APAM: El Gobierno regional “boicotea” la búsqueda de soluciones a la electrocución de aves

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha ha denunciado el “boicoteo” del Gobierno regional al trabajo de sus agentes medioambientales, ya que no se ha nombrado a “ningún agente” para participar en el Grupo de trabajo creado a petición de la Fiscalía para buscar una solución a la electrocución de aves. Este grupo se reunió los pasados días 1 y 2 de junio y no acudió ningún representante de Castilla-La Mancha.

“No fue por falta de voluntarios que, desinteresadamente, se ofrecieron para este cometido”, asegura el colectivo profesional que tacha de “inexplicable” la actitud del Gobierno regional. Apuntan directamente al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, de “boicotear” la posibilidad de poner medidas contra este problema lo que “compromete gravemente” la conservación de especies amenazadas en todo el territorio nacional.

“Esta actitud no hace justicia al trabajo que desde hace años vienen realizando sus funcionarios. No importa que Castilla-La Mancha haya sido pionera en la lucha contra este problema existiendo numerosos expedientes sancionadores y habiéndose logrado el aislamiento y modificación de gran cantidad tendidos eléctricos tras el arduo e incesante trabajo del Cuerpo de Agentes Medioambientales, cuestión que, además, comporta una enorme experiencia acumulada de gran valor de cara al intercambio de información con el resto de comunidades”, lamentan.

El grupo de trabajo se ha creado a iniciativa de la Fiscalía Coordinadora de Medioambiente y Urbanismo, para abordar esta problemática que existe en torno a las electrocuciones de aves en los tendidos eléctricos. Esta cuestión, recuerdan, se ha convertido en la primera causa de mortalidad para aves como el águila de Bonelli o el águila imperial ibérica, “emblemáticas” de España. “El problema no es nuevo ni de fácil solución”, aseguran.

Para ello, la Fiscalía se puso en contacto con cada una de las 17 comunidades para solicitar su colaboración, que consistía en nombrar a un funcionario perteneciente al cuerpo de Agentes Forestales o Medioambientales de cada una de las comunidades para servir de “enlace” con el fiscal. Dicho grupo de trabajo se constituyó recientemente en Zaragoza, tras “meses de trabajo”.

Los agentes han acusado a la Junta de “plegarse” a los intereses de las compañías eléctricas y de “perder toda su credibilidad” respecto a su compromiso con el medio ambiente. Por eso, exigen al Ejecutivo que “vuelva a la senda de la coherencia” y que “termine con la humillación” del colectivo o que permita al Cuerpo pertenecer a otra consejería donde se “aprecie, valore y aproveche su potencial”.

El Cuerpo ya ha manifestado su intención de pertenecer a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y argumentan que dentro de otro departamento regional se aprovechará “hasta el último céntimo” el dinero invertido en el servicio público que ofrecen. “No debemos estar donde no se nos quiere, donde se obstaculice sistemáticamente nuestro trabajo, carentes de medios y recursos y donde la humillación gratuita al trabajo que realizamos sea la tónica general”, afirman.