Parón político, vivienda y desafección

Mes y medio después de las elecciones autonómicas continuamos esperando que Aragón pueda contar pronto con un Gobierno. Si no se ejecutan antes de junio, el parón político puede hacernos perder 300 millones de euros de fondos europeos. Fondos que van destinados, entre otras prioridades, a la salud, a la formación profesional, a la despoblación, a la gestión energética y a la vivienda. Es solo un ejemplo.

Arrinconado por el huracán Forestalia, pasó desapercibido que Aragón fue la comunidad autónoma en la que más subieron los precios de la vivienda durante el cuarto trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un 31,2 por ciento. Casi 4 puntos por encima de la media española, con una fuerte demanda de compra de viviendas de segunda mano, y 7 puntos más que en Cataluña. La comunidad vecina es una de las pocas que está regulando los precios y limitando las rentas de alquiler en las zonas declaradas tensionadas en aplicación de la nueva Ley de Vivienda.

Un informe de la Cámara de Cuentas nos descubrió también que, desde hace 13 años, en Aragón no existe un registro unificado y actualizado de solicitantes de vivienda pública. Los datos están dispersos y se planifica a salto de mata buscando hojas Excel de aquí y de allá, en las oficinas de vivienda de Huesca y de Teruel, en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), en páginas web y en plataformas de gestión.

Algo tan llamativamente fuera de lo común como que no estén claramente delimitadas las zonas donde se pueden instalar parques eólicos. O que frecuentemente se estén anunciando nuevos centros de datos con escasa transparencia sobre la planificación técnica, sobre los consumos de agua y de electricidad, y sin un debate institucional previo en el que los ayuntamientos afectados también deberían participar.

Son referencias de un modo de gestionar que agrietan la confianza en el Gobierno de Aragón cuando anuncia que a través de promotores privados va a impulsar 3.000 viviendas asequibles, en las que el alquiler no debería superar el 30 por ciento de los ingresos de los inquilinos, o las ayudas al alquiler para las rentas más bajas o el Plan Aragón más Vivienda 2024-2030 con 300 millones de euros de inversión pública para favorecer la emancipación de 47.000 jóvenes.

Si abrimos el foco a la Unión Europea, desde 2010 los precios de compra de una vivienda han aumentado un 60 por ciento y los alquileres casi un 30 por ciento. Al mismo tiempo, los permisos de construcción residencial han caído más de un 20 por ciento. El déficit total de viviendas se estima en 10 millones en el conjunto de los 27 países. Son datos del primer Informe de Vivienda de la historia aprobado por el Parlamento europeo del que ha sido ponente el eurodiputado aragonés Borja Giménez Larraz (Partido Popular Europeo).

Borja Giménez, poco partidario de las regulaciones y de poner límites a los alquileres, recomendaba en un reciente artículo de opinión que además de señalar a los inversores y a los grandes tenedores de viviendas se tiene que evaluar la lentitud de las administraciones. Lo que él considera el verdadero freno: el “Estado lento”.

El Informe del Parlamento europeo calcula que un proyecto de construcción puede tardar 10 años en completar todos los trámites necesarios hasta que se empiece a levantar el edificio, con el consiguiente aumento de los costes financieros que repercuten en el precio final.

Más datos. El 49 por ciento de los jóvenes europeos entre los 18 y los 34 años viven todavía en casa de sus padres. En España, la edad media de emancipación se sitúa en los 30 años, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Los jóvenes necesitan el 92 por ciento de su salario para pagar un alquiler en solitario.

El 70 por ciento del parque de alquiler en la Unión Europea está en manos de pequeños propietarios, de familias que alquilan una segunda vivienda o de particulares que invierten sus ahorros en un inmueble. Si exagera e irresponsablemente se les mete miedo desde un extremo con las ocupaciones y la inseguridad jurídica y, desde el otro, se coloca en el mismo saco a pequeños y grandes propietarios, puede suceder que los primeros pierdan la confianza en el sistema, que los precios suban, que la oferta de vivienda disminuya y que los más vulnerables resulten perjudicados. 

El Informe –recordemos que no existe un mercado único inmobiliario y que las competencias pertenecen a Gobiernos, autonomías y ayuntamientos- propone que los permisos de construcción se concedan en un plazo máximo de 60 días. Si se sobrepasa el plazo, el silencio debería ser positivo.

Recomienda también que se module el coste técnico sobre rendimientos energéticos de los edificios y que se rebaje el IVA para construir y rehabilitar viviendas asequibles a una horquilla entre el 2 y el 5 por ciento. Y, finalmente, que el Banco Europeo de Inversiones, que preside Nadia Calviño, se movilice para financiar proyectos que a los promotores privados no les resultan rentables.

Coincido con Borja Giménez en que la vivienda es la principal política democrática de esta legislatura en la UE y en España. Desde una visión ideológica opuesta, algo parecido traslada el diputado Gabriel Rufián cuando advierte una y otra vez que, si no se interviene contundentemente, la vivienda se va a llevar por delante a la izquierda.

Lo que está en juego es frenar el flujo de jóvenes que se sitúan en la desafección política al perder la confianza en los Estados democráticos que no les están garantizando su bienestar.