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ARCA alerta de la nueva Ley del Suelo: "Es la mayor regresión territorial, ambiental y económica de Cantabria"

Vista panorámica de Valle de Villaverde.

La Ley del Suelo de Cantabria volverá a levantar en armas a los colectivos ecologistas. La norma, que aún está en proceso de elaboración a modo de anteproyecto, ha despertado ya algunas dudas y tiene a sus primeros detractores en la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), que este martes ha alertado sobre su impacto: "Es la mayor regresión territorial, ambiental y económica de la historia de la Comunidad Autónoma", han criticado.

Arranca la tramitación de la nueva 'ley del suelo' de Cantabria, que podría llegar al Parlamento en noviembre

Arranca la tramitación de la nueva Ley del Suelo de Cantabria, que podría llegar al Parlamento en noviembre

El pasado mes de junio, la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, anunció que el borrador de la nueva Ley del Suelo de Cantabria había recibido el "visto bueno" e iniciaba los trámites para su aprobación antes de final de año en el Parlamento, después de pasar por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo COTU), un paso previo al de consulta pública y el periodo de alegaciones que deberá suerar también una norma que viene a sustituir a la aprobada en 2001.

Sin embargo, para ARCA, en este anteproyecto se detectan algunos de los errores que se cometieron previamente en el litoral cántabro, porque a su juicio, el texto elaborado por el Ejecutivo PRC-PSOE supone "entregar el suelo rural a la construcción y exportar el desorden urbanístico que anteriormente se produjo en la costa, con 800 sentencias de derribo, hacia todo el interior de Cantabria".

Para la organización conservacionista, el anteproyecto es "insostenible ambientalmente" porque "destruye el recurso base y limitado que es el suelo fértil, para ocuparlo con la construcción de viviendas unifamiliares por todo el espacio rural, degradando el paisaje, complicando las posibilidades de ordenación del territorio y aumentando el consumo y gasto energético y de infraestructuras que conlleva la construcción de viviendas unifamiliares dispersas, modalidad totalmente contraria a la tradición e historia de Cantabria".

En esta línea, el colectivo ecologista opina que el anteproyecto "consagra la indignidad económica al destruir un recurso básico como es el suelo fértil, utilizándolo para lo que no es en lugar de preservarlo para que pueda ser destinado a su fin natural: la producción agrícola, ganadera, forestal, y la prestación de servicios ecosistémicos".

De hecho, ARCA alerta a través de un comunicado de que habrá "mieses fértiles de pueblos interiores con proliferación de viviendas unifamiliares dispersas que generarán pueblos fantasma para turistas de fin de semana o de 15 días al año" y "vegas fértiles destruidas definitivamente y enterradas bajo el hormigón para instalar polígonos industriales vacíos u ocupados por simples almacenes de paquetería".

Por todo lo anterior, ARCA resume que el anteproyecto de la Ley del Suelo apuesta por "la economía improductiva de la especulación y venta del territorio fértil, en lugar de impulsar la economía productiva agraria, ganadera, forestal y agroalimentaria". "Lo que subyace tras este anteproyecto de Ley del Suelo es el fracaso de nuestros políticos regionales en proponerse y ser capaces de encontrar y consensuar un nuevo modelo productivo, diverso, estable, digno y sostenible económica y ambientalmente para un horizonte de 50 o más años, que haga innecesario tener que recurrir al fácil e indigno recurso de la destrucción irreversible de nuestro territorio rural", ha cuestionado.

Finalmente, la asociación ha considerado que con el texto que se plantea por parte del Gobierno, "Cantabria se convertirá en la comunidad del norte de España que, importando un indeseable modelo mediterráneo, sacrifica su territorio, recursos naturales y paisaje para entregar nuestra tierra a la construcción masiva, dispersa y desordenada", situación que en el País Vasco está "estrictamente prohibida" en tanto que en Asturias "no se permite", compara ARCA.

"No se pretende un cambio radical"

En su presentación pública, el responsable de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), avanzó que "no se pretende un cambio radical" respecto a la ley de 2001, es decir, de hace casi dos décadas, y que a su juicio ha funcionado "relativamente bien".

Según explicó el consejero hace unas semanas, en el borrador se han introducido aspectos "novedosos" desde el punto de vista de la tramitación, no de fondo, para "agilizar" la tramitación norma. La nueva Ley del Suelo deberá llegar a la Cámara autonómica en el próximo periodo de sesiones, pero tiene que superar antes los trámites burocráticos y un proceso de participación y diálogo con el resto de los grupos parlamentarios y con las entidades sociales interesadas.

Otro borrador en el cajón

En la pasada legislatura, el plan del bipartito PRC-PSOE de aprobar una nueva Ley del Suelo quedó postergado por las desavenencias entre ambos socios. En aquel momento, socialistas y regionalistas no tenían mayoría absoluta en la Cámara, pero ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo entre ellos para aprobar la norma en el Consejo de Gobierno y el anteproyecto que redactó el equipo de la entonces vicepresidenta autonómica, Eva Díaz Tezanos, quedó en el cajón.

A principios de 2017 fue la propia Díaz Tezanos la que presentó el borrador en rueda de prensa y anunció que tenía prácticamente lista la nueva Ley del Suelo que llevaría al Parlamento "en el plazo mínimo de un mes" y que incluía novedades importantes en la legislación urbanística de la comunidad autónoma. El aspecto más polémico, y que generó graves discrepancias entre socialistas y regionalistas durante la redacción del texto, tiene que ver con la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.

Finalmente, el documento establecía un periodo transitorio de dos años en el que se podría construir este tipo de edificaciones sin plan especial, una petición que habían realizado varios municipios, e incluía un nuevo impuesto municipal que permitiría a los ayuntamientos gravar la construcción con una cuantía de entre el 3% y el 5% del presupuesto de la obra.

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Publicado el
14 de julio de 2020 - 12:51 h

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