El cierre parcial de los servicios sociales de Zaragoza atasca la tramitación de ayudas urgentes para personas sin recursos

Zaragoza comienza a dejar atrás a sus vecinos más necesitados, o al menos a algunos de ellos, como consecuencia de la decisión del Ayuntamiento de cerrar 13 de los 18 centros de servicios sociales de la ciudad, recortar drásticamente la plantilla que trabaja de manera presencial en ellos y habilitar como alternativa una línea telefónica.

La decisión del consistorio zaragozano, gobernado por una coalición PP-Ciudadanos, encabezada por el conservador Jorge Azcón y sostenida por el apoyo de Vox, comenzó a aplicarse ya antes de que los servicios sociales y la atención a la dependencia pasaran a ser declarados servicios esenciales, mediante una orden del Ministerio de Sanidad adoptada el 26 de marzo y publicada el 28, para evitar confusiones en vísperas del endurecimiento temporal del confinamiento derivado del estado de alarma.

Ninguno de los decretos que regulaba ambas situaciones establecía limitaciones específicas para el trabajo de los servicios sociales, una postura que, en cualquier caso, resultaría cuando menos difícil de sostener en un país en el que, según el método de medición que se utilice, entre un 19,1% y un 21,5% de la población subsiste bajo el umbral de la pobreza, horquilla que en Aragón se sitúa entre el 12,9% y el 14,2%: una familia de cada cinco y una de cada ocho, respectivamente.

Esta situación ha sido denunciada por algunos grupos de la oposición municipal como Zaragoza en Común (ZeC) y Podemos, críticas que, entre otras consecuencias, han tenido la de llevar al equipo de gobierno a abrir a mediados de abril dos centros que llevaban un mes fuera de servicio y a ampliar la plantilla destinada a esas tareas, que durante el primer mes de confinamiento se redujo a 39 de sus 200 miembros.

“Las situaciones de necesidad crecen de manera exponencial”

En esas condiciones, el volumen de atenciones de la red de centros de servicios sociales está siendo un 70% inferior al que se presta en épocas normales, mientras que el retraso en la tramitación era de diez días la semana pasada: el 13 de abril se empezaba a atender las peticiones del día 3.

El hecho de que, con ese recorte y ese tapón, las peticiones y concesiones de ayudas de urgente necesidad para alimentación se duplicaran entre el 16 de marzo y el 15 de abril para superar las 4.400 permite hacerse una idea de la situación que se está dando con el parón de la actividad económica en amplios sectores de la sociedad zaragozana menos pudiente.

El trabajo “de mínimos de los servicios sociales está llevando al colapso en la atención de esos centros” a pesar del esfuerzo de los profesionales, sostiene Luisa Broto, concejala de la confluencia, que añade que “la situación de pandemia convierte estos servicios en esenciales para la atención de la crisis social”, ya que, “las situaciones de necesidad, lejos de disminuir, se están incrementando de forma exponencial, lo que está obligando, en muchos casos, a las iniciativas solidarias de los barrios a asumir respuestas que corresponden a los servicios sociales municipales”.

“El actual equipo de gobierno PP-Cs y Vox ha reducido drásticamente el número de personas y medios que estos días atienden a las personas más vulnerables, contraviniendo con ello la legislación que considera como esencial la prestación de esta atención a la ciudadanía”, denunció por su parte el grupo municipal de Podemos, mientras su concejal Amparo Bella añadía que el consistorio “está obligado a cumplir la ley que califica como esenciales los servicios sociales. Son derechos sociales. Por lo tanto, estos días más que nunca deberían estar en funcionamiento con toda su capacidad”.

¿Por qué caen las solicitudes del IAI?

Por otro lado, el Gobierno de Aragón, que ha prorrogado seis meses de oficio todas sus ayudas sociales, ha detectado un claro descenso en la tramitación del IAI, el Ingreso Aragonés de Inserción, el grueso de cuyos demandantes se localiza en la capital y cuya puerta de entrada a los servicios sociales se encuentra en los centros municipales.

Esa reducción, que no casa para nada con el aumento exponencial de ayudas que se está registrando en todo el país, llevó este sábado a la Consejería de Servicios Sociales y Ciudadanía a recordar a “las entidades locales” que tienen la obligación de tramitar el IAI.

“Pido el compromiso de las entidades locales para poder llevar a cabo la solicitud, cuando sea necesario, de este ingreso”, dijo la consejera, Mariví Broto en un mensaje que está por ver si fue recibido en el ayuntamiento zaragozano.

Fuentes de la consejería recordaron que “el IAI lo paga el Gobierno de Aragón pero lo tramitan los ayuntamientos y las comarcas, y el convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) sigue vigente, por lo que todo debería seguir igual”.

Y, en este sentido, anotaron que la reorganización del IASS para hacer frente a las exigencias de la pandemia incluye una comisión de seguimiento en la que están presentes las entidades colaboradoras, entre ellas el consistorio zaragozano. No se descarta que el recorte y el atasco de los servicios sociales de la capital sea uno de los primeros temas que deba tratar ese ente.

La situación de colapso de los servicios sociales de la capital por las decisiones de cierre de centros y recorte de plantilla presencial está provocando numerosos episodios de desatención, ya que el colapso impide el acceso a las ayudas para muchas familias que, con el parón de la economía, se han quedado sin recursos.

Eso contrasta, pese a su estrecha relación, con otras situaciones como la vivida este viernes en el IAM, el Instituto Aragonés de la Mujer, cuya directora, María Goikoetxea, acabó recorriendo la ciudad con su propio coche para repartir bonos de comida a familias que no habían podido acceder a ellos por la vía municipal.