El debate ético de la eutanasia continúa en los centros religiosos y concertados: “La objeción de conciencia es un derecho individual, un hospital no puede negarse”

El debate ético de la eutanasia continúa a pesar de que la Ley está consolidada desde que se aprobó en el pasado mes de junio. Ahora, y ya lejos del enfrentamiento político, parece que el problema vendrá con los centros religiosos o concertados que fueron privatizados y a los que, por tanto, les tocará practicar la eutanasia si algún enfermo la solicita.

Por tanto, y por pertenecer a la red pública sanitaria, los hospitales religiosos tendrán que omitir la voluntad de objetar que ya manifestaron días antes de la puesta en vigor de la Ley, ya que esta no se contempla dentro de la norma: “La objeción de conciencia es un derecho individual al que tienen acceso los profesionales sanitarios. Un centro no va a poder negarse a la prestación para morir”, asevera el subdirector general de Ordenación, Farmacia e Inspección de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

No obstante, desde el Hospital Santa Clotilde, un centro religioso santanderino y con un concierto con la Sanidad Pública cántabra para atender a pacientes en cuidados paliativos, han asegurado a este periódico estar preparando “un protocolo de actuación” para abordar los posibles casos que puedan ir surgiendo en el centro.

Por su parte, desde Sanidad adelantan que “suponiendo” que no se encuentren profesionales en un centro por ser todos objetores, el sistema de salud autonómico “asegurará que la prestación se lleve a cabo”: “La Administración tiene que asegurar que el derecho de los profesionales y el derecho de los pacientes estén al mismo nivel, y a partir de ahí buscar el procedimiento para localizar a otro profesional responsable para que no haya demora. Tenemos que tenerlo organizado para que el paciente no se quede en tierra de nadie”, asegura. Sin embargo, y tal como apunta Mateo, “aún no se han dado esos supuestos”, por lo que “en el momento en el que se den tendríamos que ver cómo lo abordamos”.

Asimismo, y sobre la cuestión de la objeción, el subdirector y sanitario apunta a la importancia de que el profesional informe al paciente de que es objetor: “No tiene que expresar ni insinuar desaprobación sobre la decisión del paciente y sobre sus creencias, tiene que informarle y tiene que seguir atendiendo a su paciente. Lo que no va a hacer es participar en esos actos directos que están asociados a la ayuda de la prestación para morir”, sentencia.

Un proceso “garantista”

Y precisamente, la Comisión de Garantía y Evaluación será quien vele por cumplir con la legislación. Este órgano, formado en Cantabria por 11 profesionales independientes del ámbito jurídico y sanitario “y con deliberaciones reservadas” es quien se encarga de asegurar que el proceso se lleve a cabo de forma profesional.

Sin embargo, cuando un enfermo comience con la solicitud para recibir la eutanasia, el primer paso abarcará al médico “responsable”, que en muchos casos suele ser el de Atención Primaria, y ahí es donde se deliberará si existe el denominado “contexto eutanásico”. Después se realiza una segunda reunión y ya se pasará a depender del segundo profesional, que es el médico consultor, un sanitario especializado en las dolencias del paciente, y será quien tendrá que aportar su opinión antes de que el informe pase a la Comisión de Garantía, desde donde analizarán las peticiones y tomarán la decisión final.

Aunque, como explica Mateo, en caso de producirse diferencias de criterios entre los dos primeros médicos, el paciente podrá recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación. Además, si la propia Comisión pone impedimentos, el solicitante podrá recurrir a los tribunales. Igualmente, como reitera el subdirector, si tras los 40 días de media que dura el proceso, el enfermo decide retraerse de su petición, podrá hacerlo, así como decidir cuándo se le administrará la eutanasia: “Es un proceso garantista y muy deliberado”.