La luz ciega y ensombrece al Gobierno

Los precios de la luz siguen su irrefrenable escalada sin que ni la invisible mano del mercado los sujete un poco ni el Gobierno acabe de dar con la tecla para hacerlo. El precio del megavatio hora supera estos días con holgura los 150 euros en el mercado mayorista. Multiplica aproximadamente por tres los precios de hace un año y aproximadamente por dos los de hace apenas unos cuatro meses. Cuesta entender que un producto o un servicio básico y de consumo universal se dispare un 100% en un cuatrimestre y un 200% en un año sin que el Gobierno al que le toque afrontar el problema encuentre pronto un mecanismo para atajarlo.

El problema no es sólo nuestro, es cierto. Muchos de nuestros socios europeos también lo están sufriendo. El problema no es sólo nuestro, pero el problema es especialmente nuestro. Nuestro modelo de mercado eléctrico es singularmente enrevesado y responde en buena parte a decisiones tomadas en el pasado remoto y reciente que se han mostrado erróneas. Hechos muy relevantes ocurridos desde entonces, como la evidencia del cambio climático y del efecto invernadero y la digamos conciencia global de que tenemos que buscar fuentes de energía más limpia, han puesto en evidencia las imperfecciones de nuestro modelo. Cambiarlo por entero de la noche a la mañana es imposible.

Los precios se dispararon de pronto en enero, y se le achacó a la borrasca Filomena. Cayeron en febrero, en marzo volvieron a tomar una línea ascendente, en mayo alcanzaron los niveles de enero, por encima de los 80 euros el megavatio hora, y desde entonces se han acelerado al alza, especialmente en las últimas tres semanas. Hasta agosto, el Gobierno estuvo lento de reacción y de toma de medidas y corto de explicaciones. Se nos decía incluso que había poco que hacer, que no cabía mucha capacidad de maniobra, especialmente en lo que se refería a la configuración de los precios. Al Gobierno se lo veía cegado, deslumbrado. Ahora parece que el Ejecutivo acelera, que va encontrando vías de maniobra tanto en los precios como en las facturas. Hace poco más de una semana, el propio presidente, Pedro Sánchez, adquiría el compromiso de que el precio sea a final de año equivalente al de 2018, descontado el efecto de la inflación. Este martes van nuevas medidas al Consejo de Ministros. Cabe preguntarse si las medidas –tanto las de bajadas de algunos de los impuestos que gravan la electricidad como las encaminadas a aliviar el impacto en las familias de rentas más bajas (bono social y térmico, escudo social, consumo mínimo vital)– no podían haberse tomado antes. Si se hubieran anunciado, explicado y llevadas a cabo todas hace tres meses, quizás hoy no estaríamos hablando de esos 153,43 euros el megavatio hora que se esperan para este martes.

La luz se ha convertido en un problema político de primera magnitud para el Gobierno. Primero lo cegó, lo deslumbró, y ahora lo ensombrece: le ha comido buena parte de las expectativas de recuperación reputacional que se generaron con la remodelación de julio, con los cambios de carteras ministeriales. Pero la luz se ha convertido sobre todo un grave problema económico sobrevenido para millones de consumidores. Para muchas familias de clase media y baja y para muchas pymes, especialmente las de sectores muy dependientes de esta energía. Del acierto y eficacia del conjunto de las medidas dependerá a final de año no sólo la estabilidad del Gobierno sino también y sobre todo la tranquilidad económica de millones de ciudadanos.