La destilación de excedentes, golpe devastador para el sector vitivinícola
Julián Morcillo, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha anunciado una movilización del sector en contra de la medida que pretende destilar los excedentes del vino y utilizarlos para fines industriales o energéticos, sin ningún apoyo a las bodegas y cooperativas que tendrán que asumir los costes totales de esta medida. La movilización se realizará el 29 de julio a las 11 horas, frente a la Consejería de Agricultura en Toledo.Morcillo ha denunciado la falta de sensibilidad que ha tenido la Consejería de Agricultura, ya que no se han tenido en cuenta los efectos devastadores para los viticultores, parte importante e icónica del sector económico primario en la región. Un sector del que dependen más de 100.000 viticultores, 70.000 familias, 38.000 puestos de trabajo, y más de nueve millones de jornales, sector por el que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha hecho nada para frenar la decisión del Ministerio, abandonando así a su suerte a los viticultores de la región.
Por su parte, los bodegueros de la región han declarado que el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Agricultora es no sólo injusto, sino también discriminatorio, como ha manifestado el Director General de la Asociación Empresarial Vitivinícola de Castilla-La Mancha, al no ser rectable para los bodegueros y ser perjudicial para todo el sector. Así ha señalado que se crea una situación de pérdida y transformación, difícil de asimilar, para unas entidades que tendrán que pagar el precio de un problema que no han creado. La Asociación del Vinagre ha demostrado también su preocupación ante el acuerdo, porque el futuro del sector se volvería incierto.
La industria alcoholera ha reaccionado anunciando que la retirada del mercado de hasta 4 millones de hectolitros de vino podrían significar un incremento de precios de la materia prima y o, en el peor de los casos, paralizarían la caída de los mismos. Sin embargo, la destilación sería de desarrollo complejo, ya que coincidirá con la entrega de productos en las destilerías en la próxima vendimia, por lo que es importante saber los plazos de la norma, que todavía no se conocen. Sin embargo, han señalado que es un punto de inflexión, ya que significa que el sector está solucionando sus problemas dentro del mismo sector.
Para finalizar, el portavoz del PSOE en la Comisión de Agricultura en el Congreso, Alejandro Alonso ha cargado contra la norma, ya que podría suponer la ruina de miles de familias y no haría nada para arreglar la situación grave a la que se enfrenta el mercado. Por otro lado ha criticado al Gobierno regional que ha apoyado la medida, señalando que no se puede entender que la Administración apoye la liquidación de productos por debajo de los costes de producción. Así ha señalado que la Junta no puede engañar al sector, ni tampoco traicionar los intereses de los productores y todos los implicados.
Alonso ha asegurado también que el Gobierno nacional si puede ayudar con fondos económicos a los afectados, a través de un fondo para situaciones críticas, sobre todo en un hecho totalmente novedoso, que sacrifica sólo a un sector en una situación difícil.
