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Denunciante caso Pomecia: “El Ayuntamiento de Teruel construyó en zona verde y es una infracción urbanística grave”

Una de las casas que la denunciante considera ilegal.

Elisa Alegre Saura

Teruel —

Tras 28 años presentando denuncias y lidiando con otros tantos procesos contenciosos con el Ayuntamiento de Teruel, Isabel Gorbe ha decidido acudir a la vía penal para exigir responsabilidades a los responsables políticos que no han querido solucionar, dice, el problema urbanístico del asentamiento del barrio de Pomecia, donde hay decenas de viviendas ilegales en terrenos de su propiedad.

Hace un año, Gorbe interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado que dio lugar a la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, por presunta prevaricación en las irregularidades urbanísticas. El juez envió el caso al Supremo porque uno de los exalcaldes, Manuel Blasco (PP), es actualmente aforado como diputado, pero tras recurrirlo las partes, la Audiencia Provincial de Teruel decidió que la instrucción se realizará en el juzgado turolense.

El próximo 20 de febrero comenzará la toma de declaraciones de los tres exalcaldes de Teruel, un concejal y técnicos de municipales a los que Gorbe acusa, no solo de dejación de funciones por no haber paralizado la construcción de estas viviendas ilegales -que continúa hoy, denuncia- sino porque “el Ayuntamiento de Teruel es el mayor ocupante de mis terrenos”, al que acusa de haber ocupado entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados de su propiedad.

“Hemos llegado tan lejos porque todos los alcaldes que ha habido, invariablemente, cuando se han enterado de que los terrenos eran míos, siempre me han dicho ‘no te preocupes que lo estudiaremos’”, pero se ha lamentado de que al final han dejado de lado el problema, esperando que los casos prescribieran o que lo solucionara el siguiente alcalde.

La cifra de terrenos que le habrían ocupado no la puede ajustar más, asegura esta arquitecta y experta en urbanismo, entre otras cosas porque hay “ocultación de documentación”.

Especialmente grave es la actuación del Ayuntamiento, destaca, porque hay construcciones en zonas verdes del sistema general así como que afectan a viario, que se consideran infracciones urbanísticas graves y en algunos casos pueden ser muy graves y no prescriben, según explica esta experta.

Un ejemplo de infracciones es tan gráfico como que una de las viviendas del asentamiento tiene dentro de la propia edificación una farola, tal y como ha mostrado con fotografías.

Procesos de expropiación

“Una vez que el Ayuntamiento urbaniza y da servicios a esas zonas yo no puedo hacer nada porque no se puede construir”, y, por ello, ha emprendido varios procesos de expropiación que se han dilatado enormemente en el tiempo.

“El Ayuntamiento no ha propuesto ni adoptado ninguna medida de la legislación urbanística para asegurar la efectiva paralización de obras ilegales”, asegura la afectada e, incluso, “ha colaborado y permitido la construcción de hasta 12 viviendas”, según puede probar la denunciante, construyendo soleras o terrazas.

Además, el Consistorio ha contribuido con su actuación a perpetuar esta situación irregular, dando nombre a nuevos viarios que ha hecho en zona verde, empadronando a los ocupantes de viviendas ilegales y dotando a las viviendas de servicios de agua o alumbrado público.

“No se han impuesto sanciones ni multas coercitivas a los promotores de las edificaciones”, que podrían ir desde los 60.001 a los 300.000 euros, y también es un dinero que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar denuncia. También considera muy grave que el Consistorio haya estado “modificando o incluyendo documentación en expedientes de esta zona que antes no estaba, modificando incluso planos”.

“Me gustaría que se empezara a dar algún paso para solucionar los problemas del barrio de Pomecia”, y ha dicho que hubiera preferido haberlo podido arreglar antes de la denuncia, pero no ha tenido “más remedio”.

“Tengo claro que es un problema muy serio tanto urbanístico como social”, puesto que ahora se estima que más de 200 personas, prácticamente toda la población de etnia gitana de la ciudad, viven en este barrio, “pero si se hubiera empezado a solucionar antes no se habría hecho tan grande”.

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