Las tres empresas condenadas por las mordidas de Obras Públicas optan al contrato del mantenimiento de las carreteras de Cantabria

El escándalo de la trama de adjuicación de obras en carreteras de Cantabria a cambio de sobornos a un funcionario público que ya ha entrado en prisión abre un nuevo escenario en la Consejería de Fomento, que cerró el proceso judicial con un acuerdo. Las tres empresas condenadas por pagar mordidas a cambio de adjudicaciones están entre las doce que se han presentado al concurso para el mantenimiento de las carreteras autonómicas, que puede suponer unos 17 millones de euros anuales.

La cuestión de fondo es que los propietarios de API Movilidad, Rucecan y La Encina fueron condenados a una multa que, también, lleva aparejada una inhabilitación de tres años y ocho meses para hacer contratos con el sector público. Vista la situación, pudiera darse el caso de que algunas de las tres constructoras resultase la adjudicataria del nuevo contrato por dos años.

Las empresas no van a ser retiradas del concurso. Al menos eso se desprende de la reacción del consejero de Fomento, Roberto Media (PP), que -a preguntas de la prensa por el asunto- ha dicho en el caso de que alguna sea adjudicataria los servicios jurídicos deben aclarar cómo proceder y cuál es la interpretación del fallo.

La cuestión, al parecer, estriba en si la inhabilitación afecta solo al propietario o administrador y no a la empresa como tal, en caso de que estas personas hayan delegado la propiedad o la gestión en otras.

“Cuando el servicio jurídico nos lo diga, nosotros lo aplicaremos en la mesa de contratación”, ha insistido Media. “Si estas empresas resultan adjudicatarias en el proceso administrativo y no incumplen ninguna ley y no incumplen nada, pues serán adjudicatarias. Esto es un proceso administrativo que ha cambiado a partir de noviembre y ya veremos en qué concluye”, ha añadido.

También ha explicado que a estos contratos se presentan ahora varias empresas tanto de Cantabria como de otras comunidades. “Aquí no venía ninguna empresa de fuera porque pasaban las cosas que pasaban y que ha dictaminado un juzgado. Ahora viene todo el mundo”, ha zanjado.