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La demolición del Miramar en Castro Urdiales: un hotel sobre la misma arena de playa

Demolición del Hotel Miramar la semana pasada.

Alex Fernández Muerza

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Estos días se ha demolido uno de los edificios emblemáticos del incumplimiento de la Ley de Costas en España. Después de años de litigios, ya es historia el Hotel Miramar de la localidad cántabra de Castro Urdiales, una edificación que estaba construida sobre la misma arena de la playa de Brazomar. De hecho, 542 de sus 875 metros cuadrados se ubicaban sobre suelo de dominio público marítimo terrestre.

De 34 habitaciones y un comedor para 180 personas, el Miramar formaba parte de la memoria visual e histórica de esta villa marinera y de Brazomar, su playa más popular, frecuentada en verano por miles de turistas, en su mayor parte vizcaínos. La demolición ha sido seguida con una mezcla de nostalgia y satisfacción por parte de los vecinos de Castro: “Aquí nos casamos”, “celebramos la primera comunión de mi hija”, “después de bañarnos en la playa nos tomábamos algo en el bar y disfrutábamos de sus vistas”.

Por parte de quienes celebraban su demolición, la frase más repetida ha sido: “Ya era hora”. Y es que el estado de deterioro del edificio, apuntalado en la zona de paso del paseo marítimo, era cada vez más evidente. También se ha escuchado “no es lo único que deberían tirar”, en referencia a los múltiples casos de corrupción urbanística sufridos en esta villa, y por los que se ha llegado a conocer como “La Marbella del norte”.

Construido en la década de los años 40 del siglo pasado por presos de la Guerra Civil, se trataba entonces de un balneario de estilo racionalista, como cuenta Juan Francisco Ureta en su blog de fotos antiguas de Castro Urdiales: “En 1942 el Balneario Bar Miramar fue arrendado por primera vez por la familia Alonso, con una renta de mil pesetas anuales”.

Aunque en 1945 el balneario se transformó en hotel, el Ayuntamiento consiguió diez años después la concesión de uso del dominio público marítimo-terrestre del Gobierno de España para un edificio balneario, ratificada en 1963 por la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. Mientras, en 1960 el hotel fue comprado por la familia Alonso, explican fuentes del partido político local Castro Verde.

Sin embargo, en 2008 el Ministerio de Medio Ambiente declaró caducada su concesión, al utilizarse el edificio como hotel y no como balneario. Dos años más tarde se aprobó el proyecto de demolición, que no se ha hecho realidad hasta la semana pasada.

Que incumplía la Ley de Costas lo recordaba, año tras año, el Cantábrico que, en especial con las mareas vivas, cubría el arenal y causaba destrozos en sus ventanales y otras partes del edificio. Esta y las demás playas castreñas correrán aun mayores riesgos de inundaciones en las próximas décadas por el cambio climático, como se puede visualizar en este mapa de la web Climate Central.

Los propietarios del hotel emprendieron la vía judicial para tratar de salvar el inmueble y hasta reunieron 8.000 firmas de apoyo. En 2013, con la reforma de la Ley de Costas, tuvieron la esperanza de que pudiera salvarse el edificio. A pesar de ello, la Audiencia Nacional confirmó ese mismo año el proyecto de demolición, fecha en la que el establecimiento hotelero cerró finalmente sus instalaciones al público. Seis años después, el Tribunal Supremo rechazó de nuevo el recurso de los propietarios y ratificó el derribo del Miramar.

También se intentó devolverlo a su estado original de balneario, una idea que contó con el beneplácito del Ayuntamiento castreño. Para ello se contactó con el gerente del Centro Talaso-Sport La Perla, un conjunto balneario ubicado también en plena playa, en este caso en La Concha de Donostia-San Sebastián. Sin embargo, la falta de apoyo económico –se estimaba una inversión necesaria de entre 1,5 y 2 millones de euros para indemnizar a sus dueños y para las obras de rehabilitación– cerraron también esta opción.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se hizo cargo de las obras de derribo, que encargó a la empresa pública TRAGSA con un presupuesto de 331.754 euros, así como de la indemnización a los propietarios, que han recibido 1.068.000 euros, según fuentes de Castro Verde. Aunque las obras empezaron en octubre, no ha sido hasta ahora cuando las dos potentes excavadoras han derrumbado el edificio. Como indicaba uno de sus trabajadores, “las labores en sí deberían haber durado unos dos meses, pero al encontrar amianto se han retrasado para retirar con cuidado este material peligroso”.

Finalmente, cuatro días han sido suficientes para dejar reducido a escombros el edificio. Aunque un grupo de vecinos ha propuesto la idea de aprovechar sus cimientos para crear un mirador, el proyecto de Costas contempla restaurar la playa a su estado original y conectar de nuevo el paseo marítimo.

Esta sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquí.aquí

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Publicado el
19 de febrero de 2020 - 21:24 h

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