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Santisteve envía una carta a Pedro Sánchez con demandas sobre defensa, obras públicas, medioambiente e inmatriculaciones

Pedro Sánchez y Pedro Santisteve en una imagen de archivo

Óscar F. Civieta

Zaragoza —

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El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha enviado una carta al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que plasma seis demandas concretas para la ciudad de Zaragoza, que versan sobre defensa, obras públicas, infraestructuras, medioambiente e inmatriculaciones.

En la misiva, el edil felicita a Sánchez por lo que a su juicio es “la oportunidad de ver un cambio efectivo de rumbo sobre el camino de austeridad, recortes, privatización, desmontaje de nuestros servicios públicos, ruptura del pacto social y pérdida de derechos y calidad de vida para la mayoría de nosotros y nosotras”. Y se muestra esperanzado por acabar con “las políticas antisociales impuestas a nuestro país por el mando neoliberal europeo y que su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy Brey, ha ejecutado con guante de hierro”.

En el futuro, apuntan fuentes municipales, le hará llegar, junto a los alcaldes de otras ciudades, peticiones relacionadas con la adecuada financiación de los ayuntamientos, el blindaje constitucional de los Derechos Sociales u otras “relativas a cuestiones que afectan directamente a la vida en las ciudades”, como la Ley de Arrendamientos.

Además, señalan las mismas fuentes, el alcalde ya ha iniciado contactos con miembros del PSOE en Aragón, que pudieran servirle de enlace hacia el nuevo máximo mandatario estatal.

Medidas concretas

El principal objetivo de la carta, dice Santisteve en la misma, es “demandar al nuevo Ejecutivo que preste la debida atención, de manera urgente, a toda una serie de medidas y actuaciones comprometidas con Zaragoza, que el Gobierno saliente ha desatendido hasta ahora o a las cuales ha hecho oídos sordos”.

Le recuerda, por ejemplo, “la necesidad de que RENFE se integre, al igual que en otras grandes ciudades de este país, en nuestro Consorcio de Transportes”. Es el último paso que queda, explica, “para lograr un intermodalidad completa, integrando en la movilidad de Zaragoza los trenes de cercanías”.

También solicita que la Confederación Hidrográfica del Ebro, “con la que compartimos competencias en el cuidado de nuestros ríos, se implique activamente con el Ayuntamiento en la recuperación medioambiental de los cursos fluviales, con mayor voluntad que la que ha venido teniendo hasta ahora”.

Al nuevo Ministerio de Fomento y Obras Públicas, le insta a cumplir, “a la mayor brevedad, los compromisos adquiridos con la reforma de la avenida de Cataluña, que va a permitir que, después de años y años, la única vía no urbana de nuestra ciudad, pase a ser, como le corresponde, vía urbana”.

En otra de las demandas, le apremia a impulsar, “con la mayor celeridad, las obras comprometidas por parte del Ministerio sobre el cajón de las vías de Tenor Fleta. Actuación que es condición imprescindible para que desde el Ayuntamiento se pueda acometer la reclamada prolongación de esta importante avenida de nuestra ciudad, y con la cual el Gobierno de Zaragoza mantiene un compromiso ante sus ciudadanos”.

Se refiere, por añadidura, al CENAD San Gregorio, para reclamar el retranqueo de la valla de seguridad en la fachada del Ebro entre Juslibol, Alfocea y Monzalbarba. Esta “demanda tradicional de los barrios rurales”, indica, “se encuentra recogida en el Plan Especial del Galacho de Juslibol del año 2000. La existencia de la valla sobre el escarpe supone serias afecciones en la vida de los vecinos de estos barrios. Especialmente en Alfocea, quienes, en las ocasionales crecidas del río Ebro, quedan completamente aislados y sin vías de comunicación. Una petición absolutamente necesaria para Zaragoza, que -recordemos- tiene el 30 % del término municipal afecto a usos militares, y que se ha trasladado repetidamente a la cesante ministra de Defensa sin haber obtenido respuesta”.

Al respecto de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, solicita la “implicación personal” del nuevo presidente “para la recuperación del patrimonio común expropiado en nuestro país con la complicidad de los gobiernos anteriores”.

El Consistorio, sostiene en la carta, “ante la ausencia de la necesaria actuación de las administraciones competentes; o su desidia deliberada; actuó. Lo cual ha permitido descubrir, por ejemplo, que la Dirección General de Patrimonio señala que nuestra iglesia de San Juan de los Panetes es patrimonio público. Sin embargo, la dejación de funciones de sus anteriores representantes permite que siga inmatriculada”.

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