Cantabria aprueba su primer proyecto de Ley de Vivienda con el foco puesto en la función social y en el acceso al alquiler

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el primer proyecto de Ley de Vivienda de la comunidad. Tras casi toda la legislatura en el horno, el Ejecutivo lo ha sacado adelante en la recta final, haciendo alarde de que se trata de la primera norma de esta materia en la historia de la región.

Según ha avanzado el vicepresidente y portavoz del bipartito, Pablo Zuloaga (PSOE), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, esta ley pone el foco en el acceso al alquiler y en la función social de la vivienda, además de que obliga al Gobierno a definir una estrategia en este ámbito cada cinco años.

Los tres pilares básicos del proyecto, del que ya se conocían pinceladas y que será dado a conocer en profundidad en los próximos días por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), se centran en favorecer el acceso a la vivienda en alquiler, en fomentar la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana y en proteger a los sectores más desfavorecidos ampliando el parque público de alquiler.

Asimismo, esta ley prevé poner en marcha herramientas para promover la transparencia y profesionalización del sector inmobiliario, como la creación del registro autonómico de agentes para garantizar la protección de los consumidores, o el registro autonómico de arrendamientos de viviendas para el control y conocimiento de los contratos de arrendamientos.

El proyecto de ley también alude a los conceptos de vivienda vacía, infravivienda o vivienda sobreocupada, y establece el tratamiento de las situaciones “anómalas” de las viviendas que suponen un incumplimiento de su función social a través de medidas como un registro de viviendas deshabitadas que hayan sido declaradas previamente vacías.

Así, sacará en alquiler los pisos que los grandes propietarios tengan vacíos durante al menos dos años e impedirá que pisos VPO puedan venderse, pasado el tiempo, como vivienda libre y obligará también a depositar las fianzas de los alquileres y copia de los contratos en el Gobierno de Cantabria.