El Gobierno de Aragón rechaza pagar todo el concierto a dos colegios del Opus que segregan a los niños por sexo
“Se considera que el abonar a la titularidad cualquier cantidad en ejecución de la Sentencia, sin ninguna otra medida, supondría un claro enriquecimiento injusto”, señala la consejera aragonesa de Educación, Mayte Pérez, sobre las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el Supremo que condenan al Gobierno autonómico (PSOE-CHA) a pagar íntegramente el concierto del curso 2014-2015 a los colegios Montearagón y Sansueña, del Opus Dei, que segregan a los niños por sexo, después de que se lo denegara el gabinete PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi.
El Gobierno de Aragón denegó los conciertos, cuyo coste económico ronda los 3 millones de euros, por la existencia de plazas en centros públicos de la zona. Sin embargo, los tribunales señalaron que ese argumento no es válido como base de la decisión, ya que “con esa interpretación, bastaría [con] crear plazas públicas para impedir el concierto con centros privados”.
En este sentido, añaden que la Administración “debe de prever los mecanismos adecuados para que puedan coexistir dos tipos de enseñanza, la pública y la privada, de todo tipo de inspiración moral, política o religiosa” y anota que esta solo puede denegar un concierto a un colegio privado que lo tuvo en años anteriores por la “inexistencia de necesidades de escolarización que el centro pueda satisfacer o insuficiencia de crédito presupuestario”. Y, en todo caso, para hacerlo debe justificarlo “mediante razones concretas, explícitas y suficientemente motivadas y acreditadas”.
“Resulta totalmente sorprendente”
La consejera hace esas manifestaciones en una respuesta parlamentaria a una pregunta de la diputada de IU, Patricia Luquin, para quien “resulta totalmente sorprendente que se avale por parte de la justicia a centros educativos que segregan por sexo y, además, cuyas familias tienen un alto poder adquisitivo”, decisión que califica de “injusticia”.
Pérez explica cómo desde la consejería, que ha denegado provisionalmente los conciertos a ambos centros para este curso, “se han elaborado sendos informes” que han sido remitidos a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, encargada de ejecutar la sentencia tras solicitarlo los colegios, “en los que se analizaba pormenorizadamente tanto las implicaciones del régimen de conciertos educativos como diversos escenarios para [el] cumplimiento de tal sentencia”.
Esos informes destacan que los dos colegios han “estado percibiendo las correspondientes cuotas de las familias cuyos hijos estaban escolarizados”, por lo que concluyen que pagar el concierto en su cuantía original supondría “un enriquecimiento injusto” para sus propietarios.
Los colegios han presentado ante el TSJA una petición de ejecución de sentencia en la que reclaman el pago de casi 9 millones de euros, intereses incluidos desde la fecha de la denegación de los conciertos. Sin embargo, los técnicos y los juristas de la Consejería de Educación mantienen que el pago no debería pasar de 1,5.
La decisión final sobre la cuantía de la indemnización, en cualquier caso, queda en manos del tribunal.
Becas de comedor y material por 3,34 millones para la privada
Por otro lado, la consejera explica en otras dos respuestas a Luquin cómo 2.887 alumnos de centros privados recibirán becas de comedor por valor de 2,56 millones de euros y otros 4.234 se beneficiarán de ayudas por 787.840 para adquirir material escolar. Suman 3,34 millones de euros.
Mientras tanto, en la escuela pública las becas de comedor llegarán a 9.103 alumnos con un montante de 7,75 millones mientras las curriculares alcanzarán a 14.949 con una suma de 2,72 millones.
La principal causa de denegación, con 5.926 casos en el apartado de material curricular y 4.180 en el de comedor, consiste en “superar los umbrales de resta establecidos en la convocatoria”, seguida, con 1.121 y 826, por el “incumplimiento de obligaciones fiscales”.
