La comisión de investigación de Valdecilla sigue parada un año y medio después de su aprobación
El fuerte impulso político con el que nació esta legislatura en el Parlamento de Cantabria, con la aparición de dos nuevas formaciones con representación en la Cámara como Podemos y Ciudadanos, ha ido frenándose con el transcurso de los meses y los conflictos internos que han tocado a la práctica totalidad de los partidos, afectando incluso a la actividad parlamentaria y a las iniciativas que deben abordar los diputados.
Entre las propuestas que continúan en suspenso se encuentran algunas de gran calado, y que parecían fundamentales para el devenir político de la comunidad autónoma en pleno proceso electoral, como la comisión de investigación sobre las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que se aprobó en pleno el 11 de abril de 2016 con el apoyo de todos los grupos a excepción del PP y que sigue en el cajón más de un año y medio después.
Cuando se tomó la decisión de escrutar en detalle todos los términos del polémico y millonario contrato público-privado suscrito por el Gobierno de Ignacio Diego con la UTE Ferrovial-Siec y la “necesidad de transparencia” ante las quejas de los usuarios y los trabajadores por las “insuficiencias e irregularidades” del nuevo hospital no se había iniciado aún la comisión de investigación de Ecomasa.
El desarrollo posterior de esta comisión parlamentaria obligó a postergar las pesquisas sobre Valdecilla, por la complejidad del caso que aborda la fallida inversión pública en la fábrica de estufas de Maliaño y por lo que se ha dilatado en el tiempo, que ha frenado la puesta en marcha del grupo de trabajo que debe investigar unas obras que se prolongaron durante 16 años y de las que fueron responsables tanto el bipartito PRC-PSOE entre 2003 y 2011 como el Ejecutivo del PP entre 2011 y 2015.
Después de un año, la comisión de investigación de Ecomasa afronta ahora su recta final con dos comparecencias con un claro tinte político, en las que comparecerán el expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, y la exconsejera de Economía, Cristina Mazas. Tras la declaración de los máximos dirigentes del PP en el anterior Gobierno llegará el turno de las conclusiones, por lo que las sesiones pueden prolongarse aún cerca de un mes.
Sobrecostes, deficiencias y privativación
La sombra de la privatización encubierta, los sobrecostes a los que se enfrentan los nuevos responsables políticos del bipartito PRC-PSOE, la petición de una comisión de investigación por parte de los sindicatos sobre la gestión llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP durante la pasada legislatura o el traslado de algunos de los servicios fuera del hospital por falta de espacio fueron algunos de los detonantes que provocaron que la propia Consejería de Sanidad reconociera que ahora los cántabros “son inquilinos” en una instalación cuyo servicio gestiona una filial de la empresa Ferrovial -en colaboración con Siec- y que necesitó de nuevas inversiones meses después de su inauguración.
Además, los dos partidos que sostienen el Gobierno de Cantabria, PSOE y PRC, fueron muy críticos durante la pasada legislatura con la fórmula de colaboración público-privada elegida por el Ejecutivo de Ignacio Diego para finalizar las obras del Hospital de Valdecilla, con un contrato que se propusieron revisar al detalle desde que recuperaron el poder con la intención de encontrar alguna escapatoria legal que les permitiera liberar a las arcas públicas de un compromiso que roza los 900 millones de euros en los próximos 20 años.
Sin embargo, igual que lo ocurrido con la comisión de investigación, apenas se han dado pasos en los últimos meses en esta dirección, y en la Consejería de Sanidad dirigida por la socialista María Luisa Real conviven día a día con un modelo de gestión en el centro hospitalario que no comparten, pero que aceptan. Las únicas reivindicaciones sobre Valdecilla van encaminadas al pago por parte del Gobierno central de una deuda con la comunidad autónoma que sigue sin concretarse en los últimos presupuestos del Estado.
