Los recortes del 'escudo social' afloran la pobreza energética: más de mil familias piden ayuda para pagar la luz y el gas en Zaragoza

Los recortes del 'escudo social' del Gobierno mientras la crisis económica derivada de la pandemia sigue arreciando han provocado el afloramiento de situaciones de pobreza que habían permanecido en un segundo plano durante el confinamiento, la desescalada y el incierto verano que los siguió.

La faceta energética de la escasez es uno de los ámbitos en los que con mayor claridad se está produciendo ese fenómeno después de que el 30 de septiembre, se cayera de la última prórroga del 'escudo social' la prohibición a las compañías de cortar los suministros de electricidad y de gas, y también de agua, a los usuarios en situación de vulnerabilidad que no hicieran frente a los pagos.

Esa medida no afectaba a la deuda con las compañías por los recibos impagados, que se iba acumulando, pero sí impedía que dejaran de recibirlos en los hogares, una medida que, sorprendentemente, se cayó del aparato de protección en vísperas de que llegaran los primeros fríos.

Más de 3.000 movimientos y organizaciones sociales de todo el país han reclamado al Gobierno central que recupere esa medida, ya que “durante este mes de octubre las personas y familias que no han podido hacer frente a las facturas mientras estaba en vigor la moratoria han empezado a recibir cartas de aviso de corte por parte de las empresas de suministros básicos”, algo que “está generando una angustia enorme y un desamparo total en las personas en situación de vulnerabilidad”.

“No hay vivienda digna sin suministros”

“No dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las personas y a todas las familias en plena pandemia. No hay vivienda digna sin suministros”, señalan las organizaciones en un manifiesto que hicieron público el viernes, en el que reclaman “una prórroga indefinida de la prohibición de cortes en el ámbito doméstico hasta que no se incluya el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética”.

Mientras tanto, la solución de urgencia se encuentra en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, a quienes parte de los afectados por los cortes están pidiendo ayudas económicas para evitar los cortes.

En los diez primeros meses del año, el Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido 810 ayudas para pagar la luz y 291 para el gas, en ambos casos con un claro descenso con respecto al año anterior, cuando fueron 2.348 y 636, que tiene dos explicaciones: la existencia del veto y el hecho de que durante el estado de alarma el consistorio únicamente daba ayudas para alimentación.

“Se aprecia también la moratoria establecida para los cortes de suministro”, señala un informe del ayuntamiento, cuyos técnicos de Servicios Sociales han detectado un claro aumento de las solicitudes tras el fin de la prohibición. Ese incremento se está dando en la práctica totalidad de las no relacionadas con la alimentación.

La cuantía media de estas ayudas, de las que han sido concedidas 693 para luz y 265 para gas, se ha incrementado en un 15,7% en las primeras, al pasar de 166,99 a 193,23 euros, y en un 8,7% en las segundas, que se han elevado de 171,57 a 186,60.

Más de 30.000 familias piden ayuda para comer

También las ayudas de urgencia para el alquiler de viviendas han descendido en su conjunto (pasan de 4.111 a 1.782), básicamente por la existencia de una moratoria para los desahucios desde mediados de marzo, aunque han crecido notablemente en los últimos meses. “Este incremento se da en los meses posteriores al confinamiento, cuando se ha podido iniciar el trámite”, indica el documento.

“Estas cifras están condicionadas por la moratoria en los desahucios decretada desde la proclamación del estado de alarma y la existencia de otras ayudas para la cobertura de esta necesidad”, señala el informe, que también recoge cómo el importe medio se ha disparado en un 33,6%, de 454,07 euros a 606,65.

En cualquier caso, el grueso de las ayudas del ayuntamiento, que este año prevé dedicar más de trece millones de euros a esa partida presupuestaria, se encuentra en las de alimentación, que “suponen el 85,62% de las ayudas solicitadas y el 78,61% del importe concedido”: 33.041 familias han pedido auxilio para poder llenar su nevera, con un crecimiento del 80% que pone sobre la mesa la crudeza real de la crisis desatada en torno a la pandemia.

Los Servicios Sociales han concedido hasta la fecha 31.675, con una cuantía media de 227,38 euros (suman 7,2 millones) y mientras una parte de las 2.300 de diferencia con las peticiones todavía en tramitación.