El Gobierno de Aragón amortiza otros 92 empleos públicos pese al rechazo del Tribunal Superior
El Gobierno de Aragón ha vuelto a utilizar la figura de la Relación de Puestos de Trabajo Especial (RPTE) para poner en vías de amortización otros 92 puestos de trabajo, a pesar de que los tribunales han cuestionado en varias ocasiones esa fórmula.
El procedimiento consiste en incluir en un documento con ese nombre los puestos de trabajo de la Administración que llevan un mínimo de tres meses sin cubrir para, pasados otros seis, declararlos amortizados y extinguirlos si el propio Ejecutivo no declara la necesidad de ocuparlos. Durante esos 180 días, los fondos asignados a pagar los salarios de esas plazas son destinados a otros fines, como la cobertura de otros sueldos, siempre sin salir de la partida de Personal de sus respectivos organismos.
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó ayer una orden firmada por el consejero de Hacienda, Javier Campoy, por la que 92 puestos de trabajo de la Administración autonómica pasan a partir de hoy a formar parte de una RPTE, lo que supondrá su amortización a primeros de noviembre. La resolución declara “la finalidad de mejorar la ordenación de efectivos y distribución de los recursos”.
Forestales, arquitectos, prevencionistas y un auditor
El grueso de las plazas son de auxiliares administrativos, aunque entre ellas hay también tres de técnico en Prevención de Riesgos Laborales del ISSLA (Instituto de Salud y Seguridad Laboral) y de Función Pública, una de auditor del Servicio de Control Financiero, cuatro de arquitectos y aparejadores de Vivienda y de Urbanismo, una de ingeniero en Carreteras, dos de Agente de Protección de la Naturaleza y otros tantos capataces forestales (en plena campaña de prevención de incendios) y dos analistas de Aragonesa de Servicios Telemáticos, entre otros puestos de especialistas.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado nula en dos ocasiones la orden por la que el Gobierno autonómico aprobó en septiembre de 2011 la creación de las RPTE, por no haber consultado siquiera a los sindicatos, que solo fueron advertidos de la decisión un día antes de que fuera al Consejo de Gobierno. “Esta ausencia total de negociación conlleva un defecto esencial” en la orden, señala el TSJA, ya que el ejercicio de las facultades de organización laboral de la Administración “queda sujeto a negociación si afecta a las condiciones de trabajo del empleado, como es el caso”.
La figura de lasa RPTE fue impulsada por Mario Garcés, el primero de los tres consejeros de Hacienda que han formado parte del Gobierno de Aragón en esta legislatura. Salió del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi poco después de las elecciones generales de 2011 para ocupar la Subsecretaría de Fomento con Ana Pastor.
Esas sentencias, una emitida hace unos días tras un recurso de UGT y otra anterior por una demanda de CCOO, no son firmes, ya que han sido recurridas ante el Supremo. También se encuentran en ese tribunal las resoluciones por la que el TSJA ordenó al Gobierno de Aragón sacar a concurso las plazas que pretendía amortizar a principios de legislatura.
El Tribunal rechaza obligar al Ejecutivo a “convocar a las organizaciones sindicales para la negociación”, aunque añade que esa medida “sería necesaria si la Administración considerase pertinente continuar con las medidas de ordenación y gestión de vacantes”.
Una reforma legal
Una posterior reforma normativa habilitó a la DGA para poner en marcha las RPTE, fórmula mediante la que hace dos años ya amortizó cerca de un centenar y medio de puestos de trabajo en una sola resolución y que ha utilizado en varias ocasiones con menor grado de afección.
“Este medio de destrucción masiva de puestos de trabajo es ahora legal”, señala Ángel Llamas, de la sección sindical autonómica de CCOO, que llama la atención acerca de que una cuarta parte de esos puestos “son de carácter estructural, su envío al ‘congelador’ para suprimirlos dentro de seis meses contiene una intención de recortar la actividad de la Administración, de recortar servicios”, algo que percibe también en el casi medio centenar de empleos de auxiliar administrativo, más vinculados a tareas de tramitación.
La orden de Campoy contiene una referencia a la normativa que ha censurado en dos ocasiones el TSJA. Sin embargo, “lo único que podríamos conseguir si lo recurriéramos sería una resolución de corrección de errores en el BOA que no modificaría la decisión”, asume Llamas. Campoy, por otro lado, anunció hace unos meses en las Cortes que no aplicaría esos fallos antes de que el Supremo se pronunciara sobre ellos.
