La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que se hizo pública el jueves pasado, traía algunas buenas noticias: el número de ocupados sube por encima de los 19,5 millones, la tasa de paro cae por primera vez en 10 años por debajo del 15% y se sitúa en el 14,55%... Pero también traía algunas malas o incluso muy malas: la tasa de actividad baja unas centésimas, 151.000 de los 176.300 asalariados nuevos del trimestre tienen contrato temporal, uno de cada tres jóvenes menores de 25 años está parado, aún hay en España más de un millón de hogares con todos los miembros en paro...
Desde que nuestro PIB crece, se repite tantas veces que España ha salido de la crisis que vamos a acabar engañándonos a nosotros mismos. La economía española en su conjunto ha superado la crisis global, es cierto, pero una parte muy importante de la población aún no lo ha hecho ni parece que lo vaya a hacer a corto o medio plazo. El último informe para España de la EAPN (European Anti Poverty Network) es contundente. El indicador AROPE (acrónimo de At Risk Of Poverty and/or Exclusion) dice que el número de residentes en España que están en riesgo de pobreza y exclusión social es aún muy alto: 12,33 millones, el 26,6% del total de la población, muy lejos del compromiso presentado en 2010 por la Unión Europea para 2020, y estamos a solo dos años del 2020. Estuvimos peor, en efecto. En 2014, el índice AROPE estaba en España en el 29,2%, pero la reducción está siendo bastante más lenta de lo que debería o de lo que se podría esperar de tantos indicadores macroeconómicos que dicen que nuestra economía mejora.
La igualdad es uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Está en el artículo 1 de nuestra Constitución. Junto a la libertad, la justicia y el pluralismo político, la igualdad es uno de los cuatro “valores superiores” que nos rigen. Los padres de la Constitución quisieron ponerlo ahí, en un lugar tan relevante como es el primer artículo del Título Preliminar, el mismo que dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Social y democrático, a la par y en ese orden.
Y pese a ello, pese al mandato constitucional y a que tantos indicadores dicen que la crisis nos ha dejado una sociedad dual, más desigual, con mayor brecha social, el debate público apenas aborda este problema, y cuando la acción política lo afronta se le recrimina al que lo hace y se le tilda con gruesos descalificativos.
Ha pasado recientemente con los Presupuestos pactados entre el Gobierno del PSOE y su principal socio parlamentario, Unidos Podemos. Unos Presupuestos que llevan dentro medidas como una fuerte subida del salario mínimo, pero para dejarlo aún muy lejos de los países de nuestro entorno. O como que las pensiones se revaloricen con lo que suba el IPC, como ocurre en casi todos los países de la UE. O como que se equiparen y sean intransferibles los permisos de paternidad y maternidad, a semejanza de la Europa más avanzada. O como que los impuestos que paguen las grandes corporaciones sean al menos porcentualmente equivalentes a las de los particulares más desfavorecidos. O como que los mayores de 52 años que estén desempleados tengan un subsidio público... Unos Presupuestos, en fin, con todo eso dentro han sido calificados como “extremistas”, “comunistas” o “bolivarianos”. A la luz del artículo 1 de nuestra Carta Magna, ¿no sería más propio llamar “sociales” o incluso “constitucionales” a esos Presupuestos?
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha concitado las críticas más desaforadas. En España, el SMI está fijado hoy en 735,9 euros brutos al mes, medido en 14 pagas anuales, y en enero subiría a 900 euros al mes si se aprueban los Presupuestos o, en caso de que no se aprueben, si lo decide el Gobierno por decreto. La subida mensual es, por tanto, de 164,1 euros al mes para los aproximadamente 1,5 millones de salariados que lo cobran.
En los mismos días en que se desataba la polémica sobre el SMI, se revelaba otro dato salarial muy llamativo. Desde 2013 a 2017, según datos no de una oenegé sino de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, los sueldos de los consejeros del Ibex subieron de media un 29,5%, mientras que el del resto de los trabajadores subió sólo un 4%.
La subida cierta de los consejeros del Ibex fue mucho menos comentada que la subida futurible del SMI. Quizás por resignación, porque no queremos admitir que, si nada lo remedia, nos encaminamos a una sociedad dual, cada vez más desigual, con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Quizás porque la desigualdad está empezando a ser entre nosotros un nuevo “valor superior”.
Sobre este blog
Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas lingüísticas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en elDiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas. Con especial atención al lenguaje y al léxico de la política.
