La PAC afronta un año incierto que ve alejarse la posibilidad de la reforma antes de las próximas elecciones europeas

Si el año 2018 empezaba en el sector agrícola y ganadero con la vista puesta en cerrar la reforma de la PAC, termina con el consenso tácito de los implicados de que será imposible cerrar esta reforma antes de las próximas elecciones europeas de mayo y tendrá que retrasarse.

Así lo han manifestado en los últimos meses prácticamente todos los agentes. Empezó apuntándolo el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, el pasado mes de septiembre y se han ido sumando todos los implicados y el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, que a finales del pasado mes de octubre señalaba que reforma de la PAC “no entrará en vigor en la fecha prevista, por lo que no hay prisa en la negociación”.

Esta posibilidad se hace aún más cierta con el relevo en la Presidencia del Consejo del Consejo Europeo que al finalizar el año ha pasado de Austria, Estado con el que habían logrado avances importantes, a Rumania, lo que ha llevado a que la posibilidad de aprobarlo antes de final de 2019.

De hecho, parece que los responsables de los Estados miembros han abandonado el objetivo de tomar una decisión sobre el presupuesto antes de las elecciones europeas de mayo de 2019 y se marcan como objetivo hacerlo antes de otoño del 2019.

En relación a los plazos, también el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha Francisco Martínez Arroyo, señalaba que veía “difícil que la reforma se apruebe antes de las elecciones al Parlamento Europeo de este próximo mes de mayo”, por lo que “parece razonable” que el acuerdo político sea posterior, teniendo en cuenta que depende del acuerdo presupuestario, y para ello es necesario cerrar las negociaciones con el Reino Unido para su salida de la Unión Europea. Se trata, proseguía, de cuestiones “encadenadas” que pueden contribuir a la que la reforma de la PAC “se retrase”.

No obstante, a lo largo de todo el año que ha terminado, los sectores se han afanado en cerrar documentos de consenso para defender la postura como comunidad autónoma y como país en la negociación de esta reforma.

Posición de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha fue la primera autonomía en presentar el documento de posición sobre la reforma de la PAC, lo hizo el pasado mes de febrero tras haberlo debatido con los agentes agrarios y medioambientales.  En este documento, la región fija los principios que deben definir el modelo de agricultura y respalda la necesidad de un presupuesto fuerte.

El consejero Martínez Arroyo resumía las principales líneas de la Comunidad: “El relevo generacional, para impulsar la incorporación de jóvenes al campo; que exista un pago redistributivo, para que todos los agricultores en sus primeras hectáreas tengan una misma ayuda por hectárea y para que completemos, de verdad, en nuestro país la convergencia de las ayudas, y que la ayuda media por hectárea sea igual en todo el país”.

Y, por supuesto, incidían en el presupuesto: “Es una política común que no debemos perder”, por lo que en primer lugar, “hay que blindar el presupuesto de la PAC”. Mantener el presupuesto mínimo en la futura PAC 2021 “porque es vital y cuesta muy poco a los europeos, a cada uno de nosotros en la Unión Europea, en un mercado de 500 millones de ciudadanos-consumidores, nos cuesta 116 euros al año, muy poco dinero comparado con lo que nos cuestan otras políticas”.

En este documento, el Gobierno regional y la mayoría de las organizaciones de sector respaldan el modelo que mantiene las ayudas directas a los agricultores y pide que se fije un límite máximo de ayudas por explotación, “para que no se pierdan agricultores pequeños por no alcanzar un mínimo nivel de ayudas; todo para mantener las 140.000 explotaciones de la región”.

También se incide en la prioridad por la ganadería extensiva y los cultivos sociales en las ayudas acopladas.

El documento aborda la necesidad de una una agricultura social que preste atención a las condiciones laborales de los trabajadores; la protección del medio ambiente y atención al cambio climático; la participación del agricultor y ganadero en la cadena alimentaria: y que se tenga en cuenta el papel del consumidor y contribuyente.

Propuesta de recortes

El pasado 1 junio, la Comisión Europea presentaba su propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027, una posición que confirmaba los augurios de recortes que ya se habían anunciado semanas atrás. El documento plantea una disminución de las ayudas agrarias para España de un 5%, algo a lo que se opone tanto el Gobierno español como el de Castilla-La Mancha.

En concreto, el recorte para las ayudas directas sería de un 3.5% y el de los programas de desarrollo rural de un 15,3%, algo que ha supuesto un rechazo para todos los sectores productivos integrado. Así lo defendía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Parlamento Europeo en Bruselas el pasado mes de noviembre, donde pedía que no se pierdan fondos y las negociaciones vayan encaminadas a que se blinde el presupuesto actual, algo que desde Castilla-La Mancha se va a defender “con uñas y dientes” para que se mantenga el “presupuesto suficiente”, que es el que hace posible que la región cuente con 120.000 agricultores y ganaderos y una industria agroalimentaria que ya supone el 15 por ciento del PIB de la región.

Sin embargo, y aunque en el aspecto del presupuesto tanto Castilla-La Mancha como en España defienden el mantenimiento al menos del presupuesto actual, en otros aspectos de la actual reforma están en sintonía.

Así, en la posición de España para la reforma de la PAC, que presentó el ministro el pasado mes de noviembre tras recabar las aportaciones de las Comunidades Autónomas y los demás sectores implicados, se señala que  comparte los objetivos generales recogidos en la propuesta de la Comisión Europea (CE), que comprenden los tres pilares de la sostenibilidad, con los que se persigue fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por el clima; contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

Estos propósitos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos comunes para toda la Unión Europea, entre los cuales España defiende introducir el enfoque de género en la PAC para contribuir a la efectiva igualdad, reforzando el papel de la mujer en el medio rural.

La propuesta de la CE sobre la PAC plantea un cambio de enfoque o de modelo de aplicación que España apoya, ya que refleja, por una parte, la diversidad de los sistemas y modelos de producción de cada Estado miembro y, por otra parte, permite diseñar de una forma más específica las intervenciones o medidas adaptándolas mejor a sus problemas concretos. Sin embargo, desde España se considera que deben preservarse elementos clave que permitan mantener el carácter común de la PAC y que eviten que el mercado único corra riesgos.

Así, en relación con el plan estratégico nacional, que es el nuevo instrumento propuesto por la Comisión para aplicar la PAC en cada país, España apuesta por un plan en el que jueguen un papel clave las comunidades autónomas, tanto en las medidas del primer pilar (ayudas directas) como en las del segundo pilar (desarrollo rural). De esta forma se apuesta por que el modelo de gobernanza incorpore a las autoridades de las comunidades autónomas responsables de la gestión, al tiempo que asegure la necesaria coordinación a nivel nacional.

En cuanto a la definición de la figura del agricultor genuino, España considera que los pagos directos de la PAC deben dirigirse hacia aquéllos que realizan una actividad agraria real. Para ello, se defiende la posibilidad de definirlo en base a criterios que tengan en cuenta la renta agraria, en base a parámetros que permitan reflejar la actividad agraria del agricultor, teniendo en cuenta además la situación particular de los agricultores pluriactivos.

También se apoya el mantenimiento de los avances conseguidos en el “Reglamento Omnibus”, una “Mini-reforma” de la PAC de 2017, con la que se introdujeron modificaciones como la definición de pastos permanentes, en la que por primera vez se contemplaban los pastos arbolados y arbustivos propios de climas mediterráneos y de agrosistemas como la dehesa. Entonces también se aclaraban aspectos relacionados con la capacidad de las organizaciones de productores, para poder adoptar decisiones exceptuándolas de la aplicación de las normas de competencia.

Mantenimiento de los pagos directos

España y Castilla-La Mancha apuestan firmemente por los pagos directos, ya que continúan teniendo un papel decisivo para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y como herramienta universal de estabilización de los ingresos de los agricultores. También se defiende el pago complementario a los jóvenes en el primer pilar (pagos directos), y que se pueda dedicar al menos el 2% del presupuesto de los pagos directos a intervenciones que tengan como finalidad atraer a jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial

En consonancia también con las propuestas de la región, la propuesta española apuesta por un incremento de la ambición medioambiental en consonancia con los compromisos adquiridos como europeos en el Acuerdo de París por el Clima y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 En cuanto a las ayudas asociadas a la producción, que se conceden para sectores con dificultades, desde España se defiende su mantenimiento. También ha solicitado que se amplíe la lista de sectores que pueden solicitar tales ayudas vinculadas, de manera que se pueda considerar no solo al sector productor de aceite de oliva, sino también al sector productor de aceituna de mesa que, hasta ahora, estaba fuera de la lista.

Por otra parte, considera necesario mantener los programas de apoyo sectoriales al vino, las frutas y hortalizas, el sector apícola así como los programas escolares. Asimismo, España apoya la ampliación del ámbito de aplicación de los programas de intervención sectoriales a otros sectores más allá de los que hasta hoy tienen prevista esta posibilidad.

La propuesta española también está en sintonía con la necesidad de simplificar la PAC para los Estados miembros y, sobre todo, para los agricultores, y para que los ciudadanos en general perciban con claridad su valor añadido.

Plan Estratégico para el periodo transitorio

Surge ahora la duda de qué hacer desde que termine la actual PAC hasta que se apruebe la reforma. Teniendo en cuenta que su aplicación del nuevo marco podría retrasarse hasta el 2022 o incluso el 2023, España, junto con otros Estados miembros, ha solicitado a la Comisión que adopte las medidas transitorias necesarias para que la PAC actual opere con normalidad hasta que entre en vigor plenamente la nueva y los pagos directos y el resto de medidas de la PAC actual no se retrasen ni se interrumpan.

En este mismo sentido, se manifestaba la pasada semana en Toledo Ioannis Virvilis, adjunto de prensa de la Representación de la Comisión Europea, que aseguraba que si hubiera retraso seguirían en vigor las normas actuales de la PAC.

Reforma de la PAC y el Vino

El sector del vino, en el que Castilla-La Mancha es líder, es la gran preocupación para Castilla-La Mancha y cómo quedará con la actual reforma.

En este sentido la región cuenta en estos momentos con Ángel Villafranca, que además de ser el presidente de Cooperativas Agrarias de España y de Castilla-La Mancha, es también el actual presidente de Grupo de Dialogo Civil de Vino de la Comisión Europea. Para Villafranca la apuesta de la región es “mantener la especificidad del viñedo, que no se confunda y que sigamos teniendo un programa específico”.

Villafranca ya ha manifestado la oposición del sector al recorte propuesto del 3,9% del presupuesto del programa de apoyo para el vino. “El programa de apoyo viene del primer pilar, de pago directo, y ya hicimos un sacrificio como sector del vino de España donde ya cedimos 140 millones de euros al pago único que hoy se ha difuminado entre todos los pagos únicos de España. Entendemos que el sector del vino no tiene que perder esa parte”, ha dicho.

En el mismo sentido se manifestaba el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, tras la reelección del presidente regional, Emiliano García-Page, como presidente de la Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas (AREV), señalando que “el mayor reto” es trabajar para que en las negociaciones de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027 se “refleje bien el papel del vino”.

Además, Martínez Arroyo destacaba que, unido a que el papel del vino quede perfectamente reflejado en la nueva PAC, hay que “cuidar” otras cuestiones de importancia para el sector que “para nosotros son fundamentales”, como son el etiquetado de los productos que finalmente llegan a los consumidores.