El proyecto estrella de la consejera Urrutia: crear un mando único de protección civil en Cantabria

El proyecto estrella de la Consejería de Presidencia para esta legislatura es unificar la gestión de los servicios de protección civil de Cantabria. Para ello, primero compró un edificio en Peñacastillo -la antigua sede del periódico ALERTA por 4,5 millones de euros- y después anunció la creacion de la futura Agencia de Seguridad y Emergencias.

Un organismo que unifica la Dirección General de Seguridad -gestionada por Mónica Escobedo- y el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) -dirigido por Samuel Ruiz- que desaparecerán cuando entre en funcionamiento.

De esta manera, la nueva Agencia -bautizada ya con las siglas ASECAN- asumirá todas las competencias de protección civil, seguridad, coordinación de policías locales, espectáculos públicos, prevención y extinción de incendios, salvamento y gestión del teléfono europeo 112, del teléfono de urgencias sanitarias 061 y de la emisora de Montes que moviliza a los bomberos forestales.

Pero la iniciativa de la consejera Isabel Urrutia no parece haber generado demasiado entusiasmo ni entre los trabajadores -los sindicatos han criticado que el Gobierno pretenda crear una estructura más compleja cuando el problema es la falta de personal- ni de sus propios compañeros de gobierno. De hecho, hay un informe negativo sobre la iniciativa del director general de Tesorería del Gobierno de Cantabria, Luis Oláiz, que discrepa de la previsión de gasto recogida en el anteproyecto que presentó en julio la consejera.

En un documento de cuatro páginas se hacen cuatro aportaciones para corregir el texto. Entre ellas, que el anteproyecto tiene que ir acompañado de una propuesta de estatutos y un plan de actuación.

Pero tal vez lo más relevante corresponde al ámbito económico: las cifras del presupuesto estaban incrementadas “sin mayor justificación” un 5% respecto al ejercicio anterior. “No parece creíble que todas las magnitudes se prevea que vayan a incrementarse año tras año exactamente un cinco por ciento respecto al ejercicio interior”, aduce. Al hilo de esta cuestión, considera que es importante tener en cuenta que la mayor parte del importe presupuestario “lo produce la gestión real”.

Por último, el informe de Tesorería también cuestiona que una de las justificaciones para crear esta Agencia es que el ingreso procedente de UNESPA (los seguros) entrará directamente en la caja del nuevo organismo y que, de lo contrario, entraría en la caja general del Gobierno cántabro y no podría utilizarse solo para prevención, extinción de incendios y salvamento. “Esto dista mucho de la realidad”, precisa la Dirección General de Tesorería, porque como todos los ingresos que llegan a la administración “con financiación afectada” se emplean exactamente en esos gastos, no en otros.

Estas advertencias se realizaron a finales de agosto y habrán de estar subsanadas en el proyecto de Ley que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno y que llegará al Parlamento para su tramitación antes de que acabe el periodo de sesiones a finales de marzo, por la cercanía de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2027.

El presupuesto de este año para protección civil y emergencias asciende a 31,5 millones de euros.

Futura sede

La unificación no solo será administrativa, sino también física. La futura sede de ASECAN se ubicará en el antiguo edificio del periódico ALERTA adquirido por el Gobierno en Peñacastillo con una operación exprés en 16 días y mediante un contrato directo, para evitar el concurso público. Una operación que supuso un desembolso de 4,5 millones de euros.

Allí ya se encuentra trasladado el Servicio de Protección Civil y antes de finalizar el verano estaba previsto que se incorporase el personal administrativo del Servicio de Emergencias de Cantabria. Posteriormente se trasladará también la Sala 112.

Las nuevas instalaciones dispondrán de un “moderno Centro de Atención de Emergencias” -explicó la propioa consejera Urrutia- con una sala de 167 metros cuadrados y un espacio específico para la activación del Centro de Coordinación Operativa (CECOP).

Una plantilla insuficiente, según CCOO

El proyecto de Ley de la Agencia regula cómo se van a integrar todos los servicios, en cuanto a personal y medios.

La consejera de Seguridad dice que hay un 37 por ciento más de gestores de llamadas en el Centro 112, que se ha reforzado la plantilla de bomberos autonómicos, -de 106 efectivos fijos a 152- y que cuando culminen los actuales procesos selectivos se incorporarán tres nuevos rescatadores y el nuevo contrato del helicóptero de emergencias, con guardias presenciales para reducir los tiempos de respuesta.

Ante la creación de este organismo, el sindicato Comisiones Obreras considera imprescindible “analizar previamente la realidad actual”, que continúa deteriorándose tras tres años de legislatura, con graves deficiencias de gestión que afectan directamente tanto a los profesionales como a la calidad del servicio“. El sindicato -escéptico con la nueva Agencia- estima que la prioridad debe ser ”gestionar mejor, no crear una administración más compleja“ y cuestiona que se aborde un cambio de estructura administrativa ”sin resolver los problemas que vienen lastrando el servicio“.

Manuel Herrero, funcionario del cuerpo de bomberos y portavoz de CCOO en este servicio, denuncia que “el funcionamiento ordinario del servicio depende, en gran medida, del esfuerzo extraordinario realizado por su plantilla, que soporta una jornada anual superior en aproximadamente 120 horas respecto al resto de empleados públicos en el mismo régimen de dedicación”.

En cifras, durante el primer semestre del año la plantilla ha realizado más de 14.000 horas extra, “reflejando un modelo organizativo basado en el sobreesfuerzo continuo de los trabajadores y no en una adecuada planificación de los recursos humanos”, señala Herrero.

El sindicato también subraya la “incapacidad preocupante” para ejecutar las inversiones durante esta legislatura en la que, a pesar de disponer de financiación específica para mejorar estos servicios, procedente de fondos que aporta UNESPA -“no del dinero del Gobierno de Cantabria”, precisa- solo se ha ejecutado menos del 20% de inversiones previstas para la legislatura.

Algo que, en su opinión, repercute directamente en la seguridad de los profesionales “y en la capacidad operativa, con infraestructuras deficientes, vehículos envejecidos y más riesgos en cada intervención”.