La Consejería de Obras Públicas de Cantabria alega no conocer presuntas irregularidades y se presta a “colaborar con la Justicia”

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria ha manifestado total desconocimiento de las presuntas irregularidades en su departamento que están siendo investigadas y de las que se ha tenido conocimiento público este miércoles a raíz del registro llevado a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria por petición de un Juzgado de Madrid, según ha adelantado la Cadena SER.

“No nos consta, no tenemos ni idea de lo que ha pasado, nos hemos puesto a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación”, ha asegurado el consejero José Luis Gochicoa (PRC). En una rueda de prensa celebrada horas después de que los agentes entraran en el edificio de la Consejería, Gochicoa ha explicado que los agentes han entrado en la quinta planta y han acordonado “dos o tres despachos” del Servicio Conservación y Mantenimiento de Carreteras.

Según ha dicho, al haber secreto de sumario, desconocen qué se está investigando: “Si hubiera cualquier tipo de irregularidad en algún contrato o comportamiento nos personaríamos como perjudicados”, ha remarcado el titular de Obras Públicas, quien ha querido dejar claro que no habían tenido “ningún tipo de conocimiento previo” sobre este proceso. “Nos hemos llevado un disgusto y estamos preocupados por lo que pueda pasar”, ha expresado.

Asimismo, ha relatado que a primera hora de este miércoles, un funcionario que trabaja en el servicio de mantenimiento de carreteras, “con una dilatada trayectoria en este ámbito con gobiernos de todos los colores”, ha llamado para comunicar que no podía acudir a su puesto de trabajo por motivos personales. No obstante, Gochicoa no ha querido dar más datos sobre de quién se trata al desconocer si está implicado o no en la presunta trama de irregularidades y por “protección de datos”. También ha indicado que el funcionario, que ha pedido la jornada por asuntos propios, no puede ser cuestionado para que no se interprete como una intromisión en la investigación judicial.

La Consejería de Obras Públicas no tenía conocimiento de que hubiera ninguna investigación en marcha, ni tampoco que se investigue a personas a título particular ni a empresas que y trabajen con su departamento. A primera hora de la tarde de este miércoles, la comisión judicial que iba a inspeccionar los “dos o tres” despachos precintados por agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria no habían llegado. No hay conocimiento de que se investigue en otras dependencias de la Consejería.

Gochicoa pidió, en el caso de que haya cualquier tipo de responsabilidad, y máxime si se trata de un empleado público, “que la Justicia caiga con todo su peso” sobre él.

Preguntado por los medios de comunicación, el consejero dijo estar centrado en el esclarecimiento de lo ocurrido y no en asumir una responsabilidad en términos de dimisión. Ello, ahora, “sería una irresponsabilidad si tenemos que saber lo que ha pasado y ser transparente. Yo ahora lo que tengo que hacer es trabajar al máximo para esclarecer los hechos”.

La mayor parte de las empresas con las que trabaja la Consejería en el mantenimiento de las carreteras son de Cantabria. En este departamento trabajan más de un centenar de personas y tiene un presupuesto anual que este año ronda los 16 millones de euros, una cantidad importante, según el consejero, que se justifica en las múltiples actividades que se desarrollan.