Movilización vecinal en Huesca: barrios unidos frente a la “parálisis” municipal

Las asociaciones vecinales de Huesca habían preparado para el pasado sábado una movilización inédita en la ciudad, concebida como la primera acción conjunta de los barrios desde hace años para denunciar el estado general de la ciudad y la falta de respuesta del Ayuntamiento ante problemas cotidianos que, según afirman, se agravan con el paso del tiempo. Aunque la concentración quedó suspendida por el desalojo urgente de 200 vecinos en la plaza Santa Clara tras detectarse el riesgo de derrumbe de cuatro de sus edificios, una emergencia prioritaria, las razones que habían impulsado la protesta continúan plenamente vigentes y han cristalizado en un manifiesto que las asociaciones consideran un punto de partida para un ciclo largo de reivindicaciones.

La iniciativa agrupaba a las ocho asociaciones vecinales de Huesca -Perpetuo Socorro, Casco Antiguo, Santo Domingo y San Martín, San José, María Auxiliadora, Santiago, San Lorenzo y La Encarnación- y a varias plataformas ciudadanas: la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, Árboles Vivos y Ecologistas en Acción. El frente era amplio y transversal, y pretendía poner sobre la mesa un diagnóstico común: la sensación de que la ciudad se ha ido deteriorando en ámbitos urbanos, patrimoniales, ambientales y de servicios, mientras los mecanismos de participación permanecen estancados.

La convocatoria insistía en la necesidad de “un Ayuntamiento mediador, negociador y que sepa atender las necesidades de la sociedad”, una frase que resume, según los colectivos, el espíritu de la movilización. Los propios convocantes subrayaban que “la participación ciudadana se ha quedado en una mera intención; la administración local está muy lejos de la ciudadanía y la calidad de vida se deteriora ante la falta de atención de los servicios públicos”.

El malestar había crecido de forma sostenida durante los últimos meses, con episodios que han ido sumándose hasta generar un clima de desgaste evidente. El cierre prolongado de la biblioteca Ramón J. Sender en el Perpetuo Socorro, clausurada desde hace dos años por el mal estado de la cubierta y con una licitación que volvió a quedar desierta hace apenas unos días, se ha convertido en el símbolo más visible de esa inacción. Los vecinos lo expresaron con contundencia: “este es un espacio que es público, que es responsabilidad del Ayuntamiento de Huesca de tenerlo activo. Que quede desierto… es ya ‘la razón de la sin razón’”.

A ello se suman controversias recientes asociadas a las actuaciones sobre el arbolado urbano, especialmente en la zona de Martínez de Velasco, donde la tala y la poda intensiva provocaron protestas vecinales. Árboles Vivos Huesca denunció que “el Ayuntamiento ha rebajado en un 87% la propuesta inicial de protección de ejemplares singulares en tan solo 12 años”. El descontento se extiende a la gestión de equipamientos y espacios públicos. En el barrio del Casco Antiguo, por ejemplo, las obras del Círculo Católico permanecen paralizadas, mientras el estado de calles como Lanuza o Sebastián Martín-Retortillo acumula quejas desde hace años.

En La Encarnación, la falta de mantenimiento y la ausencia de un proyecto claro para la zona han alimentado un sentimiento de abandono. Desde la Asociación de Vecinos del barrio de San José señalaron que “otra de las quejas vecinales pasa por el estado de nuestras calles y aceras, está deteriorado” y añadieron que “hay vecinos que nos piden que se mejore el parque, cuando llueve, cuando hace viento, se puede mejorar y también su iluminación porque vemos que es necesario acometer el alumbrado”. En varios barrios, las sedes vecinales reclaman reformas que llevan años pendientes. La Asociación de Vecinos del Barrio de Santiago denuncia que “el local presenta diversas deficiencias, entre ellas filtraciones… se trata de un problema que se arrastra desde hace años y del que la comunidad vecinal es plenamente consciente”.

En el plano patrimonial, el antiguo Seminario y su prolongado deterioro han sido uno de los elementos más citados por las plataformas convocantes. La Plataforma para la Defensa del Patrimonio afirmó que “la inacción municipal, las trabas técnicas y la falta de voluntad política del equipo de gobierno paralizan cualquier acción conducente a la recuperación y aprovechamiento de la imponente construcción histórica”.

La decisión del Ayuntamiento de ofrecer el edificio a Paradores Nacionales como vía para desencallar la situación ha generado división: mientras algunos ven la fórmula como una oportunidad, otros la interpretan como un intento de “declinar responsabilidades” y “sacar el problema de encima”. También el proceso de venta del estadio de la SD Huesca, rebautizado ya como El Alcoraz by Amazon, ha sido incorporado a la crítica general por parte de las asociaciones, que consideran que el Ayuntamiento ha demostrado mayor capacidad negociadora en este ámbito que en los asuntos que afectan directamente a la vida diaria de los barrios.

Las tensiones se intensificaron en los días previos a la concentración, cuando el Ayuntamiento convocó a las asociaciones a una reunión previa al consejo ciudadano. Seis entidades decidieron no asistir y acusaron al gobierno municipal de improvisación y de intentar desactivar la protesta de última hora. Dos sí acudieron, aunque posteriormente varias plataformas denunciaron que ni siquiera fueron invitadas, como Árboles Vivos y Ecologistas en Acción.

En este contexto Javier Moreno, presidente de la asociación de vecinos de María Auxiliadora, afirma que “la sociedad, con estas quejas, va más por delante de la administración… hay una sociedad que, en realidad, es más comprometida, más responsable, está más sensibilizada… con temas como por ejemplo, el medio ambiente”. Otra declaración destacaba: “No se trataba solo una arbitrariedad institucional sino una verdadera falta de respeto y evidencia de anormalidad democrática, en un intento de desmovilización in extremis y de división de los colectivos ciudadanos”.

La movilización suspendida concentraba también el descontento generado por la “externalización” de la planificación municipal y el encargo de consultoras privadas para el Plan Estratégico 2026-2030 y estudios culturales, dejando de lado diagnósticos realizados por los propios colectivos. Los vecinos denunciaban que esta dinámica “amplía la distancia entre administración y ciudadanía y duplica trabajos ya realizados”.

Pero más allá de la protesta, las asociaciones han presentado una lista detallada de diecisiete actuaciones prioritarias que exigen que se incorporen al presupuesto municipal de 2026. Entre ellas destacan la reparación inmediata de la biblioteca Ramón J. Sender; el estudio y la intervención urgente en la cubierta del Seminario; la puesta en uso del edificio municipal de Vitalia en San José; la reapertura del centro de salud del Perpetuo Socorro; la reorganización de las plazas de San Félix y San Voto; la finalización del parque San Martín; la restauración ecológica del río Isuela y la Acequia Mayor; la redacción de un Plan Director del Arbolado; la recuperación del cauce natural en varios tramos verdes; la mejora de las infraestructuras básicas del parque Miguel Servet; y la reparación de sedes vecinales en barrios como Santiago o María Auxiliadora. Para los colectivos, estos puntos no son una lista de deseos, sino “mínimos imprescindibles” para que la ciudad deje atrás una etapa de parálisis.

El descontento vecinal también ha sido amplificado por la difusión de fotografías que muestran el deterioro cotidiano: bancos rotos, aceras levantadas, alumbrado dañado, jardinería descuidada, fuentes que no funcionan o carriles bici con problemas de mantenimiento. Algunas voces remarcan que “aquí no hay ningún tema político; hay mucha variedad de personas de diferentes sensibilidades y pasaría igual si estuviera el PSOE en el gobierno”.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Lorena Orduna ha respondido que muchos de los problemas señalados no se originan en el actual equipo de gobierno, sino que vienen de anteriores legislaturas. También ha defendido que la elaboración y ejecución de proyectos requiere plazos largos y que existen limitaciones administrativas que no pueden acortarse. Asegura que las reuniones con los representantes vecinales han sido frecuentes y que se ha respondido a todas sus preguntas, negando así la acusación de falta de diálogo. También ha reivindicado su labor al frente del plan de emergencias derivado del riesgo de derrumbe en Santa Clara: “Ser alcaldesa es estar con tus vecinos en todo momento. Sobre todo en las situaciones más graves”, escribió el domingo en sus redes sociales.

Pese a la suspensión de la concentración, las asociaciones insisten en que la movilización continúa viva y en que el trabajo de denuncia y propuesta no se detiene. Para los colectivos, “esta movilización es una suma de enfados de los barrios con el Ayuntamiento”, un reflejo de que el malestar es amplio, sostenido y transversal.

La intención ahora es mantener la presión, reclamar la incorporación de sus demandas al presupuesto municipal de 2026 y, cuando sea posible, retomar la convocatoria para visibilizar públicamente el malestar ciudadano. Las asociaciones consideran que la crisis abierta por el desalojo en Santa Clara no hace sino reforzar su diagnóstico: una ciudad con problemas acumulados que requieren planificación, inversión y atención continuada. Su hoja de ruta a medio plazo implica mantener la coordinación entre barrios, reforzar el trabajo conjunto con plataformas ciudadanas y seguir documentando y denunciando las situaciones de abandono.