“Nuestra generación tiene dos grandes misiones: resolver el cambio climático y la problemática ética vinculada a las nuevas tecnologías”

Carme Artigas (Vilassar de Mar, 1968), secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es la responsable de pilotar lo que se denomina Transición Digital, de lo cual ya se ha visto un apunte durante la pandemia -teleformación, teletrabajo, comercio online...- pero está aún por llegar. Desde un código QR en un restaurante hasta una consulta médica por internet, lo que se ha producido en España desde 2020 es solo la punta del iceberg de un cambio que va a dar la vuelta productiva, económica y social del país, ya que en cinco años se pretende que el PIB asociado a lo digital pase del 19% al 40% y que el 80% de la población tenga ya habilidades básicas en el uso de nuevas tecnologías. Para llevar esto a efecto, la pandemia, además, no solo ha traído una aceleración de los procesos de digitalización sino también 70.000 millones de euros de los Fondos de Resiliencia europeos, una tercera parte de los cuales se dedicarán a este fin.

Artigas, que ha participado esta semana en el XXXV Encuentro de Telecomunicaciones, organizado por Ametic en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, es ingeniera química y una de las mayores expertas en España en Big Data. Con el Gobierno de Pedro Sánchez dio el salto de la empresa privada a la gestión pública, y en esas se encuentra: planificando en Europa reglamentos y directivas que preserven los derechos del ciudadano y preparando programas de inversión en España que pretenden dar la vuelta al país como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué papel jugará la generación actual, la que gobierna, en este proceso? La secretaria de Estado tiene claro que allanar el camino a las siguientes generaciones resolviendo dos retos que se interponen: dejar el planeta sin la amenaza del cambio climático y sentar las bases éticas de una nueva vuelta de tuerca tecnológica llamado a 'metamorfosear' el modelo de sociedad.

La pandemia por coronavirus ha producido en meses una aceleración de la digitalización de la sociedad que en términos de normalidad hubiera durado años. ¿Este desarrollo ha sido armónico?

Es cierto que la digitalización no es algo nuevo, ya estaba aquí. Desde el Gobierno tenemos claro que hay un importante impacto económico y social en la transformación tecnológica. Lo que ha hecho la pandemia es colocar lo importante como urgente y esa prioridad se ha acelerado: siete años en procesos de adaptación de las empresas, cinco años en cambios de procesos... Gracias a la tecnología hemos podido mantener un nivel de teletrabajo, hemos podido seguir comprando, seguir en contacto con los seres queridos y por lo tanto ha sido la primera pandemia mundial que ha ocurrido en un entorno tecnológico. Después de la pandemia, la gente ya ha tomado conciencia de la importancia trascendental que tiene la tecnología.

¿Porque trasciende lo meramente material y altera los hábitos sociales?

Por primera vez es una revolución tecnológica que no solo afecta a un ámbito productivo o técnico, sino también a un ámbito social porque afecta a nuestra forma de vivir y a la estructura de la sociedad. La tecnología permite 'pensar' y cuestiona el rol del ser humano en el mundo: hasta qué punto esa tecnología que está tomando decisiones por nosotros las está tomando con los mismos criterios que utilizaríamos nosotros.

¿Quién va a pilotar todo este proceso de digitalización en ciernes: las empresas o el Gobierno?

Este Gobierno está convencido de que la tecnología revierte siempre en un mayor progreso económico-social y que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino el medio para conseguir el gran objetivo que es bienestar y progreso social. El gran sello de este Gobierno es que esto no lo vamos a hacer a cualquier precio: lo vamos a hacer siempre poniendo a las personas en el centro y asegurándonos de que en este viaje reduciremos las brechas de discriminación. Para nosotros, la tecnología es el gran pegamento que permite vertebrar la sociedad, desde un punto de vista territorial y social y para nosotros debe ser también la barrera de contención de la desigualdad.

Para nosotros, la tecnología es el gran pegamento que permite vertebrar la sociedad, desde un punto de vista territorial y social y para nosotros debe ser también la barrera de contención de la desigualdad

Eso suena bien, pero ¿cómo se lleva a la práctica?

Estamos liderando en Europa y en el ámbito internacional la reflexión sobre el impacto tecnológico. Si no lo hacemos bien, en este viaje habremos renunciado a derechos fundamentales. De ahí la Carta de Derechos Digitales que desde el día 1 está impulsando el Gobierno.

¿Cuáles son los derechos fundamentales más amenazados?

Hay riesgos asociados a las libertades, hay riesgos asociados al cuestionamiento de la democracia, y sobre todo a nivel tecnológico está habiendo un cambio de geopolítica. Existen otros poderes que no son los estados que pueden determinar cosas importantes. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es releer esos derechos en clave digital. Es decir, la libertad de expresión, ¿cómo se reinterpreta? Se puede influenciar en las elecciones, en las personas... La discriminación, ¿cómo se reinterpreta en lo digital? Si un algoritmo está tomando una decisión por ti te puede discriminar y ahí perdemos un derecho fundamental.

¿Y después de este primer paso, qué viene?

Además de que la Carta de Derechos Digitales sea nuestra guía, inspirará los cambios normativos que vengan después. También queremos empezar un proceso de adhesión tanto de empresas como instituciones a esa Carta de Derechos Digitales que propone España.

¿Por qué tanta prisa de repente?

Nosotros nos estamos anticipando a reivindicar derechos antes de que lleguen ciertas tecnologías en el futuro. Si no nos adelantamos hoy, tal vez lleguemos tarde. Estamos hablando en concreto de los derechos vinculados a la inteligencia artificial y los neuroderechos, los derechos vinculados a las tecnologías neuronales que pueden afectar a nuestra percepción e intervenir en nuestro pensamiento.

Parece ciencia ficción...

Pero son el presente. Lo que yo digo es que somos una generación de transición. Estamos a caballo entre dos grandes transformaciones tecnológicas: una que ya hemos vivido con un modelo productivo ya obsoleto y otro mundo que está por diseñar. Quizás aún los beneficios y los costes de esa transformación se se repartan equitativamente. Lo que quiere este Gobierno es vigilar que ese reparto sea equitativo. Este es el factor diferenciador de nuestra visión de país.

¿Cuál va a ser el impacto de los Fondos de Resiliencia?

Tenemos un plan ya muy pensado y los Fondos lo que permiten es elevar la ambición, amplificar. Hemos lanzado un fondo de capital riesgo público-privado de 4.000 millones de euros para invertir en empresas de alto nivel tecnológico y en capacitación. Prácticamente un 30% de los Fondos de Resiliencia se va a dedicar a digitalización. Somos el país de Europa que más porcentaje de sus Fondos va a dedicar a digitalización.

¿Qué capacidad de intervención tienen las comunidades autónomas a la hora de planificar estas inversiones?

En el plan que ha presentado España a Bruselas están, con pelos y señales, todas las inversiones. Y lo que no esté allí no se va a hacer. Lo que hemos hecho ya es trabajar mucho con las comunidades autónomas a todos los niveles. Evidentemente hay partidas que se van a ejecutar a través de las autonomías, en el ámbito de sus competencias (educación, salud...) y luego hay proyectos tractores de país. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite escalar. Lo que no tiene sentido con tecnología es que hagas 20 proyectos pequeños. Hay que tener un proyecto grande y alineado para que haya impacto. Trabajamos codo con codo con las comunidades para que sus proyectos estratégicos regionales se puedan integrar dentro de las grandes visiones nacionales y que sumen los esfuerzos en la misma dirección.

¿Cómo será España a medio plazo?

Estamos cambiando el modelo productivo del país. Vamos a pasar de una contribución de lo digital al PIB del 19% a un 40% antes de cinco años.

¿Este pastel de los Fondos de Resiliencia se lo comerán entero las multinacionales y grandes empresas?

Habrá ayudas para las empresas. Por ejemplo, ayudaremos a las pymes a su transformación digital para que la hagan con quien quieran y luego haremos concursos públicos. Ya estamos cambiando la administración. Las grandes empresas estarán obligadas a subcontratar el 30 o 40% con empresas medianas y pequeñas del país en la ejecución de proyectos de recuperación. Estamos preocupados por que haya muchas oportunidades de capilaridad y no estamos improvisando.

En el ámbito laboral, ¿se puede dar el caso de que en unos años una gran parte de la sociedad sea irrelevante desde el punto de vista del trabajo?

No porque sea una optimista tecnológica, pero si miramos los datos históricos, todas las transformaciones tecnológicas han terminado creando más puestos de trabajo de los que han destruido. Y los que han creado son de mayor calidad que los destruidos. Y esto ha revertido siempre en mayor esperanza de vida y mayor calidad y progreso social. Y esto es así desde los inicios de los tiempos.

Pero a corto plazo tendría un efecto demoledor entre aquellos que no pudieran adaptarse.

Pensamos que nos dormiremos un día y que al levantarnos ya habrá un nuevo modelo productivo. Para nada. Este cambio de modelo no se hace de la noche a la mañana. Es durante esta transición donde el sector público tiene su misión principal: que no existan brechas y no exista discriminación, que no quede gente atrás. Esta es la gran obsesión: asegurar que todo el mundo tenga derecho a las grandes oportunidades que ofrece la tecnología.

El sector público tiene una misión principal: que no existan brechas y no exista discriminación, que no quede gente atrás. Esta es la gran obsesión: asegurar que todo el mundo tenga derecho a las grandes oportunidades que ofrece la tecnología

¿Cómo se lleva esto a la práctica?

En España hay un 43% de la población que carece de habilidades digitales básicas. Eso es como decir que hay un 43% de analfabetos digitales en España. Esto tiene que revertir de forma urgente para que el 80% de la población tenga competencias digitales básicas y un 20% habilidades muy avanzadas que permitirán apostar por un modelo económico nuevo.

La educación será un campo de actuación preferente, en consecuencia.

Nosotros dotamos con 3.800 millones de euros el Plan Nacional de Competencias Digitales, de la mano del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas y de la universidad. Pero también de la formación profesional. Para mí tiene una gran importancia. Es importante que la gente que hoy tenga empleo siga siendo empleable, por lo que tiene importancia la adaptación del puesto de trabajo. La gente que se ha ido al ERTE, por ejemplo, cuando vuelva se va a encontrar que su puesto de trabajo ya es más digital.

Es importante que la gente que hoy tenga empleo siga siendo empleable, por lo que tiene importancia la adaptación del puesto de trabajo

¿Qué otras carencias quiere cubrir?

La falta de adaptación de las pymes españolas. Durante la pandemia el comercio electrónico ha crecido un 50%, en algunos sectores un 70%, y las pymes españolas solo han capturado un 9% de este mercado. Queremos que su presencia sea del 25%.

¿Se siente este Gobierno respaldado políticamente por el resto de formaciones en este campo?

Estamos convencidos de que esta es una auténtica política de Estado que debe trascender legislaturas y partidos. Estamos sentando las bases para una transformación sin precedentes para un cambio de modelo, productivo, económico y social. El impacto de lo que hacemos hoy lo veremos dentro de 15 años. A título personal, la sensación que tengo es que hay consenso. Creo que nadie está sacando rédito político a esto. Nadie nos ha dicho que el diagnóstico ni las medidas no sean las correctas. La oposición puede poner énfasis en que no seamos capaces de ejecutar, pero yo sinceramente creo muchísimo en la capacidad de ejecución de este país. Yo a este país lo veo con ganas de cambiar, con ganas de salir de la pandemia y con ganas de liderar a nivel europeo e internacional.

¿Hasta qué punto la tecnología contribuirá a reducir la brecha de género y paliar el despoblamiento del mundo rural?

Cuando quiero que el 80% de la población tenga competencias digitales, me aseguro que el 50% sean mujeres. También, en todo lo que hacemos siempre está presente la vertebración territorial. Es muy fácil dar de alta a un usuario en internet pero llegar a un sitio con zanja y con cable es otra cosa. El objetivo es que el 100% de la población esté conectada con banda ancha. Y luego está el despliegue tecnológico del 5G que en sí mismo ya es otro gran salto tecnológico. El Plan de Recuperación lo que hará es acelerar esta visión que ya teníamos.

¿Este es el enfoque de la 'perspectiva humanista' de la que ha hablado la ministra de Economía, Nadia Calviño?

Estamos apoyando el desarrollo ético de la inteligencia artificial. España ha propuesto ser el país que pruebe en plan piloto el Reglamento de Inteligencia Artificial y hemos lanzado este verano el Observatorio de Impacto Social de los Algoritmos.

¿Cuáles son los retos que plantea la Inteligencia Artificial?

Hay un reto tecnológico para el desarrollo de una tecnología robusta que no dañe a las personas; un reto ético para que el desarrollo de la inteligencia artificial cuadre con los principios de una sociedad... Decidir por ejemplo que no se practique el reconocimiento facial en espacios públicos porque no lo queremos... Nuestra generación tiene dos grandes misiones: dejar resuelto para la siguiente generación el cambio climático, que también se resuelve por tecnología y también cómo resuelve toda la problemática ética vinculada a las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial. Si nosotros no lo resolvemos no habrá segunda vuelta porque la tecnología se desarrollará sin cortapisas.

Precisamente las crisis sanitarias pueden suponer un coste en términos de derechos al implantar tecnologías que invadan la intimidad.

Cuando implantamos las herramientas de rastreo de contagios por la COVID supimos que estábamos renunciando a tener más datos y más segmentados a cambio de no privar a la gente de su derecho a la privacidad. Por eso optamos por una tecnología no intrusiva. España se quiere caracterizar por la 'Privacidad por diseño' y por eso otro reto es cómo hacer que la sociedad participe de la gobernanza del desarrollo de la IA. De ahí el Observatorio.

Al margen de la intimidad, ¿también hay otros ámbitos de vigilancia?

El primer ámbito en el que vamos a desarrollar es el del empleo vinculado a la Ley Rider, es decir, el impacto de la algoritmia en las relaciones laborales y cómo garantizamos su transparencia. Son temas de altísimo calado que si no los abordamos hoy no vamos a poder hacerlo después.

Hablaba antes de poderes no estatales. ¿Cómo se les pone freno desde lo institucional y público?

Europa es el primer lugar del mundo en poner cortapisas a las grandes plataformas digitales a través de tres directivas: la Data Act, que regula de quién son los datos (y Europa apuesta que son de los ciudadanos); la Digital Services Act y la Digital Market Act, que abordan cómo regulamos las plataformas y estos nuevos monopolios. Estas reformas permitirán el control del poder de los grandes que no son gobiernos y están influenciando en las democracias.

¿Qué capacidad tiene un gobierno de saber qué alteraciones en los algoritmos está realizando una gran plataforma, por ejemplo?

Se pueden hacer auditorías para establecer sellos que digan al usuario qué algoritmos son más éticos; se puede regular las zonas de riesgo del uso y los controles que se puedan realizar. Ese es el enfoque del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero luego también tenemos que hacer que las personas tengamos alternativas: si mi plataforma digital cada cinco días me cambia las condiciones de privacidad y como diga que no me quita el servicio, ahí no hay opción. Tenemos que hacer que haya una opción y que se pueda decidir si se paga con datos o con dinero.