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Promoción del 'cántabru' y Consejo sin jóvenes: La Ley de Juventud aprobada en junio no entrará en vigor hasta enero

Encuentro las Juventudes Regionalistas impulsoras de la Ley de Juventud aprobada por el Parlamento de Cantabria.

Olga Agüero

Santander —

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El Parlamento de Cantabria aprobó el pasado mes de junio una Ley de Juventud con cierto aire autóctono, por la promoción del 'cántabru' y los deportes vernáculos, pero que no entrará en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2026. No obstante, el Gobierno de Cantabria tiene estos seis meses de tránsito para presentar el primer Plan Integral de Juventud de Cantabria.

La norma abre la puerta a que los mejores estudiantes no paguen matrícula en la Universidad -las becas del Ministerio introducen además de aprobar un criterio de renta económica para concederla- y a que las promociones de vivienda pública reserven algunos pisos para jovenes, cuestiones que quedan pendientes de desarrollarse en un reglamento posterior.

Se trata de un texto concebido para las personas entre 14 y 30 años a quienes reconoce el derecho a ser consideradas un colectivo “con necesidades singulares” que precisan políticas específicas. Para ello, crea un nuevo Consejo Juvenil en el que no habrá voces jóvenes necesariamente, sino representantes del Gobierno e instituciones.

Según se explica en la exposición de motivos, Cantabria es una de las pocas comunidades que carecían de una Ley de Juventud cuatro décadas después de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Bajo la denominación oficial de Ley de Políticas de Juventud de Cantabria contiene 67 artículos. El documento que publicó el Boletín Oficial de Cantabria es una de las tres únicas leyes elaboradas esta legislatura junto con la de Simplificación Administrativa y la de Estadística, esta última de menor calado.

La norma, impulsada a propuesta del Grupo Parlamentario Regionalista, se sustancia en un recital de lugares comunes con objetivos genéricos que hablan de igualdad, de erradicar la violencia, integración, vida saludable, acceso a la cultura, al deporte, libre elección del ocio, intercambio y conocimiento de la Unión Europea, formación y empleo e incluso fomento del liderazgo.

A ello se añade otro apartado relativo a la salud mental y emocional, que habla de prevenir adicciones, soledad no deseada, suicidio, acoso escolar y digital, trastornos de la conducta alimentaria, infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados.

“Habla cotidiana” para referirse al 'cántabru'

En lo relativo al 'cantabru', la mención se hace en el capítulo 'Cultura e identidad regional'. En concreto, se alude a ello de forma menos explícita mediante esta fórmula: “habla cotidiana de los valles y comarcas de Cantabria”.

La ley dice que se promoverán los medios para que los jóvenes accedan a la cultura y, en particular, a la cultura de Cantabria y sus expresiones inmateriales “con especial referencia a las formas orales” que dan vida “a la idiosincrasia de cada comarca” en garantía de su salvaguarda, habilitando espacios y mecanismos de participación adecuados a ese objeto para las personas jóvenes.

También hay una referencia a medidas para fomentar que los jóvenes se queden en los pueblos y para ellos se propone la formación profesional en aspectos agroalimentarios, agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros.

Becas universitarias

La solicitud de que los estudios universitarios sean gratis para los alumnos con mejores notas, independientemente de su renta, como sucede ahora, ha despertado algunas controversias. Se trata de una propuesta que ha sido defendida por los regionalistas, impulsores de la ley, y ampliada por los socialistas, que pidieron que el primer año la universidad fuese gratis para todos los estudiantes. Un debate en el que intervino la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, precisando que “lo importante es que no haya gente que se quede fuera, que todas las personas que quieran estudiar puedan hacerlo”.

En todo caso, esta puerta que abre la ley tendrá que concretarse en el desarrollo de un futuro reglamento. Lo mismo que sucede con otro de los artículos que mejora las condiciones de acceso de los jóvenes a la vivienda “como grupo social prioritario”, para lo que establece la reserva de una parte del parque público de vivienda de Cantabria.

Un plan y un nuevo Consejo

La Ley se desarrollará a través de dos instrumentos: un plan que dependerá del Gobierno autonómico, aunque los ayuntamientos también podrán tener los suyos propios, y un nuevo Consejo de Políticas de Juventud de Cantabria, que estará por encima del actual Consejo de la Juventud, que seguirá existiendo.

Será un nuevo Consejo de Políticas de Juventud de Cantabria en el que no participa ninguna organización juvenil. Todos sus miembros estarán designados por el Gobierno: lo presidirá el presidente de Cantabria o un consejero, el vicepresidente será el consejero de Juventud y entre el resto de miembros están el jefe del Servicio de Juventud del Gobierno de Cantabria, el director general de Juventud y miembros de las secretarías generales de las Consejerías. También habrá un representante por cada grupo del Parlamento de Cantabria, otros de cada una de las universidades de Cantabria y otros dos designados por la Federación de Municipios de Cantabria.

La Ley atribuye funciones a este nuevo organismo como impulsar políticas de juventud, fomentar la coordinación interinstitucional en políticas de juventud, proponer directrices para el Plan Integral de Juventud de Cantabria e informar y evaluar dicho plan.

Respecto al ya existente Consejo de la Juventud, la nueva Ley precisa que en ningún caso podrá realizar actividades “que entren dentro de la esfera de actuación de la administración autonómica ni hacer manifesta competencia a las organizaciones juveniles existentes”.

Este órgano ya existe desde 1985, aunque lo constituyó formalmente una ley en 2019 con la misión de reivindicar los intereses y derechos de los jóvenes de Cantabria, fomentar el asociacionismo, promover la integración y el apoyo social y cultural de las minorías juveniles marginadas y fomentar las tradiciones cántabras. Se financia a través de los presupuestos generales de Cantabria. En el terreno práctico se traduce en que, por ejemplo, ponen a disposición de los jóvenes algunos recursos como ordenadores portátiles, proyectores, espacios de reunión o juegos de mesa.

Por su parte, el plan Integral de Juventud será plurianual y sumará propuestas del Gobierno, ayuntamientos y consejos de jóvenes y será la pieza fundamental para desarrollar la ley. Su elaboración recae en la Consejería con competencias de Juventud, en este caso corresponde a la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. El plan será “informado” por el nuevo Consejo de Políticas de Juventud de Cantabria, pero la decisión final será del Consejo de Gobierno de Cantabria encargado de aprobarlo que, además, tiene la obligación de informar de sus resultados en los tres primeros meses del año.

La Ley fomenta la movilidad, el intercambio y a la vez los programas para facilitar el retorno de personas jóvenes a la comunidad. Habrá además puntos de información joven en las Casas de Cantabria repartidas por el mundo. También, el Gobierno de Cantabria creará una Red de Instalaciones de Educación en el Tiempo Libre a la que estarán adscritos los albergues de la comunidad.

Capacitación profesional

La norma establece que se prestarán cinco servicios: información juvenil, formación de profesionales en materia de educación en el tiempo libre, actividades de educación en tiempo libre, Instalaciones juveniles de educación en tiempo libre y carnés de servicios a la juventud. Para ello se crean algunas estructuras, como un Centro Coordinador Regional de Información y Documentación Juvenil -dependiente del Gobierno de Cantabria- que a su vez se ocupará de las oficinas y puntos de Información Juvenil.

La Escuela Oficial de Tiempo libre se seguirá encargando de la formación y alque personal que trabaje o imparta cursos allí se les exigirá una titulación que deberán obtener a través de cursos. La Dirección General de Juventud será la encargada de expedir estos certificados formativos, así como las homologaciones y convalidaciones de las titulaciones expedidas por otras comunidades autónomas.

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