El Gobierno compromete 35,6 millones para ejecutar el Plan de Vivienda 2022-2025 en Cantabria

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha suscrito el convenio para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 en Cantabria, que garantiza más de 35,6 millones de euros para esta materia durante los próximos cuatro años.

De ese total, Mitma financiará 27,4 millones de euros, lo que supone casi el 77 por ciento del global, y la Comunidad Autónoma aportará los 8,2 millones de euros restantes, ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Al acto de firma, que se ha celebrado este martes en la sede del Ministerio en Madrid y ha estado presidido por la titular de Mitma, también han asistido el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la consejera de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego.

El convenio garantiza la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 mediante la acción coordinada de las dos administraciones. Para garantizar la continuidad entre planes estatales, las comunidades autónomas podrán convocar ayudas con cargo al Plan Estatal con efectos desde el 1 de enero de 2022.

El importe previsto que el Ministerio va a destinar a las comunidades y ciudades autónomas en programas de ayudas del Plan Estatal asciende a 1.443 millones de euros en sus cuatro años de vigencia.

El Plan Estatal 2022-2025 cuenta con cuatro tipos de programas que pretenden facilitar acceso a una vivienda digna, incrementar la oferta de viviendas en alquiler, erradicar la infravivienda y el chabolismo y mejorar la accesibilidad, y, finalmente, sufragar seguros de protección de las rentas del alquiler a los propietarios.

En total, este martes se han suscrito cuatro convenios para la ejecución de este plan en los que Mitma ha comprometido 197,7 millones de euros. Además de Cantabria, se han firmado con Islas Baleraes, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Anteriormente se han suscrito nueve convenios con las comunidades autónomas de Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana y las ciudades de Ceuta y Melilla.

En su intervención, la responsable de Mitma ha destacado el trabajo conjunto entre administraciones para ofrecer soluciones en el ámbito de la vivienda a la ciudadanía. En concreto, ha reivindicado la importancia del Plan Estatal por ser un instrumento que “atiende las urgencias de los sectores más frágiles y las necesidades de colectivos con grandes dificultades para acceder a viviendas dignas, adecuadas y asequibles”.

“Las personas y los hogares con menos recursos no son responsables de la insuficiencia de un parque de vivienda pública en alquiler del que deberían estar disfrutando”, ha remarcado Raquel Sánchez.

Tal y como ha defendido, la vivienda es una prioridad para el Ministerio. En este sentido, la ministra ha recordado que lo presupuestado para este año supera los 3.290 millones.

Asimismo, ha incidido en que a lo largo de los próximos cuatro años se va a destinar a vivienda en torno a 10.000 millones de euros con cuatro fines prioritarios: proteger a la población más vulnerable; ayudar a los que tiene más dificultades para acceder al mercado inmobiliario; la rehabilitación, tanto para mejorar la accesibilidad como la eficiencia energética; y la promoción de vivienda social.

También se ha referido al Bono Joven al Alquiler, unas ayudas con las que la ministra ha dicho esperar llegar a 70.000 personas menores de 35 años que sean titulares de contrato de alquiler y cuya renta anual sea inferior a 24.000 euros. Para financiarlo, se ha consignado 200 millones de euros para 2022 y otros 200 para 2023.

Además, ha hecho hincapié en el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible con el que se pretende incrementar el parque público en 100.000 viviendas.

Por último, ha mencionado el proyecto de ley de Vivienda, actualmente en trámite parlamentario, cuyo principal objetivo es fomentar y proteger el parque público de vivienda. Tal y como ha concluido, la vivienda debe ser un elemento central del Estado del Bienestar y no la gran preocupación de la ciudadanía.