Los antitaurinos no pueden manifestarse

Esta nueva medida de opresión, que obliga a situarse a más de un kilómetro de las plazas de toros, entró en vigor a partir del día 10 de abril y entronca con la llamada ley mordaza, con la cual se califica de actitud muy grave, con penalización de más de 30.000 euros, el reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos, por lo que hay que entender que una plaza de toros es un sitio público.

Este hecho agrava un derecho fundamental recogido en la Constitución española como es el derecho a manifestarse en reunión pacífica  y sin armas recogido en el artículo 21.

Lo curioso de esta instrucción general que ha distribuido la Policía es que ha sido a instancia de una petición realizada por las asociaciones de profesionales, de aficionados y, lo que más sorprende de todo, del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, es decir, del propio Gobierno español.

Cabe reseñar que esta instrucción se aprueba con el fin de evitar posibles altercados que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana, con lo que se traduce que en vista de este tipo de asociaciones y del propio Gobierno, los manifestantes antitaurinos son principalmente sospechosos de generar altercados según el Gobierno y las asociaciones taurinas.

Se pretende también controlar las convocatorias a manifestarse que se realizan a través de las redes sociales por considerarlas ilegales.

Sorprendente es el hecho de que esta instrucción se apoya en una normativa que está vigente en Francia desde hace dos años, un país cuya tradición taurina es tan profunda como en España.

Es evidente que este tipo de actitudes no hace sino subrayar el temor y la incomodidad que la movilización ciudadana produce en ciertos sectores de la sociedad española, por lo que todo tipo de acciones que limiten y cohíban el derecho de manifestarse y pronunciarse en contra de esta actividad mal llamada “cultural” es promovida por sectores afines a los empresarios taurinos.

La unión de criadores de toros de lidia, con el apoyo institucional del Gobierno español, no lo olvidemos, promueve una instrucción para tratar de intimidar el derecho a expresar el rechazo a una actividad que está cada vez más expuesta a la duda por la sociedad española.

No se puede negar que además de atentar contra los derechos constitucionales de libre expresión y reunión, también lo hace contra el derecho al libre pensamiento, ya que al promover este tipo de instrucciones se pretende limitar no sólo físicamente sino intelectualmente, expresar libremente la opinión de una población cada vez más en contra de la tauromaquia.

Cabe esperar un cambio en este tipo de actitudes institucionales, sólo posible bajo un prisma político nuevo que escuche al pueblo antes que a sus propios bolsillos. Se abre una nueva etapa y ahora toca demostrar el compromiso con los animales frente al maltrato predicada durante la campaña. Esperamos que no se siga enalteciendo la rancia visión de la sociedad española que defendía a golpe de decretazo el equipo de gobierno precedente.