Convenio de la Junta con asociaciones de personas consumidoras para dar servicio telepresencial al medio rural

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha firmado un convenio de colaboración para la prestación de diferentes servicios en materia de consumo con la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de Castilla-La Mancha (FUCI); la Confederación de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios de Castilla- La Mancha (CAVE CLM); la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Castilla-La Mancha (FACUA CLM); y con la Confederación de Consumidores regional.

Según ha destacado el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, se trata de un documento participado que aglutina a todos los representantes del sector, “un motivo que nos hace estar muy satisfechos, dado que es un ejemplo muy significativo de los logros que está consiguiendo el Ejecutivo de Garcia-Page a la hora de recuperar el papel de las asociaciones de personas consumidoras que fueron denostadas durante el mandato del Partido Popular”.

El director general ha puesto en valor que, mediante el convenio recién firmado, se va a recuperar el ‘Teléfono del Consumidor’ (900 50 10 89), “un recurso gratuito donde plantear consultas y reclamaciones en materia de consumo que fue eliminado y que va a ser gestionado por las propias organizaciones de consumidores”.

Evitar desplazamientos innecesarios

Lara también ha anunciado que, en el marco de las medidas para hacer frente a la despoblación, “vamos a garantizar otro servicio fundamental, como es el acceso universal a los recursos públicos de información y protección de las personas consumidoras en el medio rural, a través de dispositivos de atención tele presencial, que eviten los desplazamientos innecesarios a quienes quieran hacer efectivos sus derechos al respecto”.

Por último, el convenio también recoge la colaboración entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y las asociaciones de consumidores en la realización de encuestas, estudios e investigaciones propuestas por el Observatorio de Consumo, así como en el análisis y seguimiento de la evolución de precios de venta al público de bienes, productos y servicios; o la participación en los mecanismos de restitución de cantidades indebidamente cobradas.