La historia que debemos contar

No surgió la fruticultura en las zonas del Bajo Cinca, Calatayud o La Almunia de Doña Godina por casualidad. Surgió por el esfuerzo, la innovación y la lucha diaria de familias enteras buscando un futuro y una forma de vida en el medio rural.

Allá por los años 80, la fruticultura supuso muchas cosas para estas zonas, pero una por encima de todas: progreso. Un progreso que se tradujo en riqueza en las zonas rurales donde se cultivó fruta dulce, permitiendo a las familias con explotaciones de tamaño pequeño y medio, vivir de la tierra y fijar la población, que de otro modo se hubiera trasladado al medio urbano. Fijar la población se convirtió en la dinamización de la economía en el medio rural.

Esta dinámica económica y la rentabilidad de las explotaciones hizo que las familias siguieran invirtiendo tanto en agricultura, como en ganadería: así llegó la ganadería porcina y el vacuno. De esta manera, se frenaba el éxodo que se produjo tras la Guerra Civil y durante la Transición a los centros de trabajo de las capitales.

Con el aumento del consumo de fruta en España, y el inicio la exportación a Europa, las explotaciones crecieron y con ello, la oferta de trabajo durante la campaña de recolección. Llegaron los inmigrantes temporeros de distintos orígenes: argelinos, marroquíes, senegaleses, mauritanos... Poco a poco, las zonas frutícolas se convirtieron en zonas de acogida, y los fruticultores cumplieron una vez más una función social integrando a los trabajadores en la sociedad: ¿quién no ha gestionado expedientes de arraigo social para sus trabajadores?

Una vez más, la fruticultura repartía riqueza y fijaba población. Y es precisamente todo esto lo que está poniendo en riesgo la continuada crisis de precios en origen del sector. Los propietarios están perdiendo poder económico y patrimonio intentado salvar sus explotaciones. Algunos están abandonando, a muchos otros se les pasa por la cabeza hacerlo. El sistema socioeconómico construido durante 30 años, con creación y reparto de riqueza, con integración social, se ha puesto en riesgo con un diferencial de precios desde el origen hasta el consumidor final del 600 %.

En UAGA, nos hemos visto en la disyuntiva de firmar o no firmar un convenio que suponía un aumento de costes laborales directos en las explotaciones frutícolas. Nos hemos encontrado solos en una posición difícil de explicar socialmente, en la posición de intentar controlar los costes laborales de la producción agrícola, siendo conscientes de que el verdadero problema es la falta de un precio justo en origen.

Por ello, hemos llegado a preguntarnos ¿quienes somos nosotros? Pues bien, nosotros somos los de la Guerra del Maíz, los que en el 75 sacaron los tractores a la calle para defender el mundo rural aragonés frente a la importación del maíz americano; somos los que defendieron la seguridad social agraria; somos los que defendían que el trabajador agrario debía tener acceso a la Tierra, somos los del “No al trasvase”, somos los de la PAC para el agricultor.

Nosotros no somos el consejo de Administración de una gran empresa, no podemos negociar ERE's, ni bajas salariales, ni jubilaciones anticipadas multitudinarias.

Nosotros no somos los que decimos “si el agricultor no puede pagar el aumento del salario mínimo que cierre y se dedique a otra cosa”, si no que cuando un producto tiene una diferencia de precio entre origen y consumidor final del 600 %, lo normal sería que se redujeran esos márgenes y comisiones, que se revirtiera el valor añadido de la fruta en el territorio, en el productor, y que ese productor pudiera pagar un mejor sueldo a sus trabajadores.

Nos jugamos nuestro patrimonio, nuestro presente y nuestro futuro.

En definitiva, somos los que queremos dejar a nuestros hijos un mundo rural mejor... mejor para todos.