alquilaron en el Polígono Norte después de cruzar el Estrecho. Durante todo ese tiempo, la familia migrante, plenamente integrada en el barrio, pagó “religiosamente” la cuota mensual. Pero la casera dejó de abonar la hipoteca y la propiedad pasó a manos del Banco Sabadell.

A partir de entonces, se han producido cinco intentos de desahucio –el último convocado para la mañana de estes viernes– y Stefen, Charity y los niños (ambos nacidos en territorio español, Lucas al poco tiempo de embarcar sus padres y Marta hace ocho meses) se han visto arrastrados por una “espiral de exclusión”. Ese es el término que ha utilizado Miguel Ángel Balbuena, trabajador social de la Oficina de Derechos Sociales (ODS), para referirse al “despropósito” que sufre a día de hoy esta familia.

“Espiral de exclusión”

A las puertas del bloque 3 de la calle Cabo de Gata, mientras en el interior aguardan desconsolados la llegada de la comisión judicial, Balbuena explica que se trata de “una familia colaboradora que cuenta con una acreditación de vulnerabilidad emitida por Servicios Sociales, con un informe favorable del colegio de los niños y con documentos que arraigan a la familia a esta vivienda”.

Sin embargo, ante esta “vulneración de derechos”, se muestra impotente porque “no se puede hacer nada”. Toda esta documentación “no se estima en el juzgado porque aún no se ha podido tramitar su regularización”, lamenta el trabajador social de ODS. De ahí ese bucle de exclusión al que aludía Balbuena. “El propio sistema te expulsa, ellos tienen la intención de luchar por su futuro y su familia, quieren trabajar, pero si no tienen un techo cómo van a construir un proyecto de futuro”, declara indignado.

La imagen arriba es la del caos y el desconsuelo: una madre desolada llora junto a su marido y sus hijos que la abrazan sin comprender la situación. Tan solo saben que no pueden desembalar sus pertenencias y las que sus padres han podido ir reuniendo desde que se jugaron la vida atravesando el mar. Abajo, un grupo de activistas lanzan palabras de ánimo para que sientan su apoyo.

Una tregua sin garantías

De este modo, y al grito de “derecho al techo”, los miembros de ODS y del Punto de Información de Vivienda y Encuentro (PIVE) de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) unen sus fuerzas para evitar lo que se antoja inminente: el desalojo de la familia. La última vez, hace escasos dos meses, se libraron por un problema del cerrajero.

Pero poco a poco los asistentes que se han concentrado en defensa de la vivienda empiezan a sospechar que “al menos hoy los niños duermen en casa”. Ha pasado más de una hora y aún no ha llegado la comitiva judicial, ni ninguna unidad de intervención policial, tal y como esperaban. Los únicos que han acudido a la convocatoria de lanzamiento de la vivienda ha sido los trabajadores de un equipo de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies), que “va a valorar el caso y a emitir un informe a los Servicios Sociales priorizando las necesidades de la familia”, según miembros de la ODS.

Horas después, entenderán la razón por la que hoy se ha paralizado el desahucio. Según han indicado fuentes del Banco Sabadell a este periódico, la entidad “cumple su compromiso social” y, pese a que la propietaria realquilaba la vivienda, cobrando alquiler y sin pagar la hipoteca, como ya se informó, “el banco no procede a desahuciar a sus inquilinos”.

Para Miguel Ángel Balbuena, “se ha paralizado el alzamiento gracias al trabajo en equipo”. Lo cual no quita que “el caso sea sumamente injusto, vulnere derechos fundamentales y ponga los vellos de punta”, añade, pues aún “no tenemos garantías de nada”. La pregunta ahora es “¿hasta cuándo?”.

Combatir una “pandemia”

“Hemos ganado una pequeña batalla, pero esto es una pandemia por detrás”, recuerda Balbuena. “Esta familia lleva mucho tiempo pasando por diferentes dimensiones del sistema como solicitantes de asilo y eso también es maltrato institucional”, apunta, “ahí hay muchas responsabilidades encubiertas que hay que señalar”.

Por eso este trabajador social se muestra convencido de que visibilizando el caso de esta familia de Sevilla se puede romper con la espiral. ¿Cómo? “Trabajando en red desde la prevención, poniendo el foco en las personas y no en los grandes propietarios, ampliando la inversión pública y las viviendas sociales”, son algunas de las dinámicas que se pueden abordar en palabras del miembro de la ODS.

En definitiva, se trata “de sumar fuerzas para acabar con una pandemia que nos afecta a todos”. Pues en última instancia, estas personas quieren ser parte de un sistema que los abrace y no los excluya. De esta forma, como puntualiza Balbuena, “favorecen la convivencia, la diversidad y enriquecen el tejido social con su capacidad de trabajo y su visión particular de la vida”.

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