El acceso a la tierra, la barrera más importante que tienen los jóvenes agricultores para incorporarse al sector

El acceso a la tierra, un “hiperproblema” y “la barrera más importante para que los jóvenes agricultores se incorporen al sector agrario” son algunas de las afirmaciones que se pueden extraer del “Estudio sobre el Acceso a la Tierra. Documento final del Grupo Focal de Acceso a la Tierra”, que profundiza en el conocimiento de las oportunidades y las posibles soluciones prácticas que existen para facilitar el acceso a la tierra y la incorporación de jóvenes profesionales al sector.

Este estudio, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ahonda en la detección y origen de las barreras que encuentran los agricultores para acceder a la tierra, así como en la identificación de las oportunidades e iniciativas de éxito conocidas para, a partir de ahí, abordar posibles soluciones prácticas a una situación compleja. El documento es producto de los trabajos del Grupo Focal de Acceso a la Tierra, un equipo multidisciplinar, integrado por más de 30 expertos, que a lo largo de 2020 ha analizado la problemática del acceso a la tierra y sus efectos sobre el relevo generacional agrario.

En este estudio el acceso a la tierra se define como un “hiperproblema”, es decir, un problema muy complejo que requiere la implicación de todas las administraciones y la puesta en marcha de  mecanismos y que probablemente necesite un cambio profundo para avanzar y que para resolverse necesita un enfoques global, con la implicación de las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs), así como búsqueda de sinergias entre las actuaciones y compromisos entre los actores implicados.

Según este estudio, los principales obstáculos asociados al acceso a la tierra se identifican con: la baja movilidad, disponibilidad y asequibilidad de tierra, el alto precio de compra y alquiler, la desconfianza de los propietarios ante un comprador o arrendatario desconocido, el valor afectivo de las tierras, la tramitación onerosa y complicada, las implicaciones fiscales, el excesivo desembolso necesario en el comienzo de la actividad, la falta de conocimiento, la falta de asesoramiento sobre modelos de explotación, negocio u orientaciones productivas, el efecto de un sistema de ayudas PAC vinculado a la tierra y patrimonializado, así como la inestabilidad del precio del arrendamiento, entre otros. A todos ellos se añaden el desconocimiento de cuáles son las tierras disponibles y la insuficiente relación entre el que deja la actividad y el que busca instalarse.

El documento señala que el impulso a una política de acceso a la tierra requiere de una importante cooperación institucional y de una serie de herramientas tecnológicas, jurídicas, normativas y económicas, algunas de las cuales ya existen y necesitan actualizarse, pero también son necesarias nuevas herramientas. Para ello es fundamental la coordinación de todas las administraciones, Unión Europea, Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, administraciones locales, y también la colaboración y compromiso de la sociedad civil organizada, de las empresas y de los individuos.

Además, apunta que las medidas actuales de apoyo a los jóvenes agricultores aparentemente no están dando resultado y el estudio señala que debe mencionarse entre otros aspectos que el acceso a la tierra debe incluir la posibilidad de acceder a otros recursos, tales como la financiación, la tecnología, la formación, el asesoramiento y a los sistemas de apoyo necesarios  como vías de acceso, conectividad, cooperativas, cadenas de valor, tecnologías, integración social, entre otras.

Medidas en la PAC

Los expertos proponen valorar la inclusión en el Plan Estratégico Nacional de la PAC post 2020 de intervenciones que fomenten el cese anticipado de la actividad ligado a la instalación de un joven, de manera que se favorezca el traspaso de explotaciones hacia los jóvenes.

En este sentido, señala que podría contemplarse, en el ámbito de la cooperación en la sucesión de explotaciones, una ayuda entre un joven que se instala en una explotación y un agricultor que cesa o se jubila, pudiendo vincularse parte de la ayuda a las hectáreas traspasadas para incentivar la cesión de tierras. Podría también considerarse el apoyo las inversiones destinadas a la compra de tierras por jóvenes en la intervención de inversión, aunque no se solicite a la vez la ayuda a la primera instalación. Igualmente cabría estimar la aplicación de un tratamiento especial a las tierras en Red natura 2000 o parques naturales, probablemente con ayudas directas para garantizar la rentabilidad usando la posibilidad que ofrece la PAC para ayudas en Natura 2000, ya que poseen un tamaño reducido y presentan muchas limitaciones para su explotación.

Además se propone trabajar en la elaboración de un Plan de Fomento del Relevo Generacional y Acceso a la Tierra que contenga de manera coordinada una lista compartida de medidas desde todas las administraciones para mejorar el relevo generacional y el acceso a la tierra, definiendo de manera consensuada el orden temporal en el que deberían producirse las acciones e identificando los recursos necesarios y de quién sería la responsabilidad de diseñarlas, dotarlas presupuestariamente e implementarlas.

Se sugiere potenciar la figura de los “eco-esquemas”. Las explotaciones dirigidas por jóvenes serán probablemente más proclives a acogerse a las prácticas en favor del medio ambiente y clima de los ecoesquemas, de manera que podrían ser actores emblemáticos con el compromiso de realizar prácticas de gran valor ecológico para mitigar los efectos del cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2, con el uso de fuentes alternativas de energía, la apuesta por la diversidad, el uso responsable del agua, la custodia del territorio, el desarrollo paisajístico, etc.

Nuevos modelos y simplificación

Es importante señalar que la mayoría de los traspasos de tierras actualmente se producen en el ámbito familiar. Para que la política de acceso a la tierra sea verdaderamente eficiente se deben definir nuevos modelos de relevo generacional extra-familiar y también mejorar los familiares. Desde el ámbito normativo, se debe contemplar la diversidad de nuevos actores y ajustar las figuras jurídicas para que sean viables, esto es, rentables económicamente, posibles socialmente y respetuosas ambientalmente.

El documento recomienda  simplificar los procedimientos administrativos que se determinen para ello será obligado realizar un importante esfuerzo de cooperación interinstitucional, modificar las relaciones entre administración y administrados y un importante proceso de digitalización.

Además, para asegurar una adecuada adaptación a las características de los diferentes territorios, es fundamental que las Comunidades Autónomas también se doten de leyes, desarrollen y creen los instrumentos técnico-jurídicos necesarios para su plena implementación, asegurando una evaluación del grado de consecución de los objetivos, tanto de las políticas agrarias como de las territoriales, ambientales y del paisaje, así como del relevo generacional y el acceso a la tierra.

Conectar la oferta y la demanda

Finalmente, para dinamizar el mercado de la tierra y el relevo generacional y para hacer frente a la falta de información y de interconexión entre la demanda y la oferta, se considera especialmente interesante la creación de una plataforma digital nacional que maneje datos en abierto y sea actualizable de manera continua.

Entre sus funciones, esta herramienta permitiría acompañar a los agricultores y silvicultores en la búsqueda de tierras, hacer estimaciones de las previsiones de transferencia de tierra, mejorar la asequibilidad de las tierras, analizar el mercado de la misma, compartir las mejores prácticas de acceso a la tierra, mejorar la ejecución de programas de las distintas instancias públicas de ayuda a los agricultores y silvicultores para acceder a tierras y a otros recursos, gestionarlas y proveer de servicios para la mejora de la viabilidad, competitividad y rentabilidad de las explotaciones. Así mismo, se constituiría como un instrumento de comunicación, tecnológico, jurídico, normativo y económico basado en la mejor información disponible.