Cuenca ignora la sentencia que anula retribuciones a altos mandos policiales
El Ayuntamiento de Cuenca seguirá pagando, mientras la justicia no le comunique que es “ilegal”, el complemento de productividad que para altos mandos de la Policía Local aprobó en el año 2011 con Francisco Javier Pulido como alcalde. Unas retribuciones recogidas en un acuerdo que había sido declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC) en marzo de 2015, decisión que es firme tras no admitir el Tribunal Supremo -con fecha 3 de marzo de 2016- un recurso de casación contra dicha sentencia que presentaron varios policías afectados.
Así lo apuntó este martes el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno municipal, José Ángel Gómez Buendía. “No hemos recibido esa sentencia. No ha venido nada de forma legal. Si puede haber un problema, que nos lo comuniquen si puede ser legal o ilegal”, señaló.
Aunque la sentencia del pasado año, y que ya es firme, abogaba incluso por “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los miembros que conformaban la Junta de Gobierno en el momento de la adopción del acuerdo impugnado”, entre los que se encontraban el actual alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, y el concejal Carlos Navarro, Gómez Buendía considera que estos miembros del actual equipo de gobierno “pueden estar tranquilos”, pues a su entender lo que “se hizo” en 2011 fue “tras varios informes” y trataba de “dar solución” a “una problemática que venía de hace años, de 2004 o incluso antes”.
Sí admite, no obstante, que la sentencia puede generar “consecuencias graves” pero no para los que fueran miembros de aquella Junta de Gobierno, que podrían ser investigados por un posible delito de prevaricación, sino “para muchos trabajadores del Ayuntamiento”, pues “puede suponer una reducción muy considerable de lo que cobran”.
Al ser el exconcejal socialista Ramón Gómez Tornero, quien denunció aquel acuerdo de 2011, Gómez Buendía entiende que en la demanda hay una “connotación política”, y acusa al PSOE de “estar afectando a unos trabajadores del Ayuntamiento”. Critica, además, que cuando el PSOE gobernó en el Ayuntamiento, entre junio de 2011 y junio de 2015, “no tomara ninguna decisión”, cuando “si veo que algo se ha hecho mal, al entrar tengo que cambiar la tendencia, decir esto se acabó, pero se siguió pagando hasta 2015”. Sucede, sin embargo, que en los primeros años en los que gobernó el PSOE no había sentencia. Esta se conoció, como se ha apuntado, en marzo de 2015, y no ha sido firme hasta que el Supremo la ha ratificado con fecha 3 de marzo de 2016.
