Descontrol con la vivienda protegida en Aragón: el Gobierno admite que no hay un registro unificado desde 2013

La Cámara de Cuentas de Aragón ha elaborado un informe de fiscalización sobre promoción y gestión de la vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiente a los años 2023 y 2024 en el que denuncia la falta de un registro propio. Esto, destaca el órgano fiscalizador, provoca dificultades a la hora de planificar, falta de información fiable o la imposibilidad de priorizar a colectivos desfavorecidos.

Entre las conclusiones, la Cámara pone en evidencia que en Aragón está suspendida la obligatoriedad de la suscripción en el registro de solicitantes de vivienda pública para ser adjudicatario desde 2013 hasta la actualidad. Ello ha supuesto, además, que tampoco se tratan los datos de quienes voluntariamente se inscriben, ya que en la página web del Gobierno de Aragón se puede realizar este trámite, pero el Departamento remite un correo electrónico al ciudadano señalándole que sus datos no van a ser tratados.

El informe elaborado por el órgano de fiscalización relata que el Departamento ha facilitado “diversas hojas Excel llevadas por distintos servicios gestores de vivienda, que no presentan criterios unificados ni es posible determinar su grado de actualización”. El informe añade que tampoco existe un Registro del parque público autonómico: “La Cámara de Cuentas ha tenido acceso a hojas Excel en las que no se registra ni la fecha de alta, ni posibles modificaciones o bajas, sin haber dispuesto de alguna base de datos alternativa que permitiera comprobar la fiabilidad de los datos”.

Por el contrario, Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) sí dispone de un registro fiable de las viviendas cedidas para la bolsa de alquiler y las adquiridas dentro de su gestión, pero estos datos no corresponden a la totalidad de viviendas competencia del Departamento, según la Cámara de Cuentas.

No hay “información fehaciente”

En conclusión, finaliza el informe, “no es posible la utilización de estos Registros como instrumento útil en la planificación y gestión de la vivienda protegida y no se dispone de información fehaciente sobre los solicitantes que permitiera un uso más eficiente de los recursos públicos, aplicando medidas más prioritarias en zonas o colectivos más desfavorecidos. El Departamento no ha facilitado ninguna información relativa a cómo suple la carencia de los Registros en sus análisis y planificación”.

La falta del mencionado registro tiene implicaciones directas en la gestión de la vivienda protegida en la comunidad. Así, la Cámara de Cuentas asegura que este hecho hace que surjan dificultades a la hora de planificar por parte de la Administración, que información fiable sobre los solicitantes o que resulte imposible priorizar a los colectivos desfavorecidos o a las víctimas de violencia de género.

A raíz de la publicación del estudio, al que el Gobierno de Aragón envió varias alegaciones de las que la Cámara solo ha admitido una. La directora general de Vivienda en funciones, María Pía Canals, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para ofrecer su propia versión. La responsable autonómica ha admitido que “es mejorable” la información que reciben los ciudadanos, pero asegura que la existe y que se puede facilitar a quien la reclame. De hecho, estudiará si lo reactivarán al entender que falta una oficina unificada y estructurada, lo que puede llevar al despiste de muchos ciudadanos cuya prioridad es encontrar una vivienda asequible.

En la legislatura 2003-2007 se creó un registro de solicitantes de vivienda protegida, que se adjudicaban por sorteo público para acelerar el procedimiento de un modo aleatorio. En realidad, había dos registros, uno de solicitantes y otro de las viviendas que se podían sortear entre los propios solicitantes.

Para suprimir burocracia

Como ha reconocido María Pía Canals, fue la época de mayor eclosión de promociones públicas, sobre todo en 2006. En esa época, se llevaron a cabo miles de viviendas en Valdespartera, Parque Goya I y II, Parque Venecia e inicios de Arco Sur. Sin embargo, en 2013 se dejó de utilizar el registro porque existía un gran stock de vivienda y se optó por prescindir de él para suprimir burocracia. “Pero si es útil reactivarlo, lo estudiaremos”, ha indicado Canals. Igualmente, ha asegurado que existen oficinas de vivienda en Huesca y Teruel y otra de atención a jóvenes en el Instituto Aragonés de Juventud, además de la web y una plataforma de gestión en materia de vivienda.

La directora general en funciones ha explicado que el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón se ha realizado a instancias del Tribunal de Cuentas y que es el primero de todos los que se elaborarán en todas las comunidades autónomas. Además, ha reconocido que han pasado muchos años y tres gobiernos que no han activado el registro. En cualquier caso, ha justificado que la prioridad del Ejecutivo aragonés al comienzo de la legislatura ha sido la promoción de vivienda y ha recordado que justo hace dos años se presentó el Plan Más Vivienda por el que se pretende ofrecer más de 3.000 viviendas en seis años, sobre todo a los jóvenes (en un 80%).

También ha reiterado la voluntad del Ejecutivo aragonés para promocionar viviendas asequibles, para lo que se desbloquearon autorizaciones, ya que al comienzo de la legislatura había más de 800 viviendas pendientes de alguna calificación o autorización, mientras que en la actualidad hay en marcha tres promociones con 250 viviendas. Según los criterios de alquiler asequible, el metro cuadrado se estipula en 7,79 euros por metro cuadrado.