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ARAGÓN

La provincia de Huesca hace al fin un frente común para beneficiarse de la energía hidroeléctrica que se produce en el Pirineo

La Diputación ha puesto en marcha una mesa de trabajo y solicita una ley que regule la restitución social y territorial de este tipo de explotaciones tras décadas en las que las únicas beneficiadas han sido las compañías eléctricas

Se reivindica el aprovechamiento de los recursos y de que las entidades locales tengan capacidad de participación en la toma de decisiones

A finales de 2017, y con un retraso de 11 años, se produjo la reversión al Estado del salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta, hasta entonces en manos de Endesa

La energía reservada, un siglo de la batalla que el Pirineo aragonés sigue perdiendo

Central Hidroeléctrica de Barrosa

Central Hidroeléctrica de Barrosa sipca.es / Bielsa

Otra de las viejas batallas a las que la Diputación Provincial de Huesca (DPH) apuesta por hacer frente de una manera decidida, como está sucediendo con la despoblación o los bomberos, es la energía hidroeléctrica que se produce en el Pirineo y que desde hace 80 años no ha supuesto ningún beneficio para el territorio. Por ello se ha compuesto un grupo de trabajo; su misión es estudiar los asuntos relacionados con el agua y energía en el Alto Aragón y ha planteado, tras su reciente puesta en marcha, una propuesta para que se regule por ley la restitución social y territorial en la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos.

Se trata de una acción que parte del mandato directo del presidente de la DPH, Miguel Gracia, y que han asumido los portavoces de los cuatro grupos políticos que conforman la Diputación oscense: José Luis Gállego (PSOE), José Antonio Lagüéns (PP), Joaquín Serrano (PAR) y Luis Arduña (Cambiar Huesca). Este grupo de trabajo considera “fundamental” una modificación de la normativa al respecto y pide que se incluya un nuevo artículo en la Ley de Aguas que recoja “expresamente” el destino de los rendimientos procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de agua, así como la participación en las decisiones de las entidades locales.

La propuesta, que se va a trasladar en breve al Congreso de los Diputados, se traduce en incluir un nuevo capítulo dentro del Título VIII del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Así, se insta a que la ley incluya que “los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca –la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)– procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos se destinarán preferentemente a la restitución económica y social del territorio que los genera, así como también a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y las necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca”.

El papel de la CHE

Valorada la documentación al respecto, considera también este grupo de trabajo que la modificación legislativa ha de incluir el destino de los rendimientos obtenidos por la CHE de la reserva energética. “Se destinarán en su integridad a la restitución económica y social del territorio que los genera y soporta las afecciones directa o indirectamente. Los ingresos por otros conceptos derivados de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos se invertirán en obras o servicios del territorio afectado en un porcentaje no inferior al 20 % de los mismos”, se especifica.

Asimismo, la modificación legislativa ha de incluir la toma de consideración de las entidades locales, que queda plasmada en el articulado que define que “en la determinación de las obras o servicios a financiar se garantizará la participación de las entidades locales afectadas. Igualmente, las entidades locales podrán ser beneficiarias de transferencias financieras con cargo al porcentaje y destino citados”. Se trata, como han explicado en su propuesta, de dar “una expresa garantía legal para todas las cuencas, sin estar al albur de lo que los planes hidrológicos fijen o no; cumpliendo así con los principios de justicia, equidad y recuperación de costes”.

Se escuchan las demandas de la montaña

Se trata de un nuevo paso “en el compromiso de la Diputación de Huesca a la hora de impulsar todas aquellas acciones que den respuesta a las demandas planteadas por zonas de montaña que soportan instalaciones de generación de energía hidroeléctrica que satisfacen las necesidades de otras zonas, sobre todo grandes poblaciones. Los portavoces de los cuatro grupos políticos de la DPH respaldan esta iniciativa que emana de las necesidades planteadas por ayuntamientos y por colectivos como la Asociación de Entidades Locales del Pirineo (Adelpa) a la DPH”, señalan fuentes de la institución.

Esta es una de las primeras acciones del grupo de trabajo que la Diputación Provincial de Huesca decidió crear a finales del pasado año con el fin de analizar la realidad que padecen las zonas rurales de montaña con presas e instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos, atendiendo las demandas de ayuntamientos y de colectivos, como la propia Adelpa, que instaron a la DPH a realizar cuantas iniciativas estuvieran en su alcance.

En el Pirineo aragonés, en las cabeceras de los ríos Aragón, Gállego, Cinca, Ésera y Noguera; es decir, en las cinco cuencas que comprenden el territorio pirenaico de la provincia de Huesca, se construyó, entre los años 1912 y 1977, un conjunto de centrales hidroeléctricas y presas. Estas instalaciones generan de 1.300 a 2.200 gigavatios-hora al año, lo que supone más del 5 % de la producción total hidroeléctrica de España.

Cuatro reversiones

A finales de 2017, y con un retraso de 11 años, se produjo la reversión al Estado del salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta, hasta entonces en manos de Endesa. Se trató del cuarto caso en la provincia de Huesca tras los de El Pueyo de Jaca; Barrosa, en Bielsa, y Campo. El expediente se tuvo que volver a tramitar desde el comienzo después de que el Ministerio de Medio Ambiente obviase el plazo anterior de 18 meses.

El expediente no se pronuncia respecto a alegaciones presentadas por los ayuntamientos afectados en referencia a su participación en el futuro en la gestión o recepción por sus respectivos municipios de los beneficios de la explotación puesto que, se dice, esa cuestión rebasa sus atribuciones. De ahí que estas poblaciones se unan ahora bajo el paraguas de la Adelpa y la DPH para reclamar lo que consideran suyo.

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