Las familias de un centro para personas con discapacidad en Jaca reclaman frenar una planta de compostaje a 200 metros

La construcción de una planta de compostaje promovida por GRHUSA en las inmediaciones del Centro Ignacio Claver de Valentia, en Martillué, ha generado una oposición unánime entre familias, patronato y equipo directivo del centro, así como el respaldo del sindicato OSTA. El centro acoge a 58 personas con discapacidad intelectual, 39 de ellas residentes permanentes.

Valentia ha presentado alegaciones solicitando la reubicación urgente del proyecto, argumentando que la proximidad de la planta afectaría gravemente la salud de los residentes, su bienestar diario y la labor educativa y terapéutica del centro. Consideran que afectaría al bienestar de las 39 personas que viven de manera permanente en el centro y las 19 que asisten de manera continuada, “ya que se trata de personas con discapacidad intelectual que presentan dependencia y una especial vulnerabilidad en el ámbito de la salud. Colocar una instalación de compostaje en las inmediaciones del centro es considerado un fallo grave que claramente perjudicaría a todos los usuarios y al personal que trabaja en él”.

El sindicato OSTA, por su parte, denuncia los riesgos laborales y sanitarios que la instalación supondría para los trabajadores, debido a la exposición a olores, ruidos y la proliferación de plagas derivados del tratamiento de residuos orgánicos. Además, advierte que la planta convertiría el entorno en un lugar hostil, afectando la productividad, la salud y el bienestar psicosocial del personal del centro.

La oposición al proyecto también se ha trasladado a la plataforma Change.org, donde se ha abierto una recogida de firmas. En ella, se recuerda que en el centro “viven 38 personas con discapacidad intelectual y acuden otras 18 a realizar actividades de formación o atención diurna”, además de 33 profesionales que trabajan en sus instalaciones. El texto subraya que el complejo es un referente en Aragón, con un albergue adaptado único en ese tramo del Camino de Santiago y programas que reciben cada año a niños de los campamentos saharauis, a menores con parálisis cerebral de Aspace Huesca o a escolares de toda la comunidad en jornadas de sensibilización.

Los impulsores de la iniciativa critican que Valentia y las familias se enteraron “de manera totalmente informal, por un vecino de Martillué, justo unos días antes de que finalizara el plazo de alegaciones”, a pesar de que el proyecto llevaba tres años en tramitación. “No vamos a permitir que pongan la basura al lado de un centro como este”, señalan en la petición. Valentia también destaca está “total ausencia de comunicación” en los tres años que han pasado desde la aprobación del proyecto: “Es imperativo que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de laspersonas que viven y conviven en el centro y las características específicas del mismo”.

Ante esta situación, OSTA exige la “paralización inmediata” del proyecto, la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y Sanitario independiente, la búsqueda de un emplazamiento alternativo alejado de núcleos de población y centros educativos, y el “respeto al derecho a la participación ciudadana y sindical en todas las fases del proyecto”.

Tanto Valentia como OSTA subrayan que la prioridad debe ser proteger la salud y el bienestar de las personas frente a intereses económicos o administrativos, y reclaman que la planta se ubique lejos de los residentes y trabajadores. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón expone que el expediente está en el INAGA y se sacará a exposición pública de manera habitual. La empresa pública, por el momento, no ha respondido a los intentos de contactar por parte de este diario.