Santander aprueba por unanimidad paralizar la concesión de licencias a locales de apuestas

El debate de las casas de apuestas continúa, pero esta vez a nivel municipal. Un día después de que la Consejería de Presidencia estableciese un nuevo cambio en la normativa autonómica para endurecer aún más la ley que regula estos locales, el Ayuntamiento de Santander ha decidido sumarse a esta batalla generalizada aprobando por unanimidad una moción propuesta por el PSOE, con modificaciones de PRC, PP y Ciudadanos.

El punto más llamativo de esta moción es la paralización en la concesión de licencias, que cuenta con el visto bueno del Gobierno autonómico, lo que permitirá frenar la creación de nuevos locales de apuestas. La concejala socialista Ana Santurtún, encargada de defender la moción, ha dedicado sus últimas palabras a preguntar si esta paralización ya se puede hacer de forma oficial, y el edil Álvaro Lavín (PP) le ha respondido que en cuanto los servicios jurídicos den el visto bueno “lo harán”.

Poco después de que los socialistas presentasen el escrito que daba la voz de alarma sobre el problema de los locales de apuestas en Santander, PP, Ciudadanos y PRC decidieron hacer una moción transaccional para rebatir algunos de los puntos como el de la vigilancia y control de menores por parte de la Policía Local o el de las campañas para prevenir la ludopatía.

Este jueves estos tres grupos han determinado que el primero de estos puntos no es efectivo, ya que hasta el momento “solo hay una denuncia por parte de la Policía Local”, según ha relatado el concejal popular Álvaro Lavín. Y en el caso de las campañas para prevenir la ludopatía, estos grupos han considerado que se trata de una cuestión que excede a sus competencias.

Asimismo, el debate se ha centrado en el reparto de 'culpas' por la proliferación de estos locales, tanto dentro como fuera del equipo de gobierno. Y es que mientras Ciudadanos, PRC y PSOE han aludido a “hacer todo lo que se pueda desde los ayuntamientos”, PP y Vox han echado balones fuera indicando que es el Gobierno regional quien debe “hacer sus deberes”, en palabras de la propia alcaldesa.

Por su parte, Miguel Saro, de Unidas por Santander, se han mantenido más templado -quizá por la reciente incorporación de Alberto Garzón al Ministerio de Consumo- y ha preferido centrar su alegato en que, a pesar de que la propuesta llega tarde, “es necesario trabajar entre las administraciones para frenar este problema que afecta a la salud pública”.

Finalmente, todos los grupos han logrado ponerse de acuerdo votando a favor de la moción transaccional mientras que la concejala socialista se ha mostrado satisfecha con el trabajo que se está realizando desde el equipo de gobierno, y más concretamente con la concejalía de Urbanismo -dirigida por Javier Ceruti, de Ciudadanos-.

Entretanto, y ante la atenta mirada de los concejales, el salón de plenos se llenaba progresivamente de vecinos de Santander que han reclamado con carteles el fin de las casas de apuestas. “Apuestas= droga”, “Las apuestas no son un juego”, o “Si la casa gana, el barrio pierde” han sido algunas de las frases que han elegido para mostrar su indignación ante los políticos.

Coordinación con el Gobierno

Como ya adelantaba este miércoles eldiario.es, la pretensión del Ayuntamiento santanderino es que la Consejería de Presidencia establezca un plazo de caducidad para aquellas licencias que hayan realizado las consultas previas y cuenten con un plan de viabilidad aprobado. De esta manera, ambas acciones evitarían la apertura de los tres nuevos locales que estaba previsto ubicar entre Cazoña y El Alisal.

Precisamente el pasado fin de semana más de 250 vecinos de Cazoña se manifestaron en contra de la proliferación de casas de apuestas en zonas cercanas a colegios e institutos. Precisamente esa fuerte reacción vecinal es la que ha llevado al Gobierno autonómico a trazar un nuevo plan para frenar la apertura de estas nuevas casas de apuestas que, en caso de salir adelante, se llevarían por delante la nueva normativa que indica que deben existir 500 metros entre el local de apuestas y el centro educativo.

Además de eso, y sobre el problema de los menores, el Gobierno de Cantabria tiene prevista la aprobación de un decreto con el objetivo de frenar la entrada de menores a estos locales a través de estrictos controles a la entrada de los salones, y con mayores sanciones económicas para los empresarios.