La Plataforma Cívica en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP de Cantabria, FECAV, Verdes EQUO Cantabria, Ecologistas en Acción Cantabria, Plataforma Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria) y UPP (Unión de Profesionales Progresistas) han hecho público un comunicado en el que vaticinan un “verano negro para la sanidad pública en Cantabria”.
El colectivo de entidades basa su crítica en el anuncio de cierre de consultorios rurales o ausencia de médico en algunos de ellos de forma intermitente, lo que se calcula que ocurrirá en un momento u otro del verano en más de 80 centros de Atención Primaria.
Asimismo, el manifiesto de la Plataforma rechaza el anunciado Plan de Salud para el quinquenio 2025-2029 por considerarlo un documento que propicia una mayor penetración de las empresas en la atención sanitaria pública. “El Gobierno de Cantabria se ha convertido en el peor enemigo de la sanidad pública en la región, a la par que en el mejor amigo de la industria privada de la salud”, ha valorado este colectivo.
Sobre la situación de Atención Primaria un verano más, la Plataforma critica que “más del 60% de los consultorios del sistema de Atención Primaria quedarán completamente desasistidos en distintos periodos del verano por no contar con un solo médico: una situación que desde la Plataforma y otras organizaciones civiles lamentamos y denunciamos como claro exponente de la desatención de nuestros gobernantes hacia la salud de aquellos de sus habitantes que no pueden permitirse un seguro privado, en contraste con un descarado trato de favor a determinadas empresas privadas del sector”.
A su juicio, hay un déficit de organización en el Servicio Cántabro de Salud que hace que se repita la imagen de consultorios cerrados o sin facultativo. Se constataría así, a juicio de este colectivo, “una inaceptable falta de organización en las sustituciones durante los periodos veraniegos de vacaciones: una situación que se repite por segundo año consecutivo y que el Gobierno ha paliado de manera claramente insuficiente a través de ayudas al transporte de los pacientes y de la contratación de facultativos de otras comunidades autónomas”.
Del Plan de Salud de Cantabria 2025-2029 les preocupa “el propósito privatizador que lo recorre de principio a fin con sus continuas referencias a la 'colaboración público-privada'. Esa cooperación a la que tanto apego muestra el consejero, César Pascual. Todos recordamos cómo, siendo gerente de Valdecilla, el actual responsable de Sanidad en la región hipotecó a los contribuyentes cántabros por décadas al entregar a Ferrovial la terminación de las obras de nuestro buque insignia hospitalario por importe de más de 750 millones de euros, una cantidad muy superior, en decenas de millones, a lo que hubiera sido el coste de los trabajos y servicios contratados de haberse puesto en manos de la gestión pública”.
“Sumisión a los campeones de la sanidad privada”
En el manifiesto, los firmantes denuncian que el Plan de Salud pone su mayor énfasis en un modelo de colaboración público-privado que “solo puede implicar una mayor externalización y privatización en la prestación de los servicios sanitarios”. Un modelo, agregan, que “de manera destacada va a sustanciarse en el Parque de Innovación en Salud de Cantabria sobre los terrenos que deje libres el derribo de la Residencia Cantabria; un proyecto con liderazgo de la empresa privada y que, para colmo, la Consejería pretende hacer pasar como fuente de financiación para nuestra sanidad”.
“No nos engañemos. Estamos ante un verdadero 'Caballo de Troya' que mete a los enemigos de nuestra sanidad pública dentro de casa. Pues, con todo el respeto a la iniciativa privada en sí misma, es obvio que su propia naturaleza la lleva a convertir la salud en negocio, más que en servicio a la ciudadanía. Y el consejero ya dejó clara su anuencia y hasta su sumisión a los campeones de la sanidad privada cuando en marzo pasado, a bombo y platillo, fue a presidir la inauguración en los bajos del Casino de Santander de un centro de atención primaria privado de la empresa Quirón”, señalan en su denuncia.
Son especialmente críticos con el hecho de que el Plan de Salud no lleve aparejada una memoria económica que ponga en cifras el esfuerzo económico que costará desarrollarlo, algo que desde el Ejecutivo del PP se emplaza a la elaboración anual de cada presupuesto. “El documento no resistiría la crítica de expertos en Salud Pública y Organización Sanitaria, ni tan siquiera de expertos en Gestión, al no contener ni un esbozo de memoria económica”, ha indicado la Plataforma.