Una hoja de ruta privatizadora

María José Sáenz de Buruaga (PP) dio a conocer a su Consejo de Gobierno el 7 de julio de 2023. La presidenta de Cantabria se tomó unos días entre su investidura y el nombramiento de su Ejecutivo, a pesar de las prisas que había mostrado durante la legislatura anterior y la campaña electoral que le había llevado al poder. Estaba claro que no tenía un Gobierno en la sombra y que la propia líder del Partido Popular también estaba sorprendida por la clara victoria en las urnas que había conseguido unas semanas antes y por la débil resistencia que opuso Miguel Ángel Revilla (PRC) para entregarle los votos necesarios que completaron su mayoría sin apenas negociación ni exigir nada tangible a cambio.

En aquellas fechas se cayeron varios fichajes estrella, renunciaron algunos nombres que se daban por seguros y hubo que tirar de banquillo para completar un Gabinete que sonaba más a pasado que a presente. No digamos ya a futuro. Eduardo Arasti, Isabel Urrutia, Roberto Media o César Pascual, además de la propia Buruaga, habían formado parte de la estructura del Gobierno de Ignacio Diego entre 2011 y 2015. Algunos de los actuales consejeros fueron terceras, cuartas o quintas opciones. Ellos mismos lo saben y bromean a veces. Varios salieron de una apacible jubilación política anticipada y se hicieron cargo de la noche a la mañana de áreas estratégicas en cualquier Gobierno. Otros estuvieron a punto de ser cesados a las pocas horas de su designación por la mochila con la que llegaban a la primera línea.

Todo esto lo supimos después. Ese proceso se hizo con absoluta discreción y evitando al máximo las filtraciones a la prensa. El mensaje era claro: el que se moviera no salía en la foto. Y así llegamos a esa jornada del 7 de julio de 2023, cuando Buruaga tomó la palabra en el atril de la sala de prensa del edificio de Peña Herbosa, en la sede del Ejecutivo, y anunció uno por uno los nombres de sus consejeros y consejeras y las competencias que les había asignado. Hasta ese momento el silencio había sido la tónica, para disgusto de algunos medios de comunicación más acostumbrados a los tratos de favor y a las exclusivas a la carta pactadas con el político de turno.

Tras aquella comparecencia, algunos periodistas que habíamos cubierto la rueda de prensa pudimos tomar un café con la presidenta y la felicitamos por el cerrojazo informativo que había conseguido. Tenía mérito haber evitado cualquier tipo de filtración y que no se hiciera público ningún nombre antes de tiempo. Hubo voluntad de que así fuera. También le trasladamos algunas consideraciones sobre la configuración de su Ejecutivo. Sorprendió entonces y sigue resultando extraño ahora que no nombrara a un vicepresidente o vicepresidenta y que no hubiera elegido a un portavoz del Gobierno que diera la cara por ella y pusiera voz a los acuerdos del Consejo de Gobierno cada semana. “Yo misma ejerceré de portavoz de mi propio Gobierno y seré la cara visible”, defendió exultante.

Nos despedimos por tanto hasta el próximo Consejo de Gobierno, pero nunca más se supo de aquella declaración de intenciones. La realidad es que se suprimieron las tradicionales ruedas de prensa de los jueves en las que se trasladaban públicamente los principales acuerdos del Ejecutivo autonómico y se explicaban los pormenores de la labor del Gobierno, además de disponer de la posibilidad de trasladar preguntas sobre asuntos variados de la actualidad política de Cantabria. Fue el primer incumplimiento de la nueva presidenta. Las comparecencias de Buruaga en Peña Herbosa desde entonces se cuentan con los dedos de las manos. En algunos casos, y como hemos denunciado en otras ocasiones desde elDiario.es, convertidas en “declaraciones institucionales” en las que no se da la palabra a la prensa.

Y retomo este asunto porque esta semana hemos batido todos los récords de opacidad y falta de transparencia. Ya no es solamente que se despachen los acuerdos semanales del Consejo de Gobierno con una escueta nota de prensa, es que además hemos descubierto que ni siquiera tenemos la seguridad de que en esas comunicaciones públicas se incluyan los asuntos más importantes y las partidas económicas más destacadas. Si se puede omitir —podríamos utilizar también otros verbos como 'ocultar', 'esconder' o 'camuflar', pero sería una discusión de matiz y no estamos para debates léxicos— un convenio singular con un hospital privado para externalizar servicios sanitarios durante 15 años por valor de 216 millones de euros como el que hemos destapado en exclusiva en elDiario.es, está claro que vale todo.

Lo sorprendente, a mi juicio, es que esta medida no es ninguna decisión inesperada. Se viene fraguando desde hace meses, como venimos adelantando en este periódico, que fuimos también los primeros en explicar que el PP había introducido de refilón y a última hora una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Cantabria para 2025 que daba cobertura legal a este tipo de acuerdos con la sanidad privada. Es la hoja de ruta privatizadora de la que siempre ha presumido el consejero de Salud, César Pascual, cuya trayectoria y antecedentes estaban claros desde aquel 7 de julio de 2023 en el que María José Sáenz de Buruaga decidió incluirlo de nuevo en su Ejecutivo. Forma parte de su filosofía y así lo reconoce cuando le dejan hablar. Nos falta conocer el alcance y la hipoteca que su gestión deja a futuros gobiernos.