“Los jueces somos personas y apreciamos también con asombro cómo se nos descalifica con el fin de cuestionar nuestra autoridad”, dice el presidente del TSJC

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga, ha reclamado la creación de nueve plazas judiciales adicionales para la comunidad, con especial atención a la Audiencia Provincial, y ha advertido contra los intentos de buscar el descrédito social de los tribunales y socavar la confianza ciudadana en la justicia.

En el acto de apertura del año judicial 2026-2027 celebrado en el palacio de justicia, en Las Salesas, Arsuaga ha señalado que las cuatro nuevas plazas previstas para 2027 resultan insuficientes para absorber el incremento del 25% de asuntos experimentado en los últimos seis años, a lo que ha añadido el impacto que desde el verano del año pasado ha tenido en los órganos judiciales la implantación de los tribunales de instancia.

“Ni siquiera el sobreesfuerzo existente -que nunca debiera ser estructural- sirve para eliminar los retrasos y dilaciones que en no pocas ocasiones (...) resultan inasumibles para los profesionales del derecho y, sobre todo, para los ciudadanos”, ha manifestado.

Por eso, en la memoria judicial aprobada en abril de este año se siguen reclamando nueve plazas más a las recientemente creadas con especial atención a la Audiencia Provincial, ha recordado.

En este sentido, Arsuaga ha expuesto algunos datos de la memoria, que sitúa a la judicatura cántabra como la segunda más resolutiva de España, con una tasa de resolución un 4% superior al número de casos ingresados y una pendencia inferior a la media estatal.

Esta situación de “sobreesfuerzo” se concentra de forma acusada en la jurisdicción civil, condicionada por la litigiosidad bancaria con consumidores donde se ha resuelto casi un 10% más de los asuntos registrados; y en la jurisdicción social, que ha encadenado un notable incremento de demandas desde 2024 hasta el primer semestre de 2026, agravado por la vacante de tres magistrados en los juzgados de Santander.

Por otra parte, Arsuaga también ha trasladado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, presentes en el acto, “necesidades serias” que afectan a su competencia, como son medidas para las sedes judiciales de Santander y Laredo, así como para los equipos psicosociales de auxilio al juez.

En el caso de Laredo, ha calificado de “disfuncional” un edificio que carece de acceso para personas con movilidad reducida a su segunda planta y no cuenta con salas de custodia ni espacios para separar a víctimas de investigados.

En Santander, peor que la dispersión en tres sedes es que el espacio se ha agotado para alojar cualquier necesidad derivada del aumento de la planta judicial o de los servicios, ha apuntado, indicado que a ello se añaden “las dificultades propias de una arquitectura desfasada”: la difícil localización de los servicios, la obsolescencia de los espacios o la ausencia o inutilidad en varios edificios de los sistemas de climatización central.

En cuanto a los equipos psicosociales, ha advertido que la demora en la emisión de sus informes “que en ocasiones se supera el año” es un problema generalizado por todo el territorio nacional pero “que con el tiempo se ha agudizado en Cantabria”, por lo que ha reclamado una solución que permita asegurar “la debida tutela judicial en tiempo razonable y el cumplimiento de los principios de interés y protección del menor”.

Independencia

En el terreno institucional, el presidente ha defendido la función judicial y ha instado a los jueces a extremar la prudencia y la imparcialidad en un clima social de polarización, tanto en los procesos como en actos públicos y redes sociales.

En un “difícil momento de polarización en el que cuatro o cinco asuntos crean la percepción ciudadana. Las circunstancias no son fáciles, ciertamente, porque el terreno resulta abonado para obviar los hechos y fundarse solo en los credos, en las creencias”, ha dicho. Precisamente por ello ha llamado a “extremar” los “deberes legales y éticos” de la judicatura.

“La independencia judicial es un valor de la sociedad. La imparcialidad es una garantía del proceso y un derecho del ciudadano. En estas circunstancias debemos esforzarnos en neutralizar, mediante un ejercicio de prudencia y si es el caso de contención, cualquier atisbo de duda sobre nuestra imparcialidad. Precisamente porque somos imparciales debemos también parecerlo”, ha manifestado.

“Pero porque los jueces somos personas, porque somos ciudadanos de un país libre, apreciamos también con asombro cómo se nos descalifica con el fin de cuestionar nuestra autoridad, con el fin aparente de buscar el descrédito social, de socavar en suma la necesaria confianza de los ciudadanos en los tribunales”.

Asimismo, ha rechazado las acusaciones dirigidas a cuestionar los cimientos de la profesión judicial y ha recurrido a los datos sociológicos de Juan José Toharia recogidos en la obra 'El juez español (1975-2025). Un análisis sociológico'. Según estas cifras, el 74% de los integrantes de la judicatura carece de familiares en el ámbito jurídico, solo el 7% desciende de jueces, las mujeres representan cerca del 60% de la carrera y el 75% de la última promoción, y menos del 1% ejerció antes de la entrada en vigor de la Constitución.