Emilio Silva: “Las subvenciones acaban convirtiendo las políticas de memoria en políticas caciquiles”

El presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, participó en la inauguración de las jornadas de la Primavera Republicana de Cuenca, que concluirá con una consulta sobre monarquía y república. Silva llegó a la región la misma semana en la que se constituye el Consejo Asesor de Memoria Democrática. La Asociación, fue la que se encargó de algunas de las primeras exhumaciones en la región, y donde más han intervenido ha sido en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara.

“Estamos identificando genéticamente las personas que buscábamos en Manzanares”, señala, un trabajo que se ha hecho de forma totalmente voluntaria. “Lo hemos hecho con nuestros propios recursos, porque exigimos que esto sea responsabilidad del Estado”, recuerda A lo que añade: “Es incomprensible para nosotros que las administraciones que hacen políticas de memoria, no ofrezcan una institución para atender a las familias”, recalca. ¿Si una familia de un desaparecido busca justicia o verdad en Castilla-La Mancha, dónde acude?“.

“No existe, porque no se cree en una institución autonómica, y porque el Estado no utiliza sus herramientas para garantizar los derechos de las familias. Es por eso que no hemos querido entrar en el modelo de las subvenciones. Siempre hemos sido muy críticos. Cuando el presidente de la Diputación prometió que en 2019 no quedaría ninguna fosa en la provincia sin abrir y finamente no se abrió ninguna. Es el uso de algo tan sensible como la desaparición forzada para un juego político”, recalca.

“Hay poca voluntad política y poca delicadeza con las familias de los represaliados”, lamenta. Es por eso, explica, que la asociación ha decidido llevar a cabo su trabajo con sus propios recursos y la ayuda de voluntarios. “No hemos pedido nada a ninguna institución e incluso se nos ha dificultado la labor”, recalca.

Consejo asesor

En cuanto al Consejo Asesor recién constituido, recalca que la asociación no ha sido invitada, a pesar de ser “con diferencia” la institución que “más fosas ha exhumado” en la región. “Hemos llevado actuaciones para ayudar a personas de Castilla-La Mancha, pero precisamente porque no aceptamos el modelo de las subvenciones, no somos bienvenidos en un Consejo como este en el que podríamos participar”, señala.

De todos modos, reflexiona, el Consejo debe servir para más que “para hacer una herramienta de nuevos proyectos”. “Lo que se necesita es una oficina para los familiares de los represaliados, crear una puerta de entrada. Es una de las cosas que vamos a presionar”, recalca. La Asociación prepara actualmente un documento con el que haremos una serie de propuestas de cómo creemos que se puede gestionar esta situación en una comunidad autónoma.

“Esto es lo que debería crear Castilla-La Mancha en este consejo, no seguir con el modelo de contactar con una asociación que presenta un proyecto y veremos si hay suerte, o no. Pero no. Hablamos de derechos humanos que no se pueden gestionar tirando dos dados a una mesa, a ver si el proyecto sale bien o mal”, recalca Silva.

De este modo, se refiere a la situación con los ayuntamientos. “Es vergonzoso. Si vivimos en un ayuntamiento que quiere ayudar bien, pero si el alcalde no quiere pedir, pues ya no tengo el mismo derecho. Y es un derecho fundamental, el de una sepultura digna y no puede quedar en manos de un carné político”, recalca. “No se puede someter la consideración de si alguien merece sepultura digna a un pleno. Es una aberración en materia de derechos humanos. No se puede discutir”, señala.

“Es algo gravísimo, pero es un modelo que interesa partidistamente. Las subvenciones acaban convirtiendo las políticas de memoria en política caciquiles”. Es por eso que la Asociación que preside prefiere funcionar también con voluntarios, porque sino “se compite entre los proyectos a ver quién consigue los recursos”. “Ojalá que con la nueva ley de memoria democrática se abra una oficina y esto no dependa de quien gobierne. Es una política de Estado y lo debe hacer el Estado”, recalca.