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La nueva Ley de Vivienda de Cantabria sacará en alquiler los pisos que los grandes propietarios tengan vacíos durante al menos dos años

La Consejera de Vivienda en Cantabria y la directora general.

El borrador de la nueva ley de Vivienda del Gobierno de Cantabria nace con la ambición de dar salida al derecho constitucional al acceso a una vivienda digna, ahora mismo un derecho al alcance de aquellos que disponen de capacidad económica para llevarlo a efecto. La Ley que se prevé empiece a debatirse en el Parlamento de Cantabria a finales de este año no solo pretende garantizar este derecho, sino que aspira a acabar con la vivienda, incluida la de alquiler, como un bien especulativo.

Con este fin plantea una serie de ejes de actuación con medidas como obligar a que los grandes tenedores de viviendas (entidades financieras y propietarios rentistas) saquen en alquiler sus propiedades cuando lleven al menos dos años cerradas. Es decir, las viviendas que estén vacías pasarán a formar parte del parque público de vivienda en alquiler "durante un tiempo determinado". Esto no afectará a segundas residencias de particulares sino que va dirigido a los que detentan grandes bolsas de vivienda que prefieren tenerlas vacías antes que alquilarlas a precios asequibles. Asimismo, el Gobierno pretende impedir por Ley que la Vivienda de Protección Oficial (VPO) pueda venderse, pasado el tiempo, como vivienda libre.

Este anteproyecto también estipula que los grandes tenedores estén obligados a ofrecer alquiler social de inmuebles que adquieran mediante ejecución hipotecaria (desahucio), dación en pago o compensación de forma previa a interponer cualquier acción judicial contra personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y no dispongan de alternativa propia de vivienda.

Otras de las medidas que la consejería de Ana Belén Álvarez (PSOE) prepara es que las viviendas de protección oficial no pierdan esta condición con el tiempo, aparte de atacar el fraude que pueda darse en este sector de vivienda protegida como en aquellos casos de viviendas concedidas y no ocupadas.

Todo este abanico de decisiones tiene por fin que la Ley regule el "carácter social de la vivienda", es decir, "la vivienda como bien social" y ponga en juego medidas para frenar su consideración como "bien especulativo". La consejera de Vivienda, quien ha presentado el borrador en compañía de su directora general Eugenia Gómez de Diego, considera que la nueva legislación no solo no disuadirá a los inversores que han visto en el alquiler un valor refugio sino que afectará positivamente a la economía cántabra al incidir en la rehabilitación de vivienda, un objetivo que promueve también el Ministerio de Fomento.

Regeneración Urbana

El anteproyecto de la primera Ley Integral de Vivienda de la comunidad autónoma entrará en el Parlamento para su tramitación a final de año, por lo que dispone de 2022 y parte de 2013 para su debate, aprobación y entrada en vigor.

La ley plantea numerosas medidas para garantizar el acceso a la vivienda, movilizar la deshabitada, frenar su uso "especulativo" y hacer de la regeneración y rehabilitación urbana algo "prioritario". Con respecto a esto último se pretende que la planificación y gestión de actuaciones de renovación y regeneración urbana queden desligadas de los planeamientos urbanísticos que son "muy rígidos" y "en muchos casos es la principal traba burocrática" para acometerlas. Esto sería aplicable, por ejemplo, al desarrollo de actuaciones de regeneración en el barrio del Cabildo de Arriba de Santander.

En este sentido, prevé que se podrán aprobar planes especiales "en ausencia de planeamiento general" (PGOU) "siempre que se haya delimitado previamente un área de renovación y regeneración urbana".

Sí será obligatorio contar con un Plan Director de las actuaciones que deberá ser sometido a participación pública e incluir un diagnóstico detallado del grado de vulnerabilidad social del área en que se va a intervenir.

El anteproyecto presentado también plantea la creación, por primera vez, de un Registro de Viviendas Vacía; da dos años a la Administración para presentar un Plan Plurianual (5 años) de Rehabilitación y ampliación del parque de vivienda, o que las fianzas de los contratos de alquiler queden depositadas en el Gobierno de Cantabria y tengan que registrarse los contratos.

La posibilidad de expropiación del usufructo temporal de viviendas incursas en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria; la ampliación del derecho de tanteo a las transmisiones de edificios completos donde al menos hay una vivienda alquilada en el caso de que se vendan a un único comprador son otras de las novedades de esta norma.

Parque público de vivienda

El Gobierno de Cantabria tiene intención de duplicar el actual parque público de vivienda, que en los últimos meses ha crecido un 48% pero que todavía tiene reducidas dimensiones (386 viviendas).

Álvarez también ha ensalzado otras actuaciones de su departamento en este tiempo, como el haber impulsado la primera promoción de VPO de Cantabria destinada exclusivamente a jóvenes en Campuzano o el programa puesto en marcha para garantizar vivienda a personas y familias vulnerables facilitándoles una vivienda del parque público o, si no hay disponibilidad, una renta garantizada, entre otras.

Aunque la consejera ha reconocido que "no existen fórmulas mágicas, ni leyes que vayan a resolver de la noche a la mañana el problema de acceso a la vivienda, sí cree que esta norma "va a suponer avances significativos".

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