La ingeniera de los proyectos de Zarréu niega vínculos con la mina y trato de favor en las ayudas

Ni tratos de favor ni vínculos con la actividad minera. Así se resume, en sus propias palabras, la comparecencia en la comisión parlamentaria sobre el accidente de Zarréu de la ingeniera Estefanía Díaz, responsable técnica de los dos proyectos que obtuvieron ayudas del Instituto de Transición Justa (ITJ). Según defendió, se trataba de iniciativas de carácter industrial y no extractivo.

Díaz explicó que su empresa fue contratada por Combayl en octubre de 2022 para estudiar posibles usos de las instalaciones, entonces en proceso de cierre, y que el análisis detectó potencial para crear una especie de “mini polígono industrial” aprovechando el buen estado de naves y edificios.

Fruto de ese trabajo se diseñaron dos proyectos —una planta de briquetas y otra de recuperación de minerales estratégicos— que obtuvieron ayudas del ITJ por valor de 1,5 millones de euros. Ninguna llegó a cobrarse al ser revocadas tras el accidente del pasado 31 de marzo, en el que fallecieron cinco trabajadores, el siniestro más grave en la minería asturiana en tres décadas.

“Nunca se planteó ningún tipo de actividad minera en Zarréu por nuestra parte ni por parte de Combayl mientras trabajamos con ellos”, insistió la compareciente, que también negó haber mantenido contactos con altos cargos de la administración autonómica durante la tramitación de las subvenciones.

Sin papel en la transmisión de derechos a Blue Solving

La ingeniera aseguró que su empresa no tuvo “nada que ver” con la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving, concesionaria de la explotación cuando se produjo el accidente. No obstante, reconoció que tuvo conocimiento de la posible creación de esta última sociedad en el contexto del proyecto de recuperación de minerales estratégicos, una inversión que calificó de “bastante grande” y en la que mostró interés una empresa ucraniana.

Según explicó, representantes de esa compañía visitaron Zarréu en dos o tres ocasiones para recabar datos técnicos para el diseño del proceso, aunque los proyectos no llegaron a ejecutarse.

Díaz afirmó que su labor se limitaba al seguimiento técnico de las iniciativas una vez concedidas las ayudas y que, con el paso del tiempo, la relación con la explotadora se fue “ralentizando”.

Ningún contacto con la familia propietaria

La compareciente aseguró que nunca entró en el interior de la mina ni observó movimientos de maquinaria o camiones en la zona. Su interlocución se limitó, según dijo, a responsables técnicos como Jesús Rodríguez Morán y, posteriormente, al director facultativo José Antonio Fernández Casillas, a quienes entregó la documentación relativa a los proyectos.

También afirmó que no mantuvo contacto con la administradora única de Combayl, Ana María Rodríguez, ni con su hijo Adrián Rodríguez, administrador de Blue Solving, a quien dijo haber conocido en el funeral por los mineros fallecidos.

Por último, Díaz recalcó que no tuvo “ningún rol ni vinculación” en la tramitación del permiso de investigación complementaria solicitado por Blue Solving para extraer hasta 60.000 toneladas de carbón destinadas a usos no térmicos, como la producción de grafito, condicionado a un plan de labores que nunca llegó a presentarse.

La comparecencia se enmarca en los trabajos de la comisión parlamentaria que analiza las responsabilidades políticas derivadas del accidente de Zarréu y que continúa abierta.