El Gobierno sacará una nueva convocatoria del Plan de Banda Ancha para Teruel y otras once provincias

En 2018 los vecinos de Pancrudo (Teruel) pagaron la construcción de una antena para tener cobertura.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sacará, antes de que acabe el año, una convocatoria anticipada de ayudas del Programa de Extensión de la Banda Ancha (PEBA) dirigida a Teruel y a otras once provincias donde los proyectos que habían sido presentados se descartaron porque no cumplían los requisitos mínimos. Así lo han confirmado a eldiario.es fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que han asegurado que en estos momentos se encuentran perfilando los criterios para garantizar que no se repita la misma situación.

En la misma línea se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, quien ha explicado que la convocatoria, a la que debían presentar proyectos las operadoras, no contó con ninguno en la provincia que cumpliera los requisitos, motivo por el que quedó fuera. “Conscientes de la necesidad de hacer frente a la prioridad de dar cobertura a las zonas blancas y mejorar el servicio de las grises, a partir de 100 Mbps, el Gobierno trabaja ya en una convocatoria anticipada”, ha señalado.

Fue la alcaldesa de la capital turolense, Emma Buj, quién dio a conocer la semana pasada que la provincia de Teruel, así como otras once entre las que también se encuentran Huesca y Zaragoza, no habían accedido a las ayudas del PEBA, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es el de dotar de cobertura a 653.157 hogares y empresas, hasta ahora sin acceso a esta tecnología. “Algo ha pasado, o no se han presentado operadoras o el Ministerio no ha considerado que la oferta era necesaria”, dijo Buj, anunciando que tomaría “las medidas necesarias” para revertir esta situación.

La alcaldesa lamentó entonces que la provincia de Teruel, una de las más afectadas por la despoblación y con peores telecomunicaciones, no recibiera ninguna actuación de los proyectos aprobados a diferentes operadoras, que suponen una inversión total de 186 millones de euros, con ayudas por importe de 105,77 millones, y que sí habían llegado a otras 33 provincias como Soria, Cuenca, Valencia o Guadalajara. No obstante, la nota de prensa a la que Buj hacía referencia ya reconocía que se estaba trabajando en una próxima convocatoria parcial para desarrollar proyectos de extensión de banda ancha en las provincias en las que no se habían presentado propuestas que cumpliesen los requisitos establecidos.

Las ayudas del PEBA se otorgan para la extensión de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha ultra rápidas en las denominadas zonas blancas: aquellas sin cobertura actual y que no tienen previsiones de despliegue en los próximos tres años. Además, este año, como novedad, se han podido incluir también ayudas para las zonas grises, aquellas donde hay presencia de un solo operador que puede proporcionar servicios a velocidades de más de 30 Mbps, pero sin superar los 100 Mbps, para las que el Gobierno obtuvo la aprobación de la Comisión Europea.

Reacciones

Un día después de que la alcaldesa diera la voz de alarma, el Gobierno de Aragón también ha denunciado que las tres provincias aragonesas hubieran quedado fuera del PEBA y ha advertido que trabaja para lograr una nueva convocatoria que subsane los “errores de interpretación” que han supuesto la desestimación de todas las propuestas presentadas por las operadoras en el territorio. La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, ha señalado que resulta “inadmisible” que por un fallo de interpretación en el programa de subvenciones la Comunidad se quedase fuera y ha lamentado que a Aragón se le deban cinco millones del plan de este año que están sin ejecutar.

Díaz ha urgido que se modifiquen a futuro “unos criterios que están pensados exclusivamente para el despliegue en grandes ciudades” y ha recordado el compromiso del Ejecutivo autonómico en garantizar un bueno acceso a internet en las zonas menos pobladas y dispersas, que contribuya a cerrar la brecha digital y hacer frente al reto demográfico. Así, el Gobierno de Aragón se ha mostrado partidario de modificar la regulación actual para la competencia entre operadoras y el modelo de subvención al despliegue que “se está demostrando insuficiente” en pequeños núcleos poblacionales.  

A las reivindicaciones del Gobierno autonómico, se han sumado las de la mayoría de partidos políticos de la provincia y de la comunidad, que urgen la modificación de los criterios para que Teruel pudiera acceder a estas ayudas. “El hecho de que la provincia de Teruel no resulte atractiva para las compañías de telecomunicaciones porque su baja población no les garantiza la rentabilidad económica debe ser contrarrestado por la actuación de las administraciones públicas competentes con una apuesta decidida que permita que todos los ciudadanos tengan acceso a las mismas oportunidades de conectividad”, ha señalado el portavoz del PP en el consistorio turolense, Javier Domingo.

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos en la provincia de Teruel, Ramón Fuertes, ha pedido “unión y firmeza” a todas las instituciones turolenses, dejando de lado las “cuestiones partidistas” para “exigir que la banda ancha llegue a toda la provincia lo antes posible”. Igualmente, desde el PAR, Berta Zapater ha reconocido ser conocedora de que habrá otra convocatoria para incluir las provincias que habían quedado fuera, pero ha indicado que desde el partido temen que “la situación pueda repetirse” y quede nuevamente excluida la provincia de Teruel por la dispersión de población, la extensión de territorio o por no estar ajustado el precio a la realidad del coste que supone llevar la banda ancha a lo ancho de la provincia”.

También el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha pedido que se vuelvan a convocar programa y ha asegurado que “era evidente que esto podía suceder”, motivo por el que han recordado que ya se pusieron en contacto con el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, para “buscar soluciones a este problema” y que urgieron a una segunda lectura de las propuestas que habían quedado fuera. Igualmente, el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha reconocido que las adjudicaciones se basaban en criterios técnicos y que ya en la nota de prensa emitida por el Ministerio se indicaba que era una resolución provisional.

Reivindicaciones también desde Europa

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones para pedir al Estado español reforzar sus funciones como garante de los derechos de los ciudadanos en esta materia, interviniendo para paliar los fallos de mercado que actualmente se producen en el sector de las telecomunicaciones y que terminan con la discriminación hacia una parte importante del territorio, de su población, y de aquellos que lo visitan.  

Entre las propuestas presentadas se señala que la cobertura de 30 Mbps es insuficiente dada la actual coyuntura y que debe garantizarse que la comunicación electrónica sea capaz de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al menos 300 Mbps simétricos, escalables a 1 Gbps, o superior, debiendo llegar al menos a la media nacional o a la media de las ofertas comerciales existentes. Del mismo modo se solicita una implementación de los proyectos de 5G en territorios que carecen de cobertura o con una cobertura precaria, como las zonas escasamente pobladas y rurales.

Además, se requiere la inclusión de los polígonos industriales en el ámbito de aplicación, sobre toda los de las zonas escasamente pobladas que necesitan de la red de comunicaciones electrónicas para poder competir en las mejores condiciones posibles en los mercados en que actúan, pues son empresas de pequeño y mediano tamaño fundamentales para la economía de estas zonas.

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14 de octubre de 2020 - 22:54 h

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