Paralizadas las licitaciones de basuras y limpieza viaria de Utebo, que el Gobierno PP-Vox admite que presta sin contrato

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha suspendido de forma cautelar las licitaciones de recogida de residuos y gestión del punto limpio y de limpieza viaria de Utebo que lanzó el Gobierno PP-Vox en la localidad, encabezado por la popular –y diputada autonómica desde junio– María Jesús Sariñena. Las dos resoluciones, fechadas esta semana y adoptadas por unanimidad, paralizan contratos con un valor estimado conjunto de casi 18 millones de euros. También congelan el plazo de presentación de ofertas, que vencía el 27 de octubre.

La medida responde a sendos recursos de UGT Servicios Públicos Aragón, que representa a la plantilla que presta hoy ambos servicios, adscrita a FCC Medio Ambiente. El sindicato sostiene que el presupuesto no cubre el coste real del convenio de esa empresa en la localidad utebana, vigente hasta 2029. Según sus escritos, el estudio económico aplica a los conductores una subida del 3% para 2026, cuando las tablas del convenio la sitúan en el 4,3%, e infravalora pluses como los de domingo, festivos o nocturnidad.

En su informe de oposición, el Ayuntamiento reconoce que ninguno de los dos servicios tiene cobertura contractual y que “la empresa sigue prestando el servicio sin contrato”. Alegó que paralizar las licitaciones perjudicaría a vecinos y trabajadores, y descartó recurrir a contratos menores, “contratos puente” o una tramitación de emergencia.

El Tacpa rechaza el argumento y lo vuelve contra el Consistorio: “Una inadecuada planificación en la preparación de un expediente contractual no puede redundar en perjuicio” de quienes recurren. A efectos cautelares, considera los motivos justificados “de forma manifiesta”. Advierte además de que abrir las ofertas daría ventaja a los licitadores si después se anulara el concurso.

Las advertencias de la Junta Consultiva

Los dos contratos pasaron por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, que debe informar la estructura de costes y la revisión de precios de los contratos de más de cinco millones. Sus dos informes, de 22 de abril, condicionan el cumplimiento de la normativa a varios requisitos. Uno de ellos es una memoria justificativa que el Ayuntamiento no había remitido en ninguno de los dos casos.

En el contrato de residuos, la Junta detectó una discrepancia en la plantilla. El estudio económico calculaba el coste de personal con 7,7 trabajadores a jornada completa, mientras que el borrador del pliego cifraba en 11 las personas que había que subrogar. Según la Junta, esa diferencia impedía verificar si la partida estaba bien dimensionada. La propuesta municipal inicial atribuía al personal el 32,5% del coste del servicio, frente al 59,7% de media que estimaron las cinco empresas consultadas, entre ellas FCC. El estudio final lo elevó al 46,1%, todavía 13,6 puntos por debajo de esa media.

En el de limpieza viaria, la estructura de costes no mencionaba a los once trabajadores que deben subrogarse, cuyos datos de coste eran de 2023, y tampoco el convenio utilizado para calcular los salarios. El peso del personal pasó del 53,1% calculado por el Ayuntamiento al 61,3% final, frente al 69,4% de media de las empresas. La Junta advirtió además de que el pliego preveía revisar precios más allá del periodo legal, un error que se repetía literalmente en el contrato de residuos. A partir del séptimo año, señaló, cualquier revisión “sería ilegal”. En los dos contratos, la fórmula limita la revisión salarial a lo que fijen los Presupuestos Generales del Estado para los empleados públicos, con independencia de lo que pacte el convenio.

Más servicio con un presupuesto similar

Entre los informes y la licitación, el valor estimado del contrato de residuos pasó de 8,2 a 10,2 millones, un 23,6% más, sin que constara el motivo. El de limpieza viaria bajó de 8,9 a 7,7 millones (-14,1%) porque el contrato se acortó de ocho a seis años, que es el periodo en que se recupera la inversión. Su presupuesto anual, en cambio, subió de 892.260 a 946.242 euros sin IVA, un 6,1% más.

UGT sostiene que esa cifra no se actualizó a los salarios de 2026 ni a las nuevas prestaciones anunciadas por el Ayuntamiento: el paso de 6 a 14 operarios de calle (+133,3%), un turno vespertino de 19.00 a 22.00 horas los 363 días del año, los desbroces y la retirada de animales muertos. Por su parte, el contrato de residuos incorpora el contenedor de biorresiduos y diez minipuntos limpios. Si el presupuesto no recoge el coste real, advierte el sindicato, las ofertas resultarán “inviables” o con bajas temerarias.

El Gobierno municipal pidió los dos informes el 23 de octubre de 2025, pero la Junta consideró insuficiente la documentación. El Ayuntamiento tardó más de cuatro meses en completarla, hasta marzo. Los informes llegaron en abril y las licitaciones no se publicaron hasta el 18 de septiembre. Las estructuras de costes se habían sometido a información pública en agosto de 2025. En el caso de residuos no se presentaron alegaciones, según certificó el secretario municipal.

Las resoluciones del TACPA son firmes en vía administrativa y solo pueden recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El tribunal debe pronunciarse ahora sobre el fondo. Hasta entonces, la recogida de basuras y la limpieza de las calles de Utebo seguirán prestándose sin contrato.