García Carrión y Pistachos de la Mancha, entre las empresas sancionadas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

Varias empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha así como cadenas de supermercados de implantación nacional han sido multadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria.

Por primera vez, el Ministerio ha hecho pública la lista de sanciones firmes a empresas por incumplimientos graves y muy graves de la Ley de la Cadena Alimentaria. En total, aparecen 69 empresas, donde los principales elementos de sanción son el incumplimiento de los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos.

Entre las empresas de la región multadas figura Ganados Ovi-Mancha y Ovinos Manchegos, ambos con 1.800 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios. Por el mismo motivo pero con una multa de 3.000 euros se multa a Ganados Industrias Cárnicas de Castilla-La Mancha.

También, el grupo vitivinícola J. García Carrión ha sido multado con 9.147,81 euros por incumplir los plazos de pago, mientras que Pistachos de la Mancha ha recibido dos sanciones, una de 10.449,24 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y otra de 3.001 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios,

En esta lista están también Pistachos del Sol por incumplimiento de los plazos de pago con multa de 1.800 euros y Hermanos Pintor por la misma infracción y la misma cantidad.

Por lo que se refiere a cadenas de supermercados, se ha multado a los Centros Comerciales Carrefour con 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago, una sanción de la misma cuantía y por la misma razón ha sido la que ha recibido Distribuciones Froiz, mientras que Dia Retail España ha recibido dos sanciones por incumplir en los plazos de pago de 3.001 euros y de 3.899,12 euros.

Satisfacción en las organizaciones agrarias

Las organizaciones agrarias, que llevan meses reivindicando que se haga pública la lista de los sancionados por incumplimientos a la Ley de la Cadena Alimentaria, han mostrado su satisfacción.

UPA calificado de un “hito” la publicación de este listado. “Es una reivindicación por la que llevamos más de una década luchando, desde antes de la aprobación, en 2013, de la Ley de la Cadena”, aseguran desde la organización. Los agricultores y ganaderos consideran que la publicidad de las sanciones es un elemento fundamental para que la Ley funcione.

“Los consumidores y la sociedad deben conocer, con nombre y apellidos, quién está haciendo malas prácticas comerciales que perjudican a los agricultores y ganaderos”, señala UPA.

“La industria y la distribución saben ahora que cometer abusos tiene sanción y además ahora también supondrá un coste en la reputación de esas empresas y personas”. Además son sanciones con penas mayores en caso de reincidencia, por lo que desde UPA esperan que las prácticas comerciales “vayan desapareciendo”.

Para UPA, estas multas ponen de relieve la dificultad que tienen los agricultores y ganaderos a la hora de negociar el precio de lo que producen. En ese sentido, reclaman a la Administración más información y transparencia de la cadena alimentaria. “Sólo sabiendo el coste de producción medio de los distintos eslabones, seremos capaces de detectar si se está produciendo un abuso por alguna de las partes”, concluyen.

También a Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado su satisfacción.“ Las sanciones evidencian que sin Ley de Cadena Alimentaria volveríamos a la ley de la selva porque la cadena no se regula con buenas voluntades y la publicación de las mismas es un paso adelante en la aplicación de la ley, que confiamos en que redunde en la mejora de las relaciones en la cadena y en la protección del sector primario frente a los abusos que practican nuestros compradores”, ha declarado Andoni García, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.

COAG considera además que hacer públicas las sanciones firmes es un elemento clave para que las personas puedan tomar decisiones informadas en sus compras. “Con esta medida, cuando alguien vaya a adquirir un producto puede valorar, con una información pública concreta y clara, qué operadores están llevando a cabo prácticas abusivas en perjuicio de otros agentes de la cadena de valor, dilatando los plazos de pago, evitando tener relaciones transparentes y justas con sus proveedores y, en definitiva, dañando la rentabilidad y sostenibilidad de los escalones más débiles de la cadena”, ha señalado Andoni García, responsable de Mercados Agrarios de COAG.